El presidente de la UDI respaldó el endurecimiento de la agenda contra el crimen organizado, pero pidió acotar los cambios a la Carta Fundamental y llevar a la legislación ordinaria las materias que no requieren rango constitucional
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldó la ofensiva de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, pero pidió acotar las modificaciones constitucionales contempladas dentro de la propuesta que prepara La Moneda. En declaraciones a CNN Radio, el diputado sostuvo que su partido comparte los objetivos de la agenda, aunque mantiene reparos sobre el mecanismo escogido para algunas de sus medidas.
Ramírez habló minutos antes de participar en el comité político ampliado en La Moneda, donde esperaba conocer los cambios realizados al borrador que circuló durante los últimos días. Su señal fue clara: la UDI quiere acompañar la agenda de seguridad, pero no abrir una discusión constitucional que termine incorporando en la Carta Fundamental materias que pueden resolverse mediante leyes.
“Nos gustaría que el tema constitucional fuera más bien acotado”, sostuvo el timonel gremialista, quien anticipó además que su partido espera avanzar rápidamente en buena parte de las iniciativas que forman parte de la ofensiva del Ejecutivo contra el crimen organizado.
“Yo creo que acá vamos a lograr aprobar, ojalá, en tres o cuatro meses, alrededor de 20 proyectos de ley. Esa es nuestra aspiración, la aspiración del Gobierno”, afirmó.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, presentada por Kast a comienzos de agosto, contempla más de 30 iniciativas y una reforma constitucional destinada a ampliar las herramientas disponibles frente a organizaciones criminales y terroristas.
El objetivo compartido, la vía en discusión
El punto de diferencia está en qué materias deben quedar dentro de la Constitución. Ramírez aseguró que la UDI no tiene reparos frente a cambios que necesariamente requieren ese rango, como la creación de un nuevo estado de excepción o una definición más precisa del deber del Estado en materia de seguridad pública.
“El objetivo está compartido. Aquí el tema es el camino. Lo que estamos diciendo es que esto se haga a través de la ley, lo que corresponda hacer a través de la ley; a través de decretos, lo que corresponda; y a través de la Constitución, lo que corresponda hacer a través de la Constitución”, explicó.
Las alertas del partido surgieron principalmente frente a disposiciones conocidas a través de borradores, entre ellas normas relacionadas con regímenes penitenciarios diferenciados y restricciones aplicables a condenados por crimen organizado o terrorismo. La propuesta ha generado reparos dentro del propio oficialismo antes de su ingreso formal al Congreso.
Ramírez comparte que quienes integran organizaciones criminales enfrenten condiciones más severas, pero discrepa de que esas reglas queden consagradas directamente en la Carta Fundamental: “Nosotros estamos de acuerdo con que haya distintos regímenes carcelarios y que tiene que ser mucho más severo para las personas que delinquen de manera más grave, sobre todo que pertenezcan a grupos de crimen organizado. Eso hay que hacerlo, pero creemos que hay que hacerlo en la ley”, señaló.
La advertencia institucional de la UDI
Para el timonel gremialista, llevar materias legales directamente a la Constitución podría sentar un precedente que futuras mayorías parlamentarias utilicen para evitar los controles establecidos por la propia institucionalidad.
“Si nosotros vamos a legislar en la Constitución para evitar el control del Tribunal Constitucional, a mí me parece que ese es un precedente peligroso, y nosotros no queremos que eso se produzca”, afirmó.
Ramírez recordó lo ocurrido con los retiros previsionales, que avanzaron mediante reformas constitucionales durante la pandemia, y utilizó ese episodio para explicar por qué considera necesario mantener separados ambos niveles normativos.
“Tenemos que saber separar muy bien cuáles reformas efectivamente corresponde que estén en la Constitución, y las vamos a apoyar, y cuáles hay que sacarlas de allí y ponerlas en la ley, de tal manera de cuidar nuestra institucionalidad”, sostuvo.
La advertencia ya había sido planteada públicamente por el presidente de la UDI durante el fin de semana, cuando señaló que su colectividad no podía respaldar en sus condiciones conocidas todas las reformas constitucionales incluidas en el borrador.
A la espera del texto definitivo
Pese a los reparos, Ramírez evitó instalar la diferencia como una ruptura con el Gobierno. Según explicó, desde La Moneda le habían adelantado que el documento conocido públicamente no correspondía a la versión definitiva y que durante los últimos días se habían realizado modificaciones.
“Me han dado a entender desde el Gobierno que el borrador famoso que se filtró era un borrador y que lo que se va a presentar no es exactamente eso”, afirmó.
El dirigente llegó así al comité político con la expectativa de conocer esos cambios y revisar hasta dónde La Moneda recogió las observaciones formuladas desde la UDI. Su partido mantiene el respaldo al endurecimiento de las penas y herramientas contra el crimen organizado, pero quiere que las modificaciones constitucionales queden limitadas a las materias que efectivamente requieren ese camino.
“Estoy tranquilo, porque mientras haya disposición a debatir, a escuchar y hacer los cambios que haya que hacer, esto va a terminar bien”, cerró Ramírez antes de la reunión en La Moneda.
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