Entre enero y julio, VIGÍA priorizó 211 investigaciones de oficio, con 62 profesionales sancionados. La plataforma también permitió remitir al Ministerio Público antecedentes sobre 27 prestadores y 122 emisores por patrones atípicos
La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) comenzó a utilizar una plataforma que permite analizar grandes volúmenes de información para identificar patrones de emisión y orientar las investigaciones hacia profesionales y prestadores que presentan señales de riesgo.
La herramienta se denomina VIGÍA y utiliza ciencia de datos para detectar relaciones que pueden resultar difíciles de identificar mediante una revisión individual de cada licencia. Su función es priorizar casos para una fiscalización posterior, no determinar automáticamente la existencia de una irregularidad.
Los primeros resultados muestran el alcance de este cambio. Entre enero y julio de 2026, SUSESO inició 416 investigaciones contra profesionales emisores, de las cuales 211 fueron investigaciones de oficio priorizadas con información de VIGÍA. De estas, 62 terminaron en sanciones y multas por aproximadamente $257 millones, además de suspensiones temporales para emitir licencias por períodos de entre dos y seis meses, según antecedentes entregados por la autoridad a Diario Financiero.
Del número de licencias a los patrones de emisión
La principal diferencia respecto de una fiscalización basada únicamente en volumen está en la capacidad de relacionar distintas variables. VIGÍA puede identificar comportamientos que adquieren relevancia cuando son observados de manera conjunta, como diferencias sostenidas entre la cantidad de licencias emitidas, los horarios de emisión y la capacidad clínica razonablemente disponible de un profesional. También puede detectar coincidencias entre distintos emisores vinculados a una misma entidad prestadora.
La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, explicó que este tipo de análisis permite observar el conjunto de la información y no únicamente episodios aislados. Parte de los parámetros utilizados por la plataforma se mantiene bajo reserva para evitar que eventuales infractores conozcan las variables utilizadas y adapten sus conductas para eludir los controles.
El modelo se inserta en una estrategia que comenzó antes de la puesta en marcha de VIGÍA. Durante 2025, SUSESO ya había fortalecido sus mecanismos de detección temprana mediante variables asociadas a frecuencia de emisión, duración de los reposos, telemedicina, tasas de rechazo y antecedentes de sanciones.
En abril, la Subsecretaría de Previsión Social señaló que el objetivo era avanzar hacia una fiscalización preventiva y basada en evidencia, capaz de anticipar riesgos y focalizar los recursos disponibles. Durante 2025, las investigaciones a profesionales emisores aumentaron 75%, desde 616 hasta 1.079 casos.
Antecedentes de 122 emisores llegan a Fiscalía
La utilización de VIGÍA ya trascendió el ámbito administrativo. Durante julio, SUSESO remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con 27 entidades prestadoras de salud y 122 profesionales emisores, luego de detectar comportamientos considerados atípicos.
La derivación no significa que esas personas o instituciones hayan cometido un delito. Los patrones identificados fueron complementados con otros antecedentes antes de ser puestos a disposición de Fiscalía, que deberá determinar si existen hechos susceptibles de investigación penal.
Ese límite es central para entender el funcionamiento de la herramienta. Una alerta estadística no constituye por sí sola una prueba de fraude ni acredita que una licencia carezca de fundamento médico. La información permite focalizar una revisión, mientras las decisiones corresponden a los equipos fiscalizadores y, cuando existen eventuales delitos, al Ministerio Público y los tribunales.
Cabezón resumió ese principio señalando que “el modelo alerta; no condena”. La decisión final no queda entregada automáticamente a un algoritmo.
Una herramienta desarrollada antes de la crisis
Aunque VIGÍA comenzó a operar en medio del fuerte escrutinio público sobre las licencias médicas, el proyecto tecnológico es anterior a esa coyuntura.
En 2024, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile informó la firma de un convenio con SUSESO para desarrollar una plataforma destinada a identificar licencias sin fundamento médico. El proyecto contemplaba modelos basados en ciencia de datos y algoritmos para detectar oportunamente casos que requirieran fiscalización.
El proceso avanzó durante 2024 y 2025 hasta llegar este año a la transferencia tecnológica y puesta en marcha de VIGÍA en SUSESO. La subsecretaria Cabezón explicó recientemente que el nombre de la plataforma combina las ideas de “vigilar” e inteligencia artificial.
El origen previo a la actual controversia es relevante porque muestra que el Estado ya venía construyendo una infraestructura de análisis para enfrentar el abuso de licencias antes de que los casos detectados por Contraloría instalaran el tema con fuerza en la agenda pública.
Menos licencias, más capacidad de control
El despliegue de VIGÍA coincide con una reducción significativa en la emisión de licencias. Durante 2025 se otorgaron 7 millones de documentos, frente a 8,1 millones en 2024, una disminución de 12,9% que SUSESO vincula temporalmente con el reforzamiento de los mecanismos de control y fiscalización.
Para 2026, la Superintendencia proyecta entre 5,8 millones y 6,5 millones de licencias médicas, lo que implicaría una caída de entre 577 mil y 1,21 millones respecto del año anterior. SUSESO estima que la menor emisión podría representar una reducción del gasto en subsidios por incapacidad laboral de entre $258 mil millones y $548 mil millones.
El fortalecimiento del control también contempla cruces masivos de información. Durante 2025 y enero de este año, más de 94 mil trabajadores y 131 mil licencias fueron revisados, con un potencial de reintegro estimado en $59 mil millones por subsidios eventualmente percibidos de manera improcedente.
Estas medidas complementan otras herramientas de fiscalización, como los bloqueos preventivos de emisores con conductas sospechosas, restricciones para emitir desde el extranjero y controles sobre la autoemisión.
El cambio: fiscalizar antes de que aparezca el caso
El principal aporte de VIGÍA no está únicamente en procesar más información. Está en modificar el punto de partida de la fiscalización. El modelo tradicional dependía en mayor medida de que una denuncia, un volumen extraordinario de licencias u otro antecedente pusiera un caso bajo observación.
La analítica de datos permite invertir parcialmente esa secuencia: analizar patrones, identificar señales de riesgo y orientar posteriormente la revisión humana hacia los casos que requieren mayor atención.
Ese enfoque también abre nuevos desafíos. Una herramienta capaz de relacionar grandes cantidades de información puede mejorar la capacidad del Estado para detectar abusos, pero debe mantener la diferencia entre una anomalía estadística y una conducta irregular.
SUSESO proyecta ampliar las fuentes utilizadas por el sistema y profundizar el análisis de licencias asociadas a plataformas de atención remota, mientras ajusta sus modelos a nuevos patrones de emisión.
El cambio, por tanto, va más allá de incorporar inteligencia artificial a una fiscalización existente. VIGÍA busca que el Estado deje de esperar a que aparezca un caso para comenzar a buscar patrones que permitan detectarlo.
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