El reemplazo del Sename separó la protección especializada de la justicia juvenil, pero las listas de espera, la falta de programas y las brechas territoriales siguen limitando la restitución de derechos y los procesos de reinserción
Por Daisy Castillo Triviños
A casi cinco años del inicio de la transformación de la institucionalidad de infancia, las listas de espera, los sobrecupos residenciales, las brechas de salud mental y la insuficiencia de programas especializados siguen condicionando la respuesta del Estado frente a niños, niñas y adolescentes que requieren protección, reparación o procesos efectivos de reinserción.
El reemplazo progresivo del Servicio Nacional de Menores, Sename, permitió corregir una de las principales distorsiones del antiguo modelo: mantener bajo una misma institución a niños gravemente vulnerados en sus derechos y a adolescentes que habían entrado en conflicto con la ley penal.
La separación comenzó el 1 de octubre de 2021 con la entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, creado por la Ley N° 21.302 para asumir la protección, reparación y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes afectados por vulneraciones graves.
El área de justicia juvenil permaneció transitoriamente bajo el Sename hasta la instalación progresiva del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La reforma reconoció que la intervención destinada a un niño víctima de abuso, negligencia o abandono no puede ser la misma que se aplica a un adolescente sujeto a una medida o sanción penal.
La nueva estructura representó un avance institucional necesario. Sin embargo, la división administrativa no eliminó las dificultades acumuladas durante décadas ni garantizó que una resolución judicial, una medida de protección o un plan de intervención encuentren inmediatamente un programa disponible.
Una red extensa bajo presión
De acuerdo con las cifras publicadas por el Servicio de Protección Especializada, en mayo de 2026 la institución atendía mensualmente a 127.454 niños, niñas y adolescentes. Dentro de esa cobertura, 102.432 se encontraban en programas ambulatorios, 11.796 en Familias de Acogida y 5.167 en residencias.
Las cifras corresponden a distintas líneas de atención y no constituyen por sí solas una suma cerrada de la cobertura institucional, que también considera diagnóstico clínico especializado, fortalecimiento familiar, vinculación y adopción.
La mayor concentración de atenciones se encuentra en la etapa escolar y en la adolescencia temprana. Según los antecedentes reunidos para este reportaje, los niños de entre siete y trece años representan cerca del 45% de la red, principalmente a través de programas ambulatorios. La primera infancia, entre cero y seis años, alcanza aproximadamente un 22%, mientras los adolescentes y jóvenes desde los catorce años concentran el 33% restante.
La presión sobre el sistema tampoco se distribuye de manera uniforme. La Región Metropolitana reúne entre el 35% y el 38% de la cobertura nacional, seguida por Biobío, con un 12%, y Valparaíso, con un 10%. Las diferencias obligan a considerar no sólo la cantidad de atenciones, sino también la disponibilidad territorial de residencias, programas ambulatorios, especialistas y servicios de salud mental.
En el ámbito de la justicia juvenil, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil atendió a 8.068 adolescentes y jóvenes entre abril de 2025 y abril de 2026, una población integrada en más de un 92% por hombres.
Tras completarse el traspaso a régimen pleno en las 16 regiones, la zona conformada por la Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins pasó a concentrar cerca del 60% de los jóvenes atendidos. Biobío, Coquimbo, Los Ríos y Atacama, aunque no necesariamente reúnen las poblaciones más numerosas, presentan mayores indicadores de complejidad y han requerido planes específicos de intervención.
“Las listas de espera resultan impresentables”
Para conocer cuánto ha cambiado efectivamente la respuesta estatal después del reemplazo del Sename, Poderyliderazgo.cl conversó con especialistas y autoridades vinculadas a la protección de derechos y a la reinserción social juvenil.
Ester Valenzuela, directora del Diplomado en Derechos de Infancia y Adolescencia: problemas y desafíos actuales de la Universidad Diego Portales, valora la separación de funciones, pero advierte que la creación de nuevos organismos no resolvió automáticamente los problemas históricos.
“Su principal límite es que el cambio institucional no elimina de manera inmediata los problemas estructurales, entre ellos, las listas de espera, los sobrecupos, la violencia institucional, la falta de salud mental, el déficit de infraestructura y la debilidad de la oferta intersectorial”, sostiene.
La académica identifica sobrecupos en residencias, demoras para ingresar a programas reparatorios, dificultades para recibir a niños con perfiles de alta complejidad y cierres de establecimientos sin alternativas suficientes. A ello se suman vulneraciones ocurridas dentro de la propia red de cuidado.
“Persisten vulneraciones dentro de la red, con situaciones de violencia en residencias, abusos sexuales, precariedad en las condiciones de cuidado y graves brechas en salud mental, lo que muestra que el término del Sename no equivale, por sí mismo, a una garantía efectiva de protección”, afirma.
