Por Carlos Cantero O. Geógrafo, Máster y Doctor en Sociología
En el corazón del desierto de Atacama, la actividad extractiva vive un momento de bonanza impulsado por la fórmula virtuosa de alta productividad y elevados precios internacionales, lo que sostiene en gran medida el Producto Interno Bruto de Chile. Sin embargo, este dinamismo convive con una herida abierta: la profunda brecha entre la riqueza millonaria que se extrae y el severo deterioro en la calidad de vida de las regiones mineras y, en particular, de la Región de Antofagasta, donde vivo.
Las ciudades que sustentan esta actividad exhiben listas de espera médicas de años, profundos déficits habitacionales que empujan a miles a vivir en campamentos y rendimientos educativos por debajo del promedio nacional.
No hay identidad ni reconocimiento con las zonas mineras; vivimos la indiferencia del país y de la propia industria. Somos considerados “espacios” de tránsito y operaciones, no “lugares” con valor simbólico, memoria y afectos. Esta paradoja no es una fatalidad geográfica; es una falla ética y política sustentada en la lógica del enclave.
Bajo este esquema, la minería opera con estándares tecnológicos de nivel mundial dentro de sus recintos, pero traspasa al entorno urbano las externalidades negativas: contaminación, polvo, congestión vial y una carestía que ahoga a las familias, careciendo por completo de un sentido de compromiso territorial.
El centralismo fiscal perpetúa esta iniquidad. Los tributos generados en el norte no se quedan en sus comunas, sino que viajan más de mil kilómetros hacia Santiago. Así, las comunas acomodadas de la capital —donde se asientan los centros corporativos y residen las directivas ejecutivas— disfrutan los rendimientos del cobre sin padecer la escasez hídrica ni la saturación de los servicios públicos territoriales.
Es verdad que existen algunos avances al vincular recursos al territorio -como las patentes mineras, el royalty y otras instancias locales-, pero el desafío permanente es evaluar si estos aportes resultan suficientes, oportunos y proporcionales. Por otro lado, el manejo de los recursos públicos a nivel regional y municipal exige mayor excelencia en la gestión político-administrativa.
Se requiere planificación, visión prospectiva participativa, mejorar la formulación y ejecución de proyectos estructurales y, sobre todo, una fiscalización efectiva de los órganos pertinentes y de las autoridades elegidas para tal efecto.
A este escenario se suma la sangría de la conmutación laboral. En Antofagasta de una fuerza de trabajo regional de 366 mil personas (INE), más de 111 mil trabajadores ingresan en avión para cumplir turnos y retornar a sus hogares en otras regiones del país. Esto es generalizado en el norte minero y este flujo priva a las ciudades del gasto, la inversión y el tributo local.
La omisión estatal ante este incumplimiento del arraigo configura una indolencia conveniente que naturaliza un modelo nocivo para nuestro territorio. Vivimos la paradoja de aeropuertos saturados por los contratos mineros, con vuelos a las ciudades de esos trabajadores y “faeneros”. Pero, los habitantes de las regiones mineras no tenemos conectividad aérea con nuestras ciudades vecinas. Para comunicar Antofagasta con Iquique o Calama debemos viajar a Santiago para hacer una conexión. Increíble falta de respeto y reciprocidad.
La indignación ciudadana se acrecienta ante reivindicaciones frustradas. El reclamo ya no basta: se ha convertido en un ruido que la industria tolera entre lisonjas y think tanks pagados por la propia minería, no para pensar libremente el territorio, sino para responder a intereses corporativos.
En el ámbito público-privado, iniciativas como Creo Antofagasta muestran escasos frutos tangibles; en la provincia de El Loa, el programa Calama PLUS se desvaneció tras años de promesas; e instancias de desarrollo científico como el CICITEM terminaron en escándalo de corrupción, con proceso judicial en curso, donde se intenta eludir responsabilidades.
Esta dinámica ha destruido la dimensión social y cultural de nuestra zona. Las ciudades han sido tratadas como meros nodos logísticos y campamentos de paso, despojadas de su dimensión afectiva e identidad. Los programas de Responsabilidad Social Empresarial y de licencia social suelen reducirse a donaciones asistenciales, eventos de imagen y, en no pocas ocasiones, a prácticas de tráfico de influencias.
Es un cuerpo sin alma: obras desprovistas de un compromiso genuino. Se vulnera el principio que concibe que todo recurso extraído exige una devolución equitativa. Extraer sin restituir destruye el ciclo de cuidado mutuo y genera un profundo resentimiento.
La evidencia internacional demuestra que la postergación de las zonas extractivas no es un destino inevitable:
- Canadá: Los Acuerdos de Impacto y Beneficios (IBAs) obligan por contrato a garantizar empleo local y compensaciones económicas a las comunidades.
- Australia: La Ley de Título Nativo asegura ingresos permanentes y capacidad de negociación, incluso de veto (en situaciones especiales) a las comunidades originarias.
- Suecia: El traslado de la ciudad de Kiruna por la expansión minera se diseñó colaborativamente entre la estatal LKAB y los habitantes para resguardar la memoria urbana y el bienestar social.
Las regiones y ciudades mineras exigimos un nuevo pacto fundado en la retención fiscal regional, la aplicación en las ciudades de los mismos estándares de calidad exigidos dentro de la faena y una administración pública comprometida con la excelencia en la gestión de los recursos.
Hemos llegado a un límite. El norte chileno no solicita caridad ni favores, sino la reciprocidad justa y legal por la riqueza que su suelo aporta a la patria. No estamos contra la minería; por el contrario, toda inversión de la industria es valorada y bienvenida, pero exigimos un compromiso genuino.
De persistir este panorama de promesas incumplidas, se dejarán de lado los diagnósticos dóciles y las demandas insatisfechas se transformarán inevitablemente en movilización social con todas las consecuencias que ello conlleva.
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