El Gobierno ingresó al Senado su reforma constitucional con suma urgencia después de días de reparos dentro de Chile Vamos y el propio gabinete. La Moneda modificó la fórmula sobre beneficios sociales, pero mantuvo el nuevo estado de excepción y amplias facultades contra el crimen organizado
La reforma constitucional de seguridad ya inició su camino en el Congreso, pero no llegó en los mismos términos que habían circulado durante los días previos. El Gobierno ingresó este lunes la iniciativa al Senado con suma urgencia, después de una discusión que abrió diferencias dentro del propio oficialismo y obligó a La Moneda a revisar algunas de las disposiciones más cuestionadas.
Las objeciones alcanzaron a la UDI, Renovación Nacional y al propio gabinete. El presidente gremialista, Guillermo Ramírez, cuestionó que materias propias de una ley fueran incorporadas directamente a la Constitución; la presidenta de RN, Andrea Balladares, también manifestó reparos, mientras la ministra de Salud, May Chomali, advirtió sobre los efectos que podría tener una restricción general de prestaciones financiadas por el Estado.
Horas antes del ingreso, Ramírez había planteado que la UDI no quería abrir un debate constitucional amplio. El dirigente respaldó el endurecimiento de la respuesta frente al crimen organizado, pero marcó una línea: “Lo que se hace por ley tiene que hacerse por ley”.
La reunión del Comité Político Ampliado terminó bajando parte de la tensión. Después de conocer las modificaciones, Ramírez anticipó un “amplísimo apoyo” de la UDI y representantes de RN, Evópoli y Republicanos también respaldaron la propuesta. La reforma consiguió así ordenar al oficialismo antes de comenzar formalmente su recorrido legislativo, aunque las diferencias obligaron al Ejecutivo a precisar el alcance de varias normas.
El ajuste que descomprimió la disputa
Uno de los principales focos estuvo en las restricciones para personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico. El borrador conocido inicialmente planteaba impedirles durante un período prolongado el acceso a prestaciones financiadas con recursos estatales, una formulación suficientemente amplia como para abrir dudas sobre beneficios básicos, incluida la atención de salud.
La Moneda retiró esa exclusión general del texto constitucional, pero no abandonó completamente la idea. La versión definitiva mantiene una habilitación para que una futura ley establezca restricciones particulares a determinados beneficios sociales financiados con recursos públicos. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que se tratará de “inhabilidades particulares y no generales”.
El cambio respondió precisamente a uno de los reclamos internos: separar aquello que requiere una reforma constitucional de las materias que pueden discutirse mediante leyes. Esa diferencia había sido el centro de las advertencias formuladas por la UDI antes del comité político.
La reforma forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo anunciada por Kast, que reúne más de 30 iniciativas relacionadas con persecución criminal, fronteras, cárceles, facultades policiales y control territorial. La modificación constitucional es una de sus piezas más sensibles porque cambia directamente las herramientas extraordinarias disponibles para el Estado.
Un estado de excepción de hasta 120 días
Los ajustes no tocaron uno de los pilares de la propuesta. El proyecto crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podrá ser decretado cuando exista una amenaza grave e inminente o cuando la seguridad pública haya sido gravemente afectada.
Su duración inicial podrá alcanzar 120 días. El Presidente podrá prorrogarlo una vez por otro período equivalente y, si pretende extenderlo nuevamente, necesitará el acuerdo del Congreso. Las zonas intervenidas quedarán bajo la dependencia de un oficial general de Carabineros designado por el Ejecutivo.
Durante su vigencia podrán suspenderse o restringirse la libertad personal, la libertad de locomoción y el derecho de reunión. También se contempla limitar el derecho de asociación, interceptar o registrar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes. Una futura ley orgánica deberá establecer las facultades de las policías y las condiciones bajo las cuales podrán colaborar las Fuerzas Armadas.
El alcance de esa participación ya había aparecido entre los flancos abiertos de la nueva agenda de seguridad, particularmente por la necesidad de definir con precisión los límites de la intervención militar en tareas vinculadas a seguridad interior.
La reforma incorpora además un registro de organizaciones criminales y terroristas. El Presidente podrá proponer la incorporación de una agrupación previo informe de la Fiscalía Nacional o del Consejo de Seguridad Nacional, decisión que deberá ser ratificada por dos tercios de los senadores en ejercicio dentro de un plazo de cinco días. También se consideran regímenes penitenciarios diferenciados y mayores inhabilidades para condenados por crimen organizado.
La negociación recién comienza
El primer conflicto político de la reforma ocurrió, por lo tanto, antes de que comenzara su discusión parlamentaria. La Moneda tuvo que recoger observaciones, modificar el tratamiento de los beneficios sociales y explicar nuevamente el alcance constitucional de la propuesta para asegurar el respaldo de sus propios aliados.
Superada parcialmente esa etapa, el desafío se traslada al Senado. La reforma requiere cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio, equivalente a 29 votos en la Cámara Alta y 89 en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que el oficialismo necesitará construir acuerdos fuera de sus propias filas.
La discusión que comienza tendrá dos dimensiones difíciles de separar. Una será definir cuánto deben ampliarse las herramientas del Estado para enfrentar organizaciones criminales que han adquirido mayor capacidad territorial y operativa. La otra será resolver hasta dónde corresponde llevar esas herramientas a la Constitución y qué materias deben permanecer en el terreno de la ley.
El Gobierno consiguió que su coalición llegara más ordenada al inicio del trámite, pero lo hizo después de corregir una propuesta que generó resistencia antes siquiera de entrar al Congreso. Los ajustes cerraron por ahora la primera disputa. La negociación sobre los límites de la reforma recién empieza.
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