Valenzuela agrega que la presión sobre el sistema ha aumentado. El problema se vuelve especialmente grave cuando un tribunal determina que un niño necesita una intervención, pero el derecho reconocido no puede materializarse debido a la falta de cupos o de una oferta adecuada.
“El obstáculo más inmediato para la restitución es que el derecho reconocido no encuentra un programa disponible que lo materialice. Las listas de espera resultan impresentables tratándose de niños que requieren reparación, y golpean con especial fuerza los programas de diagnóstico, que concentran la mayor parte de la demanda insatisfecha y las intervenciones ambulatorias”.
La espera no constituye solamente un problema administrativo. En situaciones de violencia, abuso o abandono, el paso del tiempo puede profundizar el daño, debilitar las posibilidades de reparación y trasladar a las familias una responsabilidad que corresponde al sistema estatal.
Las brechas que persisten en la nueva institucionalidad
| Brecha | Evidencia disponible | Impacto en la respuesta estatal |
|---|---|---|
| Listas de espera | 43% de los casos se encontraba en espera | Una medida judicial puede quedar sin un programa disponible que la ejecute |
| Demoras prolongadas | Cerca del 25% registraba esperas superiores a 90 días | La intervención pierde oportunidad y puede profundizar el daño que busca reparar |
| Mayor demanda judicial | Las medidas de protección aumentaron 37% entre 2020 y 2024 | La red recibe más casos sin que la oferta crezca al mismo ritmo |
| Concentración territorial | La Región Metropolitana reúne entre 35% y 38% de la atención, Biobío 12% y Valparaíso 10% | La capacidad de respuesta depende de la disponibilidad de programas y especialistas en cada región |
| Falta de indicadores | Reinserción Juvenil todavía no cuenta con indicadores propios de resultado | El Servicio no puede demostrar si sus intervenciones modifican las trayectorias de los jóvenes |
| Brechas de salud mental | No existe una cifra consolidada sobre acceso efectivo a tratamientos | No es posible verificar la continuidad de la atención ni sus resultados |
Niños inimputables sin respuesta especializada
Entre las brechas identificadas aparece la ausencia de una respuesta específica para niños y niñas que, debido a su edad, no tienen responsabilidad penal, pero presentan conductas que requieren una intervención preventiva diferente de aquella diseñada para víctimas de vulneraciones.
Actualmente, estos niños pueden ser derivados a programas que no fueron creados para abordar sus necesidades, factores de riesgo ni trayectorias particulares.
“Hoy, sólo cabe derivarlos a los mismos programas de niños víctimas, lo que en muchos casos resulta inconducente, porque se necesita una oferta específica orientada a evitar el inicio de trayectorias delictivas tempranas y las escaladas posteriores”, plantea Valenzuela.
El vacío revela una zona en la que deberían converger protección especializada, educación, salud mental, prevención comunitaria y acompañamiento familiar. Sin una oferta articulada, el sistema corre el riesgo de intervenir tarde o mediante programas que no responden al origen de las conductas.
La académica también manifiesta preocupación por el aumento de los ingresos residenciales. Cuando la separación del niño de su familia no se utiliza como último recurso, la acción del Estado puede producir una nueva afectación en lugar de reparar la vulneración inicial.
La separación familiar, advierte, “produce una nueva afectación en lugar de reparar. Este nudo es sistémico, pues combina decisiones de separación adoptadas sin agotar alternativas previas a la posible separación con la insuficiencia de la oferta ambulatoria que debería sostener al niño en su medio familiar”.
La observación apunta a una de las debilidades centrales de la red: la falta de programas territoriales capaces de acompañar a las familias antes de que la separación aparezca como la única respuesta disponible.
Reinserción juvenil sin indicadores propios
Los desafíos del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil son diferentes de aquellos que enfrenta la protección especializada. Sin embargo, también muestran las dificultades asociadas a la instalación de una nueva institucionalidad.
Rocío Faúndez, directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, identifica cuatro nudos críticos. El primero es la ausencia de indicadores propios que permitan establecer si las intervenciones modifican efectivamente las trayectorias de los adolescentes y jóvenes.
“Todavía no tenemos indicadores de resultado propio, lo que hoy se mide es proceso, cuántos programas, cuántas supervisiones, y el próximo paso, ineludible, es demostrar si efectivamente cambian las trayectorias”.
El segundo problema corresponde a la infraestructura heredada. Faúndez explica que los centros acumulan años de baja inversión y enfrentan un deterioro recurrente, asociado también a la complejidad de los jóvenes atendidos.
“El Servicio heredó centros con años de baja inversión, y a eso se suma una complejidad estructural, porque los episodios de desregulación emocional de los propios jóvenes dañan recurrentemente el equipamiento, lo que exige un modelo de mantención permanente y no sólo inversión puntual”.
