La coordinadora del Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes cuestiona la escala de los proyectos previstos, advierte sobre impactos territoriales, sociales y ambientales, y plantea que la región aún carece de límites claros para su desarrollo
Por Daisy Castillo Triviños
Magallanes concentra una de las principales apuestas de Chile para el desarrollo del hidrógeno y amoníaco verde. Las condiciones eólicas de la región han atraído proyectos de gran escala y abierto expectativas de inversión, empleo y transformación productiva, pero también una discusión sobre cuánto puede crecer esta nueva industria y qué capacidad tiene el territorio para absorberla.
La pregunta adquiere especial relevancia en comunas con baja población, donde la llegada simultánea de trabajadores, infraestructura energética, puertos, plantas desalinizadoras y parques eólicos podría modificar la demanda por vivienda, salud, servicios y conectividad.
Una mirada crítica sobre esa transformación plantea Gabriela Simonetti, coordinadora del Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes, organización que desde 2023 ha solicitado información sobre la capacidad de carga regional y los efectos acumulativos que podrían generar los distintos proyectos.
Simonetti no centra la discusión en impedir el desarrollo tecnológico ni la transición energética. Su cuestionamiento apunta a la escala, los límites y la forma en que se están tomando las decisiones sobre el territorio. A su juicio, antes de definir cuánto puede crecer la industria es necesario conocer sus impactos sociales, económicos y ambientales de manera integral.
“No estamos pensando en una escala humana”
¿Existe una “escala humana” en Magallanes para el hidrógeno?
Lamentablemente, lo que hemos visto hasta ahora es que no se está pensando así para la región. La industria del hidrógeno se está pensando y diseñando desde la estrategia y desde el plan de acción del hidrógeno para convertir a Magallanes en un polo de exportación.
¿Qué significa eso?
Que tendríamos más de 20 proyectos en carpeta que, de acuerdo con la información que ha transparentado Corfo, equivaldrían a una ocupación territorial de más de 70 veces el área urbana de Punta Arenas.
También habría un aumento de las personas en las distintas comunas. Por ejemplo, en San Gregorio, con solo dos proyectos que hoy están en evaluación, en una comuna que tiene 241 habitantes, pasarían a tener 14 mil trabajadores en la época peak. Entonces, hoy no estamos pensando en Magallanes en una escala humana para el hidrógeno.
Para contestar si puede haber una escala humana, tendríamos que poner sobre la mesa información sobre la capacidad de carga de la región, los riesgos y las implicancias que tiene la instalación de la industria. Esa información nosotros, con el Panel Ciudadano, la venimos solicitando formalmente desde 2023 y todavía no está puesta sobre la mesa.
Entonces, ¿la respuesta sobre si existe una escala humana la tiene que dar el Gobierno?
Así es. El Gobierno tiene que dar esa respuesta, porque está impulsando esta política sin hacerse cargo de poner sobre la mesa estos datos para que nos podamos preguntar: ¿Magallanes puede aportar, evolucionar en términos tecnológicos y de cambios de matriz energética, a partir de una escala humana respetuosa con los ecosistemas, con las personas y con las economías locales, y no pensando nuevamente en explotar el territorio para cumplir con intereses que son de descarbonización del Norte y de los países de alta renta?
¿Cuál sería el tamaño de industria que Magallanes sí podría absorber sin perder su identidad?
Esa es justamente la discusión que creemos que no se ha dado. No tenemos sobre la mesa los datos de cuáles son los riesgos y los impactos de tener una industria de la magnitud que se está pensando y, por lo tanto, hacer una evaluación en términos sociales, ambientales, económicos y de viabilidad que tendría esta industria para definir los límites.
Hoy no hay límites, el límite lo pone el mercado, a partir de cuándo decide estar o no estar. Así lo hemos visto con lo que se ha dado con los últimos proyectos.
¿Existe el riesgo de que Magallanes termine asumiendo los costos territoriales y ambientales de una industria cuyos principales beneficios de descarbonización se producen fuera de la región?
