El parlamentario socialista cuestionó que el Ejecutivo recurra a una modificación de la Carta Fundamental para impulsar su agenda de seguridad y advirtió que esa decisión puede abrir la puerta a nuevas reformas constitucionales promovidas desde la oposición
La reforma constitucional de seguridad abrió un nuevo frente político desde la oposición. El diputado socialista Nelson Venegas cuestionó la decisión del Gobierno de modificar la Carta Fundamental para ampliar sus herramientas contra el crimen organizado y advirtió que el camino escogido por La Moneda puede terminar generando un precedente mucho más amplio que la propia agenda de seguridad.
“Quiero dejar constancia que aquí se está dando un paso totalmente equivocado y peligroso”, sostuvo el parlamentario, quien puso el foco en una discusión distinta al objetivo de combatir el crimen organizado: si corresponde modificar la Constitución para hacer viables las herramientas que busca implementar el Ejecutivo.
El cuestionamiento aparece cuando la reforma de seguridad ya inició su tramitación en el Congreso, después de una negociación que obligó al Gobierno a modificar parte del borrador original tras reparos surgidos incluso desde sus propias filas. El texto definitivo mantiene ocho cambios constitucionales, entre ellos un nuevo estado de excepción de seguridad pública y nuevas herramientas frente a organizaciones criminales.
“Deciden reformarla”
Venegas endureció sus críticas al vincular la reforma con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, impulsada por el Gobierno. A su juicio, La Moneda está recurriendo a una modificación constitucional ante el riesgo de que algunas de sus propuestas puedan entrar en conflicto con la actual Carta Fundamental.
“El gobierno prometió solucionar los temas económicos y van en retroceso, prometieron soluciones a la seguridad y proponen autoritarismo. Y cuando no les gusta la Constitución, porque la ley que ellos están proponiendo, ACOT, la pueden considerar inconstitucional, en vez de modificar la ley y ajustar a la Constitución, deciden reformarla. Y esa es una señal clara y manifiesta de que son unos autoritarios”, afirmó.
La discusión sobre cuánto de la agenda gubernamental debe quedar en la Constitución no apareció únicamente desde la oposición. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, había pedido antes del ingreso del proyecto “no abrir un debate constitucional amplio” y planteó que aquellas materias que puedan resolverse mediante legislación ordinaria deberían mantenerse fuera de la Carta Fundamental.
El Ejecutivo terminó introduciendo ajustes, pero mantuvo el núcleo de la reforma. Entre sus disposiciones están la incorporación expresa de la seguridad pública como deber del Estado, un nuevo régimen constitucional frente al crimen organizado, mayores restricciones para determinados condenados y un nuevo estado de excepción que amplía las herramientas presidenciales ante amenazas graves a la seguridad pública.
La advertencia por lo que viene después
Para Venegas, sin embargo, el problema no termina con la aprobación o rechazo de esas normas. Su principal advertencia apunta al precedente político que deja la decisión del Gobierno de modificar la Constitución para desarrollar su agenda legislativa, porque esa misma vía podría ser utilizada posteriormente por sectores que hoy están en la oposición.
“Eso es sumamente peligroso porque además abre nuevamente el debate en torno a las reformas constitucionales. Y si eso hace el gobierno, nosotros vamos también a tener la libertad absoluta para empezar a solicitar nuestras propias modificaciones”, señaló.
La advertencia instala un flanco que puede acompañar la tramitación completa del proyecto. Mientras el Gobierno sostiene que necesita herramientas constitucionales capaces de responder a organizaciones que han elevado su capacidad de control territorial y violencia, parte de la oposición comienza a discutir no solo el contenido de esas facultades, sino también la decisión de utilizar la Carta Fundamental para incorporarlas.
El debate que llega al Congreso queda así abierto en dos niveles. Uno será determinar hasta dónde pueden extenderse las nuevas facultades del Ejecutivo frente al crimen organizado. El otro, planteado ahora por Venegas, será resolver qué materias requieren efectivamente una reforma constitucional y qué precedente deja recurrir a ese mecanismo para desarrollar una agenda gubernamental.
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