El vicepresidente indígena del PPD y exembajador en Guatemala cuestiona la reforma de seguridad del Gobierno, advierte riesgos para los contrapesos democráticos y plantea que la respuesta al crimen organizado debe incorporar persecución financiera y capacidades policiales
Por Daisy Castillo Triviños
La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast abrió un nuevo frente político en el Congreso. Entre sus principales componentes está la creación de un Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, diseñado para enfrentar amenazas graves vinculadas al crimen organizado.
La propuesta permite al Presidente decretar la medida inicialmente por hasta 120 días y prorrogarla por otro período equivalente. Las extensiones posteriores requerirían acuerdo del Congreso, lo que permitiría mantener el régimen durante hasta 240 días antes de una nueva autorización parlamentaria, uno de los puntos que concentra los principales reparos al proyecto. El alcance de las nuevas facultades que entregaría la reforma al Ejecutivo ya abrió diferencias respecto de la duración y los controles políticos de la medida.
En ese debate, Domingo Namuncura, vicepresidente indígena del PPD, exdirector de la Conadi y exembajador de Chile en Guatemala, plantea una mirada crítica sobre la iniciativa.
En conversación con Poderyliderazgo.cl aborda los límites del estado de excepción, la persecución financiera del crimen organizado, sus efectos sobre los pueblos indígenas y la capacidad del sistema político para construir acuerdos. Namuncura es actualmente vicepresidente indígena de la colectividad y fue el primer chileno de origen mapuche designado embajador.
Los límites del poder excepcional
¿Qué riesgos advierte en la posibilidad de prolongar este nuevo estado de excepción sin una intervención permanente del Congreso?
En primera instancia, hay una clara amenaza y luego un grave intento de normalización autoritaria de una herramienta constitucional que, en esencia, tiene un carácter temporal. La mirada del mundo conservador hoy es ubicar el tema de seguridad como un escenario de guerra interna, ignorando u omitiendo que antes del inicio del actual gobierno, el Congreso ya había resuelto mediante varias leyes lo que es correcto aplicar y en lo que no se ha sido hoy suficientemente eficiente.
Los ilícitos existen, no sólo a nivel del narcotráfico, las bandas, etc. También hay otros hechos que tienen que ver con la corrupción en distintos niveles. Y Chile cuenta con legislaciones adecuadas para enfrentar con mayor decisión aquello que debilita la seguridad.
Por ejemplo: si las fuerzas policiales no cuentan con suficiente dotación y suficientes recursos para reparar rápidamente su transporte y lograr que en los retenes puedan responder con rapidez y no después de una o dos horas de las denuncias, ¿eso es por qué se requieren más estados excepcionales o por qué no se invierten los recursos que las mismas fuerzas policiales solicitan?
Como referente mapuche y exdirector de la Conadi, ¿qué efectos podría tener una aplicación prolongada de esta herramienta sobre las comunidades indígenas y la protesta social?
La protesta social y política de los Pueblos Indígenas no sólo en Chile, sino que también en otros países del continente, requiere que el Estado y los gobiernos y parlamentos reaccionen con una mirada constructiva, respecto de los derechos adquiridos en democracia.
Pero, si se hace caso omiso de las conquistas logradas y se busca sortear las demandas con políticas limitadas y, además, se agregan Estados de Excepción prolongados y con mayores atribuciones represivas, no debiera sorprender al país que dicha protesta adquiera un tono mayor y, por tanto, se torne en conflictos constantes.
La historia demuestra que cuando los gobiernos no saben responder a las demandas sociales, tarde o temprano y a veces al revés, las sociedades, movimientos sociales, laborales y estudiantiles asumen una ofensiva mayor.
Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric fueron escasos los parlamentos indígenas y, el proyecto de consulta luego del informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, comenzó a ser rechazado en la consulta indígena del sur hasta el momento en que el gobierno debió suspenderla. Con el actual gobierno la situación es más grave.
No sólo no se ha planteado ningún diálogo con las autoridades ancestrales indígenas. Se han eliminado varios programas y servicios que costó mucho instalarlos en los ministerios, se redujo drásticamente el presupuesto de la Conadi, especialmente, en materia de compra de tierras. La señal es que el gobierno no apoya el desarrollo indígena.
