La última Agenda Criteria mantiene la aprobación presidencial en 35%, mientras la desaprobación sube tres puntos. Seguridad encabeza las prioridades ciudadanas y aumenta la presión sobre un Gobierno cuya gestión en esta materia sigue bajo las expectativas
La seguridad vuelve a ordenar buena parte del escenario político. La última Agenda Criteria, correspondiente al 16 de agosto, muestra que la desaprobación del Presidente José Antonio Kast llegó a 55%, tres puntos más que la semana anterior, mientras su aprobación se mantuvo en 35%.
El movimiento amplía a 20 puntos la distancia entre quienes aprueban y desaprueban la conducción presidencial. La aprobación, además, completa tres semanas prácticamente inmóvil entre 34% y 35%, después de haber alcanzado registros cercanos a 40% durante junio.
La tendencia ya había comenzado a advertirse en la medición de Criteria de comienzos de agosto, cuando la desaprobación llegó también a 55%. Esta vez, sin embargo, el sondeo pone el foco directamente sobre seguridad y muestra cuánto pesa ese tema en las expectativas que hoy enfrenta La Moneda.
| Indicador | Resultado | Evolución o referencia |
|---|---|---|
| Desaprobación de Kast | 55% | Sube 3 puntos |
| Aprobación de Kast | 35% | Sin variación |
| Seguridad como primera prioridad | 28% | Principal urgencia |
| Gestión en seguridad peor de lo esperado | 54% | Era 46% en abril |
| Seguridad por sobre libertad | 73% | Era 68% en 2022 |
| Respaldo a medidas de seguridad | 75% a 94% | Cumplimiento esperado: 53% a 69% |
La señal es clara. Seguridad aparece como la primera prioridad para el 28% de los consultados, por encima de salud pública, con 16%; empleos y mejores sueldos, con 15%; y reactivación económica, con 12%. Más que irrumpir como una preocupación nueva, el tema se consolida como la urgencia desde la cual una parte importante de la ciudadanía comienza a mirar el desempeño gubernamental.
Seguridad se transforma en la vara del Gobierno
Es justamente allí donde aparecen las mayores dificultades. Cuando Criteria pregunta por lo realizado hasta ahora en seguridad y control de la delincuencia, 54% responde que el Gobierno lo ha hecho peor o mucho peor de lo que esperaba. Solo 19% considera que su desempeño ha sido mejor de lo previsto.
La evolución ayuda a dimensionar el problema. En abril, 46% evaluaba la gestión por debajo de sus expectativas. En mayo la cifra subió a 51%, en julio llegó a 53% y ahora marca 54%. En cuatro meses, por tanto, aumentó ocho puntos la proporción de personas que esperaba más de la respuesta gubernamental frente a la delincuencia.
Migración sigue una trayectoria parecida. Un 47% considera que el desempeño en orden y control migratorio ha sido peor de lo que esperaba, mientras 25% estima que ha sido mejor. La cifra vuelve a situar dos asuntos estrechamente asociados al debate público sobre control territorial entre las áreas donde existe mayor distancia entre expectativas y evaluación.
Pero ahí aparece uno de los matices más interesantes de la encuesta. Las críticas a la gestión no equivalen a un rechazo de las respuestas propuestas. Varias de las iniciativas incorporadas a la ofensiva de más de 30 proyectos de seguridad presentada por el Ejecutivo reciben respaldos ampliamente mayoritarios.
Las medidas convencen más que la capacidad para ejecutarlas
El apoyo llega a 94% para aumentar las penas por reclutar menores para cometer delitos y al mismo porcentaje para sancionar con penas agravadas la pertenencia a organizaciones criminales. El despliegue policial permanente en 50 barrios críticos alcanza 90%, mientras el régimen penitenciario especial para narcotraficantes obtiene 84%.
Incluso las propuestas con menor adhesión dentro del conjunto mantienen mayorías contundentes: reforzar las fronteras con zanjas, drones y monitoreo obtiene 82%, mientras la protección legal a policías y militares en casos de legítima defensa alcanza 75%.
La distancia aparece cuando Criteria cambia la pregunta. Ya no consulta si las personas están de acuerdo con las medidas, sino si creen que efectivamente podrán concretarse durante este Gobierno. Entonces la expectativa de cumplimiento baja a un rango de entre 53% y 69%.
El contraste es especialmente visible en el despliegue policial en 50 barrios críticos: tiene 90% de respaldo, pero solo 55% cree probable que llegue a materializarse. Algo similar ocurre con el régimen especial para narcotraficantes, que reúne 84% de adhesión y apenas 53% de expectativa de cumplimiento.
Es una brecha relevante para una agenda contra el crimen organizado que busca ampliar herramientas institucionales y policiales. Los ciudadanos muestran bastante claridad respecto de las medidas que están dispuestos a respaldar, pero bastante menos certeza sobre la capacidad del Estado para convertirlas en resultados.
Esa demanda por avanzar también aparece cuando se pregunta qué debería hacer primero el Gobierno. Un 61% prefiere que concentre sus esfuerzos en conseguir nuevas leyes y atribuciones para enfrentar la delincuencia, mientras 30% considera prioritario implementar plenamente las normas y herramientas que ya están vigentes.
La ciudadanía tampoco entrega una sola explicación sobre cómo se llegó a la situación actual. Un 35% atribuye principalmente los problemas de seguridad a la administración anterior, 32% cree que responden a una combinación de factores y 27% responsabiliza de manera principal al Gobierno actual.
La identificación política marca diferencias profundas. Entre quienes se ubican en la derecha, 62% apunta a problemas heredados. En la izquierda ocurre lo contrario: 50% atribuye la responsabilidad principal a las decisiones y acciones del actual Ejecutivo.
Seguridad gana terreno frente a libertad
Hay otro dato que ayuda a entender cuánto ha cambiado el clima ciudadano. Ante una pregunta que obliga a escoger entre seguridad y libertad, 73% se inclina por la seguridad y 27% por la libertad. En 2022 esa relación era de 68% frente a 32%.
La preferencia atraviesa prácticamente todo el espectro político, aunque con intensidades distintas. Alcanza 86% entre quienes se identifican con la derecha, 68% en el centro y 80% entre las personas sin identificación política. En la izquierda la división es casi exacta: 51% opta por seguridad y 49% por libertad.
El resultado requiere cautela. La pregunta obliga a elegir entre dos valores que normalmente conviven, por lo que no puede interpretarse como una disposición automática a aceptar cualquier restricción de derechos. Sí muestra cuánto terreno ha ganado la demanda por seguridad y hasta qué punto esa preocupación está modificando las prioridades ciudadanas.
La Agenda Criteria fue aplicada el 13 de agosto a 802 personas mayores de 18 años, residentes en todo Chile y pertenecientes a los niveles socioeconómicos ABCD. El estudio utiliza un panel online, con muestreo no probabilístico, y pondera sus resultados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico.
El problema que deja planteado la encuesta para La Moneda no parece estar, al menos por ahora, en convencer a los ciudadanos de que se necesitan respuestas más fuertes frente a la delincuencia. Las principales medidas ya cuentan con respaldo. La dificultad está en demostrar que pueden ejecutarse y producir resultados capaces de responder a las expectativas.
Con la desaprobación presidencial en 55% y la seguridad instalada como primera urgencia del país, esa distancia entre lo que la ciudadanía quiere que se haga y lo que cree que realmente podrá hacerse comienza a convertirse en una prueba política para el Gobierno.
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