Por Esteban Valenzuela V. Periodista. Exministro de Agricultura
Proteger a las personas mayores que no pueden seguir pagando las contribuciones de su vivienda es una obligación razonable del Estado. Lo que resulta difícil de defender es que esa protección no distinga entre una jubilada que sobrevive con una pensión mínima y un propietario de altos ingresos que vive en una de las comunas más ricas del país. Cuando se borra esa diferencia, la política deja de ser socialmente progresiva y empieza a transformarse en un privilegio financiado por todos.
La exención aprobada para mayores de 65 años sobre su vivienda principal avanza precisamente en esa dirección. La edad reemplaza a la capacidad económica como criterio determinante y termina igualando situaciones que no tienen nada de iguales. No es lo mismo proteger a quien puede perder su casa porque no logra pagar las contribuciones que liberar del impuesto a quien dispone de ingresos y patrimonio suficientes para seguir haciéndolo.
Ahí comienza el primer vértice de este triángulo regresivo: una medida presentada como protección social termina beneficiando también a sectores que no necesitan subsidio alguno. Es una vieja fórmula de populismo tributario: entregar un beneficio amplio, celebrar políticamente la rebaja y dejar para después la pregunta incómoda sobre quién termina financiándola.
La respuesta conduce al segundo vértice. La pérdida de recaudación deberá ser compensada con recursos generales del Estado. La fórmula considera alrededor de $110 mil millones para reponer lo que dejará de ingresar al Fondo Común Municipal y otros $80 mil millones destinados directamente a las municipalidades. Es decir, el impuesto desaparece para determinados propietarios, pero la cuenta no desaparece: simplemente cambia de bolsillo.
El problema no está en compensar a los municipios por una decisión adoptada desde el nivel central. Eso corresponde. El problema está en reproducir con dinero de todos la misma desigualdad territorial que el sistema municipal intenta corregir mediante el Fondo Común Municipal.
Las cifras son suficientemente elocuentes. Las Condes recibiría alrededor de $13.062 millones, Lo Barnechea $8.209 millones y Vitacura $7.578 millones dentro de la compensación directa. Son comunas que cuentan con las bases tributarias más robustas del país y que, aun así, concentrarán una proporción significativa de recursos fiscales destinados a reemplazar una recaudación que el propio Estado decidió eliminar.
La pregunta es inevitable: ¿por qué los impuestos generales que pagan habitantes de todo Chile deben utilizarse para reconstruir exactamente la distribución territorial de un tributo que concentra su mayor recaudación donde también se concentra el patrimonio inmobiliario? El Fondo Común Municipal existe precisamente para corregir esa desigualdad, no para contemplarla desde lejos mientras seguimos financiándola.
Chile reconoció hace décadas que una comuna vulnerable no puede entregar peores servicios públicos solo porque sus viviendas valen menos, concentra menos empresas o recauda menos permisos. De ahí surge la lógica solidaria del Fondo Común Municipal. Por eso cuesta comprender que, frente a una intervención de esta magnitud sobre el impuesto territorial, el Estado haya optado por compensar buena parte de la pérdida siguiendo la misma geografía de la riqueza.
El tercer vértice resulta todavía más inquietante. Los municipios deberán cumplir determinadas condiciones administrativas para acceder a parte de esos recursos, entre ellas mantener información actualizada ante la Dirección de Presupuestos y reducir en al menos un 30% determinados tiempos de tramitación de permisos municipales.
Que nadie se confunda: exigir eficiencia a los municipios es indispensable. También lo es perseguir la corrupción, terminar con el despilfarro, profesionalizar las administraciones y exigir resultados. Pero la eficiencia no puede convertirse en el argumento para que el Gobierno central quite primero una fuente de ingresos y después establezca las condiciones bajo las cuales devolverá parte del dinero perdido. Eso no fortalece la autonomía municipal; la hace más dependiente.
La señal institucional es peligrosa porque abre una puerta que otros gobiernos pueden volver a utilizar. Hoy son las contribuciones. Mañana alguien podría descubrir que también resulta electoralmente atractivo rebajar los permisos de circulación de los automóviles más caros, reducir derechos de aseo o disminuir cobros asociados a publicidad. Cada decisión tendrá su buena excusa y su eslogan popular, mientras los municipios irán perdiendo lentamente las herramientas con las que financian sus responsabilidades.
Y esas responsabilidades no disminuyen. Por el contrario, cada año exigimos más a los gobiernos locales. Les pedimos patrullajes y prevención del delito, cuidados, reciclaje, gestión ambiental, mantención de áreas verdes, recuperación de espacios públicos, respuesta ante emergencias, ayuda social y soluciones inmediatas para problemas que muchas veces corresponden originalmente al Gobierno central.
Ese es el verdadero contrasentido: descentralizamos obligaciones mientras centralizamos las decisiones sobre los recursos. Le pedimos al alcalde que responda frente al vecino, pero dejamos que Santiago determine progresivamente con cuánto dinero podrá hacerlo.
Chile debe corregir las injusticias del impuesto territorial. Hay adultos mayores que enfrentan aumentos de contribuciones incompatibles con sus pensiones y familias que pueden terminar expulsadas de barrios donde han vivido durante décadas. Esa realidad exige una solución, pero una solución seria debe mirar ingresos, patrimonio y capacidad efectiva de pago. Proteger a quien lo necesita no obliga a regalar el mismo beneficio a quien perfectamente puede seguir contribuyendo.
También debemos preguntarnos qué idea de país estamos construyendo cuando una decisión tributaria nacional termina enviando millones de pesos adicionales a algunas de las comunas con mayor capacidad económica, mientras otras siguen dependiendo de un sistema municipal crónicamente insuficiente para responder a sus habitantes.
La discusión, entonces, no es entre estar a favor o en contra de los adultos mayores ni entre defender o eliminar las contribuciones. Es bastante más profunda: se trata de decidir si la política tributaria ayudará a corregir las desigualdades territoriales o seguirá financiándolas, y si queremos municipios autónomos o simples ejecutores locales de decisiones tomadas en Santiago.
La descentralización no se mide por la cantidad de discursos, autoridades electas o ceremonias regionales. Se mide por poder real, capacidad de decisión y recursos suficientes para ejercerlo. Si el Gobierno central puede reducir los ingresos municipales, decidir cómo compensarlos y después fijar las condiciones para que los municipios reciban esa compensación, la autonomía comienza a vaciarse de contenido.
Sin autonomía financiera no existe verdadera autonomía municipal. Existe descentralización administrativa, pero el poder sigue estando donde siempre: en Santiago
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