Los otros desafíos corresponden a la consolidación del Expediente Único de Ejecución, plataforma destinada a conectar a los organismos que intervienen en el sistema de justicia juvenil, y al fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.
“La consolidación del Expediente Único de Ejecución como plataforma que realmente conecte al Servicio con el resto del sistema de justicia juvenil, algo que hoy tiene potencial, pero todavía no avanza al ritmo necesario. Y el cuarto, participación ciudadana como pilar del trabajo con la sociedad civil”.
Estudios para medir los resultados
Faúndez explica que el Servicio lleva poco más de un año en régimen pleno y que construir indicadores propios con rigor metodológico requiere tiempo. Actualmente existen distintas investigaciones destinadas a medir impacto, reincidencia y resultados.
“Lo que existe hoy son varias líneas de trabajo en curso para medir resultados, una evaluación de impacto financiada por DIPRES, con equipo de la Universidad Católica y Princeton; un estudio de reincidencia junto a la Universidad de Chile; el aporte de datos a un estudio de Fundación Paz Ciudadana; y un ejercicio comparado a nivel regional en el marco de EL PACCTO 2.0. Como antecedente de contexto la reincidencia a doce meses bajó de 40,1% a 15,2% entre 2009 y 2020”.
El antecedente muestra una reducción de la reincidencia en el periodo analizado, pero no permite atribuir el resultado al nuevo Servicio, cuya instalación nacional se completó posteriormente. La tarea pendiente es desarrollar mediciones que permitan conocer el efecto específico del actual modelo de intervención.
El desafío no consiste sólo en determinar cuántos jóvenes ingresan a programas o cuántas supervisiones se realizan. La evaluación debe mostrar si disminuye la reincidencia, si mejora la continuidad educativa, si aumenta la inserción laboral y si los jóvenes logran sostener sus procesos después de abandonar el sistema.
Salud mental sin un circuito cerrado
La coordinación con la red pública de salud constituye otro de los principales desafíos. Una parte de los adolescentes sujetos a medidas o sanciones presenta problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias o riesgo suicida, condiciones que exigen atención especializada y continuidad después del egreso.
“Con el Ministerio de Salud, trabajamos en la gestión de listas de espera y en la continuidad de cuidados para jóvenes con riesgo suicida, y hemos certificado a funcionarios del Servicio como gatekeepers en prevención del suicidio. Con SENDA, la línea de trabajo es la formación de profesionales en consumo problemático y la continuidad de los programas de tratamiento una vez que el joven ingresa”, detalla Faúndez.
El modelo especializado establece que durante los primeros siete días desde el ingreso a un centro deben evaluarse las urgencias de salud mental y consumo. A los quince días, cada adolescente debe contar con un plan individual de intervención.
Pese a ese diseño, todavía no existe una cifra nacional consolidada que permita establecer cuántos jóvenes reciben efectivamente tratamiento, durante cuánto tiempo, con qué nivel de continuidad y cuáles son sus resultados.
“Ésta sigue siendo un área donde todavía no tenemos una cifra consolidada de cuántos jóvenes acceden efectivamente a tratamiento vinculante y con qué resultados. Es un trabajo en desarrollo, no un circuito cerrado”.
La admisión muestra que la coordinación formal entre servicios no garantiza por sí sola el acceso a una atención efectiva. Sin datos consolidados, tampoco es posible conocer si la respuesta sanitaria acompaña todo el proceso de reinserción o se interrumpe cuando el joven cambia de programa, egresa de un centro o vuelve a su territorio.
Resultados que todavía no llegan
La separación de las funciones que concentraba el Sename permitió avanzar hacia una respuesta más especializada y superar una estructura que durante décadas trató bajo una misma institucionalidad realidades profundamente diferentes.
Sin embargo, el éxito de la reforma no puede medirse solamente por la creación de servicios, el número de programas disponibles o la cantidad de supervisiones realizadas. Su evaluación dependerá de si los niños acceden oportunamente a medidas de protección, si disminuyen las listas de espera, si las familias reciben apoyo antes de una separación y si los adolescentes sostienen sus procesos de reinserción una vez que abandonan los centros.
El desafío también es territorial. Las diferencias de cobertura, infraestructura, disponibilidad de especialistas y acceso a salud mental condicionan la respuesta que recibe un niño o adolescente según la región donde vive. Una institucionalidad nacional puede establecer procedimientos comunes, pero sus resultados dependen de la oferta concreta existente en cada territorio.
Mientras una resolución judicial no encuentre un programa disponible, un niño deba esperar meses por una intervención reparatoria o un adolescente no acceda a un tratamiento de salud mental con continuidad, la transformación seguirá incompleta.
El reemplazo del Sename modificó la estructura del sistema, pero la infancia vulnerable continúa a la espera de que ese cambio se traduzca en derechos efectivamente restituidos y en trayectorias distintas para niños, niñas, adolescentes y sus familias.
