La iniciativa busca aumentar las sanciones contra adultos que instrumentalicen a niños y adolescentes para cometer delitos. Registros citados por la moción muestran que los infractores menores ingresados al Ministerio Público crecieron 18,8% entre 2023 y 2025
Inducir, facilitar, utilizar o instrumentalizar a un menor para cometer un delito podría significar penas más altas para los adultos responsables. La Comisión de Constitución de la Cámara analiza una reforma al Código Penal que busca ampliar las situaciones en que corresponde aplicar una sanción agravada cuando niños o adolescentes son utilizados para delinquir.
El proyecto, correspondiente al boletín 18.282-07, se encuentra en primer trámite constitucional. La iniciativa busca abordar situaciones en que una persona adulta utiliza, dirige o induce a un menor para participar en la ejecución de un delito, incluso cuando no interviene materialmente junto a él.
La propuesta forma parte de las iniciativas vinculadas a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que ha situado entre sus prioridades el fortalecimiento de las herramientas legales para perseguir organizaciones criminales y delitos de mayor complejidad.
Qué busca cambiar la reforma
La legislación vigente ya contempla un tratamiento más severo para adultos que intervienen en delitos junto a menores. Los autores del proyecto sostienen, sin embargo, que la redacción actual del artículo 72 del Código Penal ha generado dudas respecto de situaciones donde el adulto no participa directamente, pero actúa como instigador o utiliza al menor para ejecutar el ilícito.
Para cerrar ese espacio, la propuesta incorpora expresamente conductas como inducir, facilitar, utilizar, constreñir, promover o instrumentalizar a un menor para cometer un delito. Cuando intervengan niños menores de 14 años, la pena correspondiente al adulto podría aumentar en un grado.
El mismo aumento se propone cuando una persona mayor de edad se aproveche de una situación de vulnerabilidad, dependencia o relación de consanguinidad respecto de adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años.
La reforma incorpora además un nuevo artículo 72 bis. Si el niño o adolescente utilizado para delinquir sufre lesiones gravísimas o muere durante la comisión del delito, la pena aplicable al adulto también aumentaría en un grado.
Registros de menores infractores suben 18,8% en dos años
La moción fundamenta el cambio legal con estadísticas del Ministerio Público. Entre 2023 y 2025, los infractores menores de edad ingresados al sistema aumentaron de 36.468 a 43.328, una diferencia de 6.860 registros equivalente a un crecimiento de 18,8%.
En el mismo período, los delitos asociados a responsabilidad penal adolescente pasaron de 32.049 a 37.810. La mayor variación se produjo entre los adolescentes de 14 y 15 años: los registros aumentaron desde 12.549 en 2023 hasta 16.310 en 2025, equivalente a un alza de 30%.
La moción también cita un incremento de los registros vinculados a homicidios, desde 119 casos en 2023 hasta 149 en 2025. En materia de robo violento de vehículos, antecedentes considerados durante la discusión legislativa muestran además una presencia relevante de menores entre los imputados.
Las cifras requieren una precisión. Los ingresos registrados por el Ministerio Público no equivalen a condenas ni permiten atribuir automáticamente todos esos casos al reclutamiento por adultos. Los datos son utilizados por los autores de la iniciativa como antecedente para justificar un fortalecimiento de las sanciones frente a la instrumentalización de menores.
El debate abre otro problema: cómo sacar al menor de la red criminal
La Comisión de Constitución recibió durante su ronda de audiencias a representantes del Ministerio Público, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y a especialistas en derecho penal y política criminal.
Entre los participantes estuvieron Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, y Gherman Welsch, director nacional subrogante del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Durante las audiencias hubo coincidencia respecto de la necesidad de sancionar a quienes instiguen, obliguen o instrumentalicen a menores para obtener ventajas o facilitar la comisión de delitos. La discusión, sin embargo, abrió una segunda pregunta: qué ocurre con el niño o adolescente después de ser captado por una estructura criminal.
El desafío adquiere especial relevancia frente a las brechas que todavía enfrenta el sistema de protección especializada de niños, niñas y adolescentes, donde persisten dificultades asociadas a listas de espera, disponibilidad de programas y capacidad para responder a trayectorias de alta complejidad.
Los invitados plantearon que aumentar las penas contra los adultos no resuelve por sí solo la situación del menor instrumentalizado. También se requiere definir cómo desvincularlo de la estructura criminal, protegerlo y reducir el riesgo de que vuelva a ser reclutado.
Durante el debate surgió además la posibilidad de analizar una figura específica de reclutamiento de menores, considerando experiencias comparadas de otros países latinoamericanos. La discusión amplía así el problema más allá de la respuesta penal: junto con perseguir al adulto, el Estado deberá fortalecer prevención, intervención temprana y protección especializada.
El proyecto continuará su tramitación en la Comisión de Constitución antes de avanzar hacia las siguientes etapas legislativas. La discusión deberá determinar hasta dónde aumentar las sanciones y si la reforma incorpora nuevas herramientas para enfrentar específicamente el reclutamiento de niños y adolescentes por estructuras criminales.
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