El diputado por Valparaíso sostiene que el fallo del Tribunal Constitucional golpea componentes centrales de la megarreforma, especialmente en materia ambiental, y advierte que todavía falta conocer la sentencia para dimensionar el alcance de la invariabilidad tributaria
El fallo del Tribunal Constitucional sobre la megarreforma volvió a trasladar la discusión desde el Congreso hacia sus efectos políticos y jurídicos. Para Jaime Bassa, diputado del Frente Amplio por el Distrito 7 de la Región de Valparaíso, la decisión representa un golpe sobre componentes centrales de una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno.
Su lectura apunta especialmente al diseño ambiental que había salido del Congreso. La eliminación de las indemnizaciones asociadas a Resoluciones de Calificación Ambiental anuladas, los cambios en las reglas sobre relocalización de concesiones acuícolas y el recorte de aspectos de la invariabilidad tributaria concentran sus cuestionamientos.
En declaraciones a La Voz de los que Sobran, Bassa calificó la resolución como un nuevo revés para La Moneda y la vinculó con lo ocurrido meses antes con Escuelas Protegidas. “Esta es la segunda vez que el Gobierno pierde una cuestión importante en el Tribunal Constitucional. Ya pasó con este proyecto de ley de Escuela Protegida y ahora vuelve el Gobierno a tener un duro revés en el Tribunal Constitucional, porque pierde el corazón de una mega reforma tributaria”, afirmó.
La expresión utilizada por el diputado constituye una interpretación política del alcance del fallo. La megarreforma no fue invalidada en su conjunto y el régimen de invariabilidad tributaria tampoco desapareció, aunque el Tribunal sí retiró disposiciones relevantes que habían marcado la controversia durante su tramitación.
El mayor golpe recae sobre las normas ambientales
Bassa pone especial énfasis en los artículos 12 y 13, que establecían un mecanismo de indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental obtenida por un inversionista fuera posteriormente anulada mediante una sentencia judicial firme. Ambos quedaron fuera del proyecto tras ser declarados inconstitucionales. La decisión constituye uno de los recortes más significativos dentro del largo recorrido legislativo y constitucional de la megarreforma.
“El Tribunal declara inconstitucional ese mecanismo de indemnización a todo evento que se había aprobado para que el Estado se hiciera cargo de todos los gastos que un inversionista hubiese tenido si, habiendo obtenido la resolución de calificación ambiental, después la pierde en un tribunal. O sea, el Estado asumía todo el riesgo”, sostuvo.
El diputado también aborda la denominada microrelocalización de concesiones de acuicultura, otra de las materias objetadas por el TC. Su reparo apunta a que determinados movimientos pudieran realizarse sin una nueva evaluación ambiental, especialmente cuando las instalaciones se encuentran próximas a áreas protegidas.
“Esa microrelocalización, sin pasar de nuevo por el sistema de evaluación ambiental, podía significar la apertura a un espacio de indeterminación, donde no sabemos cuál es el criterio de micro, si son un par de metros, un par de kilómetros, no sabemos cuál va a ser el impacto”, explicó.
Bassa añade otra dimensión a su cuestionamiento: la eventual afectación de territorios indígenas y la necesidad de consulta. Su argumento es que desplazar una concesión aparentemente a corta distancia puede modificar materialmente su relación con áreas ambientalmente sensibles o protegidas, por lo que la magnitud física del movimiento no necesariamente determina la magnitud de sus consecuencias.
La invariabilidad permanece bajo la lupa
El resultado es distinto en materia tributaria. El TC no eliminó completamente la invariabilidad, sino que declaró inconstitucionales componentes específicos del artículo 29. Entre ellos quedaron fuera expresiones relacionadas con el alcance del estatuto, la posibilidad de extender determinados plazos y disposiciones relativas a proyectos conexos. El resultado acota el mecanismo aprobado por el Congreso, pero no lo hace desaparecer.
Esa diferencia obliga a separar la dimensión jurídica de la evaluación política realizada por Bassa. Mientras el parlamentario sostiene que el Gobierno perdió el corazón de su reforma, la decisión conocida hasta ahora mantiene una parte importante del proyecto y del propio mecanismo de invariabilidad.
El diputado también introduce esa cautela al abordar este punto. “Lo más complejo es la invariabilidad, porque creo que todavía hay que esperar el tenor de la sentencia, porque ayer solo tuvimos la decisión”, señaló.
Los fundamentos serán decisivos para conocer con mayor precisión los criterios utilizados por el Tribunal y los efectos que tendrán las frases y numerales retirados del texto. Hasta ahora, el organismo mantiene identificados los requerimientos bajo los roles 17.828-26, 17.829-26 y 17.832-26, tramitados de manera acumulada.
Un segundo conflicto con el Tribunal Constitucional
La lectura de Bassa no se limita a la megarreforma. El diputado conecta el resultado con el fallo de junio sobre Escuelas Protegidas, cuando el TC declaró inconstitucionales distintas disposiciones del proyecto impulsado por el Ejecutivo, entre ellas normas relacionadas con revisión de estudiantes y otras materias incorporadas durante su tramitación. Ese primer revés constitucional sobre una iniciativa relevante del Gobierno constituye el antecedente sobre el cual construye su crítica actual.
Cinco meses después del inicio de la administración, Bassa observa una reiteración que considera políticamente significativa. La controversia, sin embargo, todavía tiene una etapa pendiente: conocer la sentencia completa y sus fundamentos.
Ahí estará una parte importante de la discusión que sigue. El fallo ya permite identificar las disposiciones que quedaron fuera, pero será el razonamiento del Tribunal el que permita establecer por qué fueron consideradas incompatibles con la Constitución y hasta dónde esos criterios pueden proyectarse sobre futuras iniciativas del Gobierno.
Para la megarreforma, el resultado deja una doble lectura. La iniciativa sobrevivió al examen constitucional y conserva parte sustantiva de su arquitectura, pero perdió normas que habían concentrado una intensa discusión ambiental y tributaria. Es precisamente sobre esa diferencia entre una reforma que permanece y disposiciones relevantes que desaparecen donde se instala la crítica política de Jaime Bassa.
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