La iniciativa busca ampliar las herramientas penales contra redes que lucran con servicios sexuales de terceros, pero Fiscalía y Defensoría pidieron delimitar mejor las conductas sancionadas para evitar efectos no deseados sobre víctimas y trabajadores sexuales
La ofensiva legislativa contra los negocios utilizados por el crimen organizado abrió un nuevo frente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta vez se trata de la explotación sexual y de las redes que obtienen beneficios mediante la facilitación, intermediación o promoción de servicios sexuales prestados por terceros.
El proyecto busca entregar nuevas herramientas para perseguir este mercado, pero durante su discusión aparecieron reparos desde dos actores centrales del sistema penal. La Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público coincidieron en que la iniciativa requiere precisar con mayor claridad qué conductas serán castigadas para evitar consecuencias que terminen dificultando el objetivo que busca conseguir.
La moción, correspondiente al boletín 18.434-07, ingresó el 28 de junio y se encuentra en primer trámite constitucional. El 8 de julio fue derivada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y el 19 de agosto el Ejecutivo hizo presente suma urgencia para su tramitación.
Su discusión se incorpora a una agenda legislativa que durante las últimas semanas ha ampliado las herramientas propuestas para enfrentar al crimen organizado, incluyendo nuevas facultades institucionales y constitucionales para enfrentar estas organizaciones y medidas destinadas a fortalecer la capacidad del Estado para intervenir sobre sus distintas estructuras.
El objetivo: atacar uno de los mercados utilizados por las bandas
La iniciativa sostiene que la explotación sexual constituye uno de los mercados ilícitos utilizados por organizaciones criminales debido a que puede operar en condiciones de informalidad, baja trazabilidad y controles estatales insuficientes.
Desde esa perspectiva, la regulación no quedaría limitada a dimensiones sanitarias. La propuesta busca incorporarla como una herramienta de política criminal destinada a reducir los incentivos económicos asociados a la intermediación abusiva, explotación de personas vulnerables y mercados clandestinos.
El proyecto fue presentado por los diputados Jaime Araya, Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis, Eduardo Durán, Mauro González, Raúl Leiva y Diego Schalper, según consta en su ficha oficial de tramitación.
El debate se cruza, además, con una discusión más amplia respecto de cómo golpear las estructuras económicas que sostienen al crimen organizado. Durante agosto, el Congreso también ha abordado las debilidades y nuevas herramientas de la agenda contra el crimen organizado, que incluye iniciativas policiales, penales, financieras e institucionales.
Pero la ampliación de los delitos vinculados al comercio sexual generó reparos respecto de hasta dónde deberían alcanzar las nuevas sanciones.
Defensoría advierte riesgo de mayor clandestinidad
La defensora nacional, Verónica Encina, planteó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana que Chile ya dispone de figuras penales para perseguir conductas graves vinculadas a esta materia, particularmente el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y las asociaciones criminales o delictuales.
Encina advirtió que algunas actividades desarrolladas alrededor del trabajo sexual podrían quedar alcanzadas por la regulación incluso cuando no exista vulneración de la voluntad de la persona involucrada, enfatizando que “Tipifican de modo más bien objetivo, incluso sin señalar siquiera requisitos como el dolo directo, actividades que rodean la actividad de trabajo sexual sin necesariamente vulnerar allí la voluntad de la persona que ejerce el trabajo”.
El problema, según planteó la Defensoría, es que ampliar indiscriminadamente el ámbito penal podría tener un efecto inverso al buscado: desplazar la actividad hacia una mayor clandestinidad, reduciendo los espacios de control y aumentando la vulnerabilidad de las personas que participan de ella.
La advertencia introduce una distinción relevante para la discusión legislativa: perseguir la explotación realizada por organizaciones criminales no es necesariamente equivalente a penalizar todas las actividades relacionadas con servicios sexuales remunerados entre adultos.
Fiscalía pide no debilitar la persecución de la trata
Los reparos también fueron planteados por Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual del Ministerio Público.
Sovino reconoció que la regulación actual puede resultar insuficiente frente a nuevas formas de criminalidad, mecanismos de control ejercidos por organizaciones y sistemas clandestinos de intermediación. Sin embargo, sostuvo que el proyecto reúne materias diferentes que deberían ser delimitadas con mayor precisión.
Uno de sus principales cuestionamientos apunta al consentimiento de las víctimas. Fiscalía ha debido abordar durante años investigaciones donde personas sometidas a trata se encuentran bajo coerción, intimidación o condiciones de vulnerabilidad, pese a que las defensas de los imputados pueden sostener posteriormente que existió consentimiento.
Por ello, una nueva regulación que no separe adecuadamente estas situaciones podría interferir con la persecución de delitos que ya cuentan con tratamiento penal.
Sovino también planteó una consecuencia práctica de las restricciones consideradas por la iniciativa. Si una persona adulta no puede promocionar servicios sexuales y tampoco disponer de determinados inmuebles para desarrollar la actividad, preguntó ante la comisión: “¿Qué quedaría? ¿Quedaría como el comercio sexual callejero?”.
La interrogante resume uno de los principales dilemas abiertos por el proyecto: una regulación destinada a sacar a las organizaciones criminales del negocio podría empujar parte de la actividad hacia espacios todavía menos visibles y controlables.
La Comisión de Seguridad Ciudadana optó por continuar las audiencias y considerar nuevos invitados antes de avanzar en la definición del texto. En la sesión participaron la Defensora Nacional y el representante de la Fiscalía junto a parlamentarios de distintos sectores.
La discusión, por tanto, no cuestiona la necesidad de perseguir la explotación sexual vinculada a organizaciones criminales. El desafío legislativo estará en separar con precisión la explotación, coerción y aprovechamiento económico de terceros de otras conductas vinculadas al trabajo sexual, evitando que las nuevas figuras penales terminen ampliando la clandestinidad o interfiriendo con la persecución de la trata de personas.
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