La Cámara aprobó las modificaciones del Senado y dejó lista para promulgación la iniciativa que amplía los plazos de regularización e inscripción, incorpora un procedimiento colectivo y busca evitar que agricultores pierdan derechos por incumplimientos administrativos formales
El Congreso despachó a ley el proyecto que extiende los plazos para regularizar e inscribir derechos de aprovechamiento de aguas, una modificación que impacta especialmente a pequeños agricultores, regantes y organizaciones rurales que aún no completan los trámites exigidos por la reforma al Código de Aguas.
La regla general quedará fijada en el 6 de abril de 2032, cinco años más que el plazo vigente, establecido en abril de 2027 por la Ley 21.727. La extensión comprende la regularización de derechos consuetudinarios, su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y el registro ante la Dirección General de Aguas.
Un plazo especial para pequeños agricultores
El texto mantiene una protección adicional para los pequeños productores agrícolas definidos en la Ley 18.910, quienes dispondrán hasta el 6 de abril de 2033 para completar la inscripción de derechos aún no formalizados. Con ello se recupera el diferencial contemplado originalmente por la reforma de 2022.
La ampliación también responde al volumen de trámites acumulados. Ante el Congreso, la DGA informó que al 24 de marzo de 2026 mantenía 28.645 expedientes pendientes en su área de administración de recursos hídricos y estimó que alrededor de 193 mil derechos seguían pendientes de regularización, frente a unos 158 mil ya inscritos.
Ese rezago explica por qué el plazo terminó avanzando más allá de 2030, fecha propuesta en las mociones originales. La DGA recomendó llegar a 2032 para evitar que el vencimiento coincidiera prácticamente con un cambio de gobierno y concentrara una carga administrativa crítica.
Organizaciones podrán tramitar de forma colectiva
Durante la tramitación en el Senado se incorporó un procedimiento para que organizaciones de usuarios de aguas puedan solicitar ante la DGA la regularización colectiva de derechos de sus integrantes, previo acuerdo de dos tercios de los votos emitidos en junta extraordinaria y respecto de comuneros al día en sus obligaciones.
La medida busca reducir barreras que han afectado especialmente a zonas rurales, entre ellas costos, conectividad y complejidad documental. La falta de inscripción en el Conservador puede derivar en la caducidad del derecho, mientras que no registrarlo en el Catastro Público de Aguas expone a sanciones.
Con el despacho del Congreso, la iniciativa queda pendiente de promulgación y publicación. El nuevo margen entrega tiempo adicional, pero su efecto dependerá de la capacidad de la DGA, los conservadores y los organismos de apoyo para transformar la prórroga en regularizaciones efectivas.