Es una lógica en la que se prioriza el desarrollo industrial por encima del bienestar local y de la protección de la naturaleza. Hay cosas muy sencillas por las que uno se puede guiar, como la justicia ambiental. Una de sus bases es pensar en la distribución equitativa de cargas y beneficios.
Si hoy miras cuáles son los objetivos de la industria del hidrógeno, los beneficios de la descarbonización están pensados para los países de alta renta, que tienen que cumplir con ciertas metas y, para hacerlo, no van a vender su propio territorio, sino que van a venir a ocupar el territorio que tiene Magallanes para industrializarlo y exportar hacia sus países el amoníaco. Eso no es una distribución equitativa de cargas y beneficios.
Magallanes tiene un potencial eólico excepcional y eso siempre ha sido un factor para que la región deje de depender de los combustibles fósiles. Siempre se ha dicho que Magallanes debiera avanzar en ocupar este potencial eólico para diversificar su matriz, limpiar la matriz energética y dejar de depender de combustibles fósiles que contribuyen de manera muy negativa a la crisis climática.
Impactos acumulativos y capacidad del territorio
¿Cómo debería evaluarse la instalación de estos proyectos considerando que Magallanes posee ecosistemas que funcionan como sumideros naturales de carbono?
Yo no lo justifico y, por lo tanto, me es difícil decir cómo. Hoy Magallanes, a pesar de que tiene una matriz energéticamente basada en combustibles fósiles y somos una de las regiones que más CO2 emite per cápita, debido a la forma de vida que tenemos y a la conservación de la biodiversidad que hay aquí, es un sumidero de carbono.
¿Qué significa eso? Que Magallanes capta más emisiones de CO2 que las que genera. Es decir, hoy ya está contribuyendo, gracias a soluciones basadas en la naturaleza, al problema de la crisis climática a nivel mundial.
Entonces, si la justificación para instalar esta industria es efectivamente enfrentar la crisis climática, ¿por qué lo estamos haciendo en una región que ya está contribuyendo a través de soluciones que podrían potenciarse? No tiene que ver con no tocar lugares, sino con desarrollar actividades, como lo hemos hecho hasta ahora, que sean compatibles con seguir conservando la biodiversidad.
Quizás lo que habría que preguntarse es si, efectivamente, la motivación para instalar la industria del hidrógeno es enfrentar la crisis climática o es un commodity más, como podría ser cualquier otro. Creo que esa discusión hay que transparentarla.
El Panel ha cuestionado que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de manera separada. ¿Qué riesgo observa en evaluar cada iniciativa individualmente?
El riesgo que corremos es no evaluar el impacto acumulativo de instalar la industria como tal. Creo que ese ha sido el principal problema.
Estamos evaluando los impactos proyecto a proyecto, cuando en realidad aquí lo que tenemos que evaluar es qué significaría para la región un cambio en el uso de suelo, la cantidad de puertos, de plantas desalinizadoras y el aumento de personas, de manera integral, con todos los proyectos a la vista y con los números que se quieren alcanzar.
¿Está preparada la infraestructura de Punta Arenas o Puerto Natales, en salud, vivienda o educación, para el aumento de población que podría traer esta industria?
Lamentablemente, lo que nosotros hemos visto es que no está preparada y esto es porque no hemos recibido información sobre cómo se abordaría el aumento de demanda y de tráfico de personas.
Si bien ciudades como Punta Arenas, que concentra la mayor parte de la población, cuentan con buenos indicadores de calidad de vida y servicios, hemos visto que el despliegue industrial que se proyecta ya evidencia algunas vulnerabilidades estructurales.
En términos de servicios básicos y de salud podría haber saturación del sistema. Consideremos que las comunas aledañas y rurales a Punta Arenas requieren de los servicios básicos de la capital provincial y podría haber una pérdida de capacidad de respuesta del sistema local ante una demanda de población flotante muy masiva. También podría haber una sobrecarga en las comunas más rurales.
