La Cámara cuestionó que el SII cobre IVA a plataformas sin autorización legal mientras la Justicia ordena bloquear sus sitios. El organismo tributario responde que exigir impuestos no significa entregar permiso para operar en Chile
Las apuestas online volvieron a poner sobre la mesa una contradicción que el Estado todavía no logra resolver de manera integral. Mientras los tribunales han ordenado bloquear plataformas que operan sin autorización legal, el Servicio de Impuestos Internos exige que esas mismas empresas declaren y paguen IVA por las operaciones realizadas con usuarios chilenos.
La situación llegó a la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó por 133 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones el Acuerdo 23, impulsado por los diputados Eduardo Cretton y Marco Antonio Sulantay. El texto manifiesta al Ejecutivo su preocupación por la interpretación adoptada por el SII y advierte sobre la señal que recibe la ciudadanía frente a una actividad cuya regulación continúa pendiente.
La controversia se suma a una discusión que Chile arrastra desde hace años sobre las reglas que deben aplicarse a las plataformas de apuestas online, donde se cruzan tributación, legalidad, protección de usuarios y competencia con operadores expresamente autorizados.
El cobro de IVA abre la disputa
El origen inmediato del conflicto está en una resolución dictada el 2 de junio por el SII, que habilitó un sistema para que plataformas extranjeras sin domicilio en Chile puedan inscribirse, declarar y pagar IVA por servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y actividades similares prestadas de manera remota.
La instrucción también exige regularizar el impuesto correspondiente a los últimos 36 períodos tributarios. Para los diputados que promovieron el acuerdo, la decisión resulta difícil de conciliar con el hecho de que la legislación chilena restringe los juegos de azar a operadores expresamente autorizados.
El SII sostiene una posición distinta. Cobrar impuestos no equivale a entregar autorización para operar. Su competencia, ha explicado, se limita a exigir el cumplimiento tributario de actividades que efectivamente generan operaciones en Chile, mientras la autorización y fiscalización sectorial corresponde a otras instituciones.
La Justicia ha seguido otro camino
La tensión aumenta al mirar lo ocurrido en tribunales. La Corte Suprema ha ordenado a empresas de telecomunicaciones bloquear sitios de apuestas que funcionan sin autorización, reafirmando que los juegos de azar están reservados a entidades habilitadas por ley.
Así, dos respuestas estatales terminan cruzándose sobre las mismas plataformas: la Justicia busca impedir su operación y el sistema tributario intenta que las transacciones que igualmente realizan no queden fuera del pago de impuestos.
El problema tampoco se limita a una discusión jurídica. La expansión del juego digital ha levantado alertas por ludopatía, acceso de menores y ausencia de una política pública integral, especialmente por la facilidad con que estas plataformas ingresaron a teléfonos móviles, redes sociales y transmisiones deportivas.
Mientras el Congreso no cierre una regulación específica, la tensión seguirá abierta. El desafío ya no consiste solamente en decidir si estas plataformas deben pagar impuestos o ser bloqueadas, sino en conseguir que tributación, fiscalización, protección de usuarios y legalidad formen parte de una misma respuesta del Estado.
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