El presidente de la Comisión de Seguridad Pública cuestionó el nuevo estado de excepción y sostuvo que el combate contra la delincuencia requiere menos disputa constitucional y mayor capacidad operativa, recursos policiales, prevención y presencia territorial
Mientras el Gobierno busca ampliar las herramientas constitucionales para enfrentar al crimen organizado, el senador Karim Bianchi puso el foco en una brecha diferente: la distancia entre las atribuciones que se discuten en el Congreso y las capacidades que el Estado tiene para actuar en las calles.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública no desconoce la gravedad de la crisis ni la necesidad de fortalecer la acción estatal. Su diferencia está en el instrumento elegido. En entrevista con TV Senado, afirmó que “es un fraude plantear que el problema es constitucional”, porque las dificultades que enfrenta Chile en seguridad “no están en la Constitución, están en la calle y para resolverlas tenemos que salir a la calle”.
El principal punto de fricción es el nuevo estado de excepción incluido en la reforma impulsada por el Ejecutivo. Su diseño original permitiría aplicarlo durante 120 días y prorrogarlo por un periodo equivalente, además de restringir determinados derechos en las zonas intervenidas. La propuesta ya enfrenta resistencia ciudadana y dudas sobre sus resultados.
Bianchi advirtió que la discusión no puede limitarse a las intenciones del actual Gobierno. Las atribuciones que se incorporen a la Carta Fundamental permanecerán disponibles para quienes lleguen posteriormente a La Moneda. Por eso, sostuvo que “no solo me parece ilógico, me parece una locura darle ese poder a un presidente, porque nosotros no podemos hoy día legislar para Kast, tenemos que legislar para cinco o diez años más”.
De las nuevas atribuciones a la capacidad operativa
El argumento del senador avanza desde el diseño constitucional hacia la gestión cotidiana. A su juicio, una parte menor de las dificultades requiere cambios legales, mientras el grueso depende de financiamiento, dotaciones, equipamiento, inteligencia y coordinación institucional.
“Yo le diría que un 10% puede ser un problema legal que podemos discutir acá, pero todo tiene que ver con gestión, tiene que ver con recursos”, señaló Bianchi, al cuestionar que el avance de la agenda se mida por los plazos impuestos a su tramitación y no por metas capaces de ser evaluadas.
Su propuesta es establecer compromisos concretos sobre reducción de homicidios, portonazos y otros delitos. Aprobar una reforma antes de una fecha determinada, planteó, no permite saber cuántos delitos serán evitados ni cuánto aumentará la capacidad de respuesta policial.
Esa distancia se vuelve especialmente visible al observar la situación de Carabineros. Bianchi aseguró que el país no contará con los dos mil funcionarios adicionales proyectados para el próximo año y que parte del incremento anunciado provendría de prolongar carreras o trasladar personal administrativo hacia funciones operativas.
“Vamos a tener cero carabineros más para el próximo año”, afirmó el senador, quien reconoció como positivas las medidas destinadas a mejorar los incentivos económicos para ingresar a la institución, pero advirtió que sus resultados necesitarán al menos dos años.
El parlamentario también alertó sobre problemas de armamento, municiones y entrenamiento. Desde esa perspectiva, discutir la subordinación de las Fuerzas Armadas o su eventual despliegue en las calles no resuelve las carencias que enfrentan actualmente las policías para responder frente a organizaciones con mayor capacidad de fuego.
Los cuestionamientos al nuevo estado de excepción tampoco se limitan a la oposición. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que el texto inicial “no tenía posibilidad ni realismo legislativo”, mientras parlamentarios de distintos sectores han pedido revisar la duración de la medida y los controles del Congreso.
Bianchi teme que esas diferencias terminen desplazando las iniciativas donde sí existe espacio para construir acuerdos. Según planteó, comenzar por la materia que genera mayor resistencia puede convertir la agenda en una confrontación entre quienes aparecen a favor o en contra de la seguridad, sin avanzar primero en las medidas que cuentan con respaldo transversal.
Cuando la seguridad se observa desde Magallanes
La distancia entre las normas y la capacidad operativa también apareció cuando la conversación se trasladó a Magallanes. La Comisión de Seguridad Pública sesionó en Punta Arenas para conocer amenazas que difícilmente pueden ser comprendidas solo desde Valparaíso.
Bianchi explicó que una de las principales dificultades para aumentar la dotación policial es la ausencia de una escuela de formación de Carabineros en la región. Quienes son seleccionados deben trasladarse a Santiago, asumir altos costos de viaje y mantenerse durante meses con un estipendio reducido.
La alternativa planteada es habilitar una escuela provisoria que permita formar inicialmente a 90 funcionarios y facilitar que posteriormente presten servicios en la zona. Para el senador, llevar la formación policial al territorio permitiría atraer postulantes con conocimiento e identidad regional.
El Estrecho de Magallanes representa otro desafío. Bianchi relató que autoridades de Países Bajos alertaron al Ministerio Público regional sobre un cargamento de seis toneladas de cocaína que habría pasado por esa ruta antes de llegar a Europa. El episodio, aseguró, confirmó la necesidad de reforzar la policía marítima, incorporar drones y embarcaciones y elevar los estándares de control portuario.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes completó el diagnóstico presentado desde la región. El senador advirtió que muchos de los menores afectados se encuentran bajo protección estatal y cuestionó que las instituciones pierdan capacidad de intervención una vez que abandonan las residencias.
Bianchi sostuvo que “la gran mayoría, si no casi todos, quienes han sido utilizados para explotación sexual son menores que están a cargo de instituciones del Estado”. La situación, agregó, exige fortalecer la prevención y evitar que la respuesta pública comience únicamente cuando la vulneración ya se produjo.
Esa misma preocupación está detrás del proyecto que busca sancionar la incitación y apología a la pedofilia. La iniciativa surgió después de la difusión de contenidos que sexualizaban y se burlaban de menores, pero que no pudieron ser perseguidos penalmente bajo la legislación vigente.
El senador defendió la necesidad de establecer límites precisos sin convertirlos en una restricción general a las opiniones. “Yo creo en la libertad de expresión, pero no en imbecilidades que se transmitan y que la gente las consuma por las redes sociales”, afirmó.
Pese a sus críticas, Bianchi manifestó su disposición a dialogar con el Ejecutivo. “Yo tengo la voluntad de reunirme con quien sea para que las cosas se hagan mejor”, señaló, antes de sostener que los parlamentarios no deben actuar por lealtad al Gobierno o a la oposición, sino por su responsabilidad con el país.
El resultado de la agenda, bajo esa mirada, no dependerá únicamente de cuánto poder entregue la Constitución. También deberá medirse por la capacidad del Estado para formar policías, equiparlas, anticipar nuevas rutas del narcotráfico, proteger a los menores y transformar los acuerdos legislativos en resultados visibles fuera del Congreso.