Desde una mirada ecofeminista, ¿qué riesgos específicos identifica para las mujeres frente a una transformación industrial de esta magnitud?
Hay grupos de mujeres, en particular en Magallanes, que han alertado sobre esto y que han hecho estudios sobre lo que podría implicar. Hay distintas cuestiones muy complejas.
Por ejemplo, se ha analizado que podría haber una explosión demográfica masculina con la llegada de miles de trabajadores a zonas rurales con una densidad poblacional muy reducida. Hay mucha evidencia que muestra que, en otros enclaves extractivos con industrias muy grandes, esto aumenta el riesgo de delitos sexuales, de trata de personas y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
También podría haber una ampliación de la brecha laboral y segregación, porque la industria demanda mayoritariamente perfiles que han sido históricamente masculinizados y eso podría incrementar la brecha en la ocupación.
Simonetti y el fallo del Tribunal Constitucional
¿Cuál es su opinión respecto de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional sobre las disposiciones ambientales cuestionadas de la megarreforma?
La decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales la indemnización del Estado por las RCA anuladas y la excepción para relocalizar salmoneras sin pasar por una evaluación me parece una muy buena noticia.
Creo que desde hace algunos años, y ahora con muchísima más fuerza, se ha instalado la idea de que la protección ambiental es un impedimento para el desarrollo. En realidad, no solo las personas que nos consideramos defensoras ambientales, sino que la ciencia y la evidencia muestran que el desarrollo depende de que existan ecosistemas y biodiversidad en buen estado.
Me parece que la idea que estaba detrás de estas propuestas no se sostiene. También me parece una muy buena noticia porque, por ejemplo, se planteaba que desde el bolsillo de todas las personas, de todos nuestros impuestos, indemnizáramos a empresas que habían presentado un proyecto que había sido aprobado, pero donde finalmente el tribunal detectaba que era ilegal, es decir, que no cumplía con la normativa chilena y que, por lo tanto, no podía ser aprobado.
Indemnizarles los gastos que habían realizado atentaba contra la justicia ambiental, contra la igualdad respecto del acceso a la justicia y de cómo se trata la justicia.
Esta norma que se estaba proponiendo era muy peligrosa, porque atentaba contra la igualdad ante la justicia, contra la certeza que se le da a todo el mundo en la toma de decisiones ambientales y, por supuesto, contra mantener un criterio de democracia ambiental básico: que los proyectos de desarrollo que se aprueban tienen que cumplir con los mínimos legales que establece Chile.
También se planteó que esas disposiciones podían debilitar el principio preventivo y significar un retroceso respecto de normas ambientales vigentes. ¿Está de acuerdo?
De haberse aprobado la megarreforma con las disposiciones ambientales como habían sido planteadas, en el caso de la anulación de las RCA y de las relocalizaciones, íbamos a retroceder en disposiciones con las que hoy contamos y que están asociadas a la protección del medio ambiente.
Eso vulneraba una obligación constitucional que tiene nuestro país: el Estado tiene la obligación de velar porque podamos vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Magallanes y la definición de los límites que vienen
La discusión que se abre para Magallanes, por tanto, no se reduce a decidir entre desarrollar o frenar la industria del hidrógeno verde. El punto pendiente es definir qué escala puede asumir la región, con qué información, bajo qué reglas y considerando simultáneamente sus efectos productivos, sociales, territoriales y ambientales. Son decisiones que acompañarán proyectos llamados a modificar de manera significativa la estructura económica del extremo austral.
A medida que las iniciativas avancen en evaluación y se definan nuevas inversiones, la capacidad del Estado para establecer criterios, medir impactos acumulativos y anticipar las exigencias sobre servicios e infraestructura será parte central del debate.
La pregunta que plantea Simonetti seguirá abierta: si el límite del desarrollo del hidrógeno en Magallanes debe terminar fijándolo el mercado o si ese límite debe ser definido previamente como una decisión de política pública y planificación territorial.
