Por Norma Ramírez Galaz. Enfermera universitaria de la Universidad de O’Higgins (UOH)
La Comisión de Educación del Senado acaba de aprobar la posibilidad de copago en el proyecto de Sala Cuna Universal. Y, antes de entrar en los detalles técnicos, hay que decirlo sin eufemismos: es un retroceso. Volvemos al copago en educación, pero esta vez lo instalamos donde nunca había existido para las trabajadoras cubiertas por el sistema: la primera infancia. Donde más se necesita protección, ahí decidieron abrir la puerta al mercado.
¿Qué significa esto en la práctica? Que la diferencia entre el aporte del Fondo de Sala Cuna, financiado mediante recursos que dejarán de ingresar al Seguro de Cesantía, y el valor real del servicio podrá ser asumida directamente por la o el trabajador, de su bolsillo, mes a mes.
Esto implica al menos tres cosas. Primero, que trabajadoras que antes tenían cobertura del 100% podrían verse obligadas a copagar un servicio que hasta ahora era gratuito para ellas. Segundo, que, en términos porcentuales, serán las mujeres quienes paguen más, porque son ellas quienes utilizan la sala cuna con mayor frecuencia.
La reforma no es neutra en materia de género, castiga precisamente a quienes más la necesitan. Y tercero, que se abre una puerta peligrosa: si hoy el copago se justifica para sala cuna, mañana se normalizará para cualquier otro beneficio asociado a la crianza.
Hay que decirlo con todas sus letras: dejar de ser una obligación directa del empleador para pasar a ser un beneficio financiado mediante un fondo, con posibilidad de copago, no es un tecnicismo administrativo. Es el corazón del problema. Lo que era una cobertura íntegra puede quedar condicionado al monto del aporte y a que la familia tenga cómo sostener la diferencia. Ese cambio de estatus es exactamente el mecanismo por el cual el Estado y el mercado se lavan las manos y trasladan el costo del cuidado a quien menos margen tiene para asumirlo.
Porque de eso se trata, en el fondo: de una transferencia de valor desde el cuidado hacia el capital. Las mujeres que no puedan cubrir esa diferencia tendrán solo dos caminos, ambos conocidos y ambos injustos: recurrir a redes familiares, es decir, delegar el cuidado en abuelas, tías o hermanas mayores, generando más trabajo no remunerado dentro de la propia familia, o derechamente dejar de trabajar. Ninguna de las dos opciones es “libertad de elegir”. Son salidas forzadas que la política pública decidió no evitar.
Y aquí está la hipocresía que no podemos dejar pasar: los mismos sectores que se llenan la boca hablando de inserción laboral femenina, de cerrar brechas de género y de que Chile necesita más mujeres trabajando, son los que, en la práctica, siguen levantando trabas, una tras otra, para que esa inserción sea cada vez más cara y más difícil.
El discurso es de modernización. La práctica es de ajuste fiscal a costa de quienes cuidan. Y quien paga esa cuenta, como siempre, es la clase trabajadora y, dentro de ella, con más fuerza todavía, las mujeres, que se siguen empobreciendo mientras el relato oficial insiste en que vamos avanzando.
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