La mitad de los encuestados cree que la Ley de Reconstrucción favorece a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos. Solo un tercio la vincula con la creación de empleo, mientras aumenta la percepción de efectos negativos
El relato económico del Gobierno descansa en una secuencia conocida: mejores condiciones para invertir, recuperación de la actividad y creación de empleo. El problema es que una parte creciente de la ciudadanía parece haber dejado de confiar en el último eslabón de esa promesa.
La nueva Agenda Criteria no pregunta directamente si la estrategia económica de José Antonio Kast es legítima. Sin embargo, sus resultados revelan una pérdida de credibilidad en la distribución de sus beneficios: el 50% cree que la Ley de Reconstrucción está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, mientras solo un 33% la relaciona con la creación de empleo para la población general.
La diferencia es políticamente relevante. La discusión ya no está concentrada únicamente en si el proyecto será capaz de reactivar la economía, sino en quiénes recibirán primero, o exclusivamente, los resultados de esa recuperación.
Los datos que tensionan el relato económico
| Indicador | Resultado | Variación o lectura |
|---|---|---|
| Aprobación de José Antonio Kast | 34% | Baja 2 puntos por segunda semana consecutiva |
| Desaprobación presidencial | 55% | Sube 1 punto |
| Efectos positivos de la Ley de Reconstrucción | 33% | Baja 3 puntos |
| Efectos negativos de la ley | 38% | Sube 1 punto y acumula cuatro alzas consecutivas |
| Favorece a empresas y mayores ingresos | 50% | Sube 1 punto y alcanza su mayor nivel desde abril |
| Favorece la creación de empleo general | 33% | Baja 2 puntos |
Fuente: Agenda Criteria, 2 de agosto de 2026.
La promesa de empleo pierde fuerza
La cifra más incómoda para La Moneda no es necesariamente la caída de dos puntos en la aprobación presidencial. Ese indicador puede recuperarse o volver a descender en las próximas semanas. El hallazgo más profundo está en la forma en que la ciudadanía interpreta la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.
La mitad de los consultados cree que la iniciativa beneficia prioritariamente a quienes ya concentran mayores recursos. En contraste, apenas uno de cada tres la identifica con la creación de empleos para la población general. Otro 17% no se siente representado por ninguna de las dos alternativas.
La trayectoria refuerza esa lectura. El 26 de abril, cuando Criteria inició esta serie, la percepción de que la ley favorecería a las grandes empresas y los sectores de mayores ingresos alcanzaba 51%. Después descendió hasta 45%, pero volvió a crecer durante las últimas mediciones y llegó nuevamente a 50%.
La expectativa de creación de trabajo no siguió el mismo camino. Alcanzó un máximo de 38% a comienzos de junio, pero terminó agosto en 33%. La brecha entre ambas interpretaciones llegó a 17 puntos, una de las mayores registradas por la encuesta.
El problema para el Gobierno no es solo que su explicación económica enfrente críticas. Es que la promesa de inversión, crecimiento y empleo comienza a ser reemplazada por una percepción de beneficios concentrados.
Las expectativas negativas superan a las positivas
La evaluación general de la iniciativa también muestra un deterioro. El 38% cree que la Ley de Reconstrucción tendrá consecuencias negativas para el país, frente al 33% que espera efectos positivos y un 29% que todavía no tiene una opinión clara.
Dos meses antes, el escenario era completamente distinto. El 7 de junio, el optimismo alcanzaba 45% y las expectativas negativas se encontraban en 29%. Desde entonces, la valoración positiva cayó doce puntos y la negativa aumentó nueve.
Las curvas terminaron cruzándose durante julio. En la medición del 19 de ese mes, las opiniones negativas llegaron a 36%, superando por primera vez al 35% favorable. La distancia continuó ampliándose hasta alcanzar los cinco puntos actuales.
Esto no permite anticipar los resultados económicos reales de la ley ni demuestra que la iniciativa vaya a fracasar. Sí muestra que el Gobierno está perdiendo la discusión antes de que los efectos prometidos puedan ser visibles.
Una política económica puede necesitar meses o años para mostrar resultados. La confianza ciudadana, en cambio, se construye y se deteriora mucho más rápido. Cuando la mayoría no logra verse reflejada entre los posibles beneficiarios, la espera se transforma en escepticismo.
Kast vuelve a acercarse a su piso
El debilitamiento del proyecto económico coincide con una nueva caída en la evaluación presidencial. La aprobación de José Antonio Kast bajó a 34%, dos puntos menos que la semana anterior, mientras la desaprobación aumentó a 55%. Otro 11% declaró no saber si aprueba o rechaza su conducción.
La encuesta no establece que la percepción sobre la Ley de Reconstrucción sea la causa directa del descenso presidencial. Ambos indicadores fueron medidos por separado y no existe una pregunta que permita construir esa relación causal.
Pero la coincidencia es políticamente significativa. Kast pierde respaldo al mismo tiempo que la propuesta económica observada por Criteria acumula una evaluación más negativa y es asociada crecientemente con los sectores de mayores ingresos.
La aprobación presidencial se encuentra además cerca del piso de 32% registrado el 12 de julio. Después de recuperarse hasta 37%, volvió a bajar durante dos semanas consecutivas: primero a 36% y ahora a 34%. La desaprobación, en cambio, regresó al 55%, el nivel más alto de la serie iniciada en marzo.
La Moneda enfrenta así una dificultad doble: necesita mejorar sus resultados y, al mismo tiempo, convencer de que esos resultados serán compartidos.
Quiroz concentra poder, pero no respaldo
La evaluación del gabinete entrega otra señal relevante. Jorge Quiroz, principal rostro de la conducción económica, es conocido por el 65% de los encuestados y aparece como el ministro más poderoso dentro del Gobierno, con un 39% de las menciones entre quienes declaran conocerlo.
Sin embargo, esa influencia no se traduce en una valoración favorable. Quiroz obtiene apenas 34% de opinión positiva, la cifra más baja entre los ministros que superan el 30% de conocimiento. Ximena Rincón y Natalia Ducó, las figuras más conocidas del gabinete, alcanzan un 36% cada una.
El contraste refuerza la lectura central de la encuesta: la ciudadanía identifica quién conduce y quién concentra poder, pero no necesariamente respalda la dirección representada por esas figuras.
En el extremo contrario aparecen Catalina Parot, con 57% de evaluación positiva; May Chomalí, con 55%; e Iván Poduje, con 54%. Pero esos mejores resultados se producen entre figuras con niveles de conocimiento considerablemente menores que los de Rincón, Ducó o Quiroz.
La relación entre visibilidad y aprobación plantea un desafío para el Ejecutivo. Quienes encarnan las decisiones más relevantes tienen mayor exposición, pero también cargan con el desgaste de políticas cuyos beneficios todavía no son reconocidos por una parte importante de la ciudadanía.
Poder sin cercanía
La distancia se vuelve todavía más evidente cuando Criteria pregunta por el contacto de los ministros con los problemas de la gente. Iván Poduje encabeza ese atributo con solo 28%. May Chomalí y María Jesús Wulf alcanzan 16%; Martín Arrau, 13%; y María Paz Arzola, 12%. Ninguna figura supera el tercio de las menciones.
Los porcentajes son mucho más bajos que los registrados en preparación para el cargo o poder dentro del Gobierno. May Chomalí, por ejemplo, es considerada bien preparada por el 50% de quienes la conocen, pero solo un 16% la percibe cercana a los problemas cotidianos.
La encuesta no permite concluir que el gabinete ignore las necesidades sociales. Pero sí evidencia que la conducción económica y política no está siendo percibida como suficientemente conectada con la experiencia diaria de la ciudadanía.
Ese déficit puede resultar decisivo cuando el Gobierno pide tiempo para que sus reformas produzcan resultados. La espera requiere confianza; y la confianza depende, en parte, de que las personas crean que las autoridades comprenden sus problemas y están diseñando respuestas para ellas.
Una disputa por quién recibe la recuperación
La discusión sobre la Ley de Reconstrucción dejó de ser únicamente técnica. Ya no se limita a tasas, incentivos, recaudación o mecanismos para promover inversiones. Se convirtió en una disputa sobre la distribución de los beneficios.
El Gobierno puede insistir en que una mayor actividad económica terminará generando nuevos empleos. La encuesta muestra, sin embargo, que esa secuencia no es aceptada automáticamente por una mayoría.
La ciudadanía parece creer que los beneficios llegarán primero a las empresas y a los sectores de mayores ingresos, sin tener certeza de que después se conviertan en trabajo, mejores remuneraciones o mayor seguridad económica para el resto de la población.
Criteria no mide directamente la legitimidad del relato económico. Ese concepto es una interpretación editorial construida sobre tres señales convergentes: cae la expectativa positiva sobre la ley, aumenta la percepción de beneficios concentrados y retrocede la aprobación del Presidente.
La advertencia para La Moneda es clara. No basta con que una reforma sea defendida como técnicamente correcta. También necesita ser comprendida como socialmente justa, territorialmente equilibrada y capaz de producir beneficios reconocibles.
El relato económico de Kast prometió conectar inversión, crecimiento y empleo. La nueva medición muestra que esa cadena comienza a romperse en la percepción ciudadana. El desafío ya no es solo reactivar la economía, sino demostrar quién gana realmente cuando esa recuperación comienza.