Y un ministro de Estado (Fernando Barros, en Defensa) declara sin pudor que hay que deshacerse de la Ley Indígena, del Convenio 169 y de los tratados internacionales sobre derechos indígenas apuntando a que estas legislaciones “son una amenaza” para el desarrollo y la seguridad nacional. Ni en los gobiernos del presidente Piñera se habían atrevido a tanto.
En consecuencia, no debería ser extraño que los puentes construidos antes en varios gobiernos democráticos estén hoy en un delicado proceso de destrucción.
Congreso y contrapesos democráticos
Desde su experiencia diplomática y en materia de derechos humanos, ¿qué implica para los contrapesos democráticos limitar la intervención del Congreso durante los primeros períodos de aplicación de la medida?
Depende del tipo de Congreso. Ya hemos visto que para aprobar la megarreforma el gobierno actual luchó para ordenar sus bancadas y sólo alcanzó el mínimo necesario para aprobarla. Es decir, ese proyecto sólo cuenta con una mayoría esmirriada, y aquello no le confiere suficiente legitimidad ante el país. Es un triunfo pírrico.
Entonces, tenemos un Parlamento en que un sector con una votación limitada demuestra que puede hacer lo que quiera, en desmedro de una experiencia histórica de construcción de consensos políticos que abrieron importantes caminos de desarrollo.
La Ley Indígena N°19.253, el Convenio 169 y los tratados internacionales en materia de derechos indígenas sobre los cuales el ministro Barros ha puesto una mirada telescópica para impactar fueron aprobados por consensos del Congreso. Es decir, fue una decisión legítima, ampliamente democrática.
Hoy, muchas conquistas sociales están amenazadas y es razonable que la sociedad comience a tomar conciencia que la pérdida de derechos es una fuente de conflictos.
Seguridad, crimen organizado y ruta del dinero
El Ejecutivo sostiene que el crimen organizado opera como un “Estado paralelo”. ¿La ampliación de estas facultades entrega una respuesta efectiva de seguridad o observa también una dimensión política en la propuesta?
Hay un poder paralelo radicado en la delincuencia. Y es menester, justo y necesario atacarlo con todas las leyes vigentes e, incluso, creando nuevas herramientas legales como el acceso a las cuentas financieras de personas, grupos y asociaciones delictivas involucradas.
Usted corta los flujos de dinero ilícito y, eso, es un importante avance para ir derrotando la delincuencia. Pero si no lo hace o lo evita tenemos derecho a preguntarnos, ¿por qué será?, ¿para proteger otros tipos de flujos secretos?
Existen también otros ilícitos: fraudes, estafas, empresas ficticias. Lo que se denomina como “delitos de cuello y corbata”. Ahí, también existe una forma de Estado paralelo de carácter criminal. Lo que uno observa es que las modalidades de delitos en Chile han experimentado múltiples variaciones.
Pues bien, una política de Estado en favor de seguridad debe extenderse a todas. Si el énfasis sólo se pone en la lucha contra diferentes modalidades del crimen organizado también podría obedecer a una mirada ideológica y política: es conveniente que la sociedad viva en estado de temor e incertidumbre, porque podemos levantar el discurso de la violencia radical, del extremismo ideológico, para atacarlo y poner en marcha o a destiempo las medidas que la sociedad reclama como urgente y como no va a resultar del todo.
Entonces habrá mayor demanda de medidas extremas de seguridad, reclamo para más cárceles, protección en las calles, porque el miedo tiene un potencial político. Sabemos de la historia de regímenes autoritarios para quienes el uso del miedo se ha convertido en un arma política formidable.
Gobierno, PPD y oposición
¿Cuál es la mirada que observa hoy en el PPD frente a la reforma y qué posibilidades existen de construir acuerdos entre Gobierno y oposición?
Las decisiones directas de estos temas se están resolviendo en el Congreso. Ahí, está el nudo de estos procesos. Ya vemos cómo las bancadas parlamentarias entran en escena y sus decisiones concitan mucho debate.
Los partidos políticos, en general, y el PPD en particular, deberían apuntar a una construcción de estrategias y propuestas para sostener la democracia y el Estado de derecho con el respaldo de principios democráticos. Desde los inicios de la reforma constitucional, hemos coincidido en diversos temas con el conjunto de la oposición y esto ha requerido muchas conversaciones entre los parlamentarios y la dirección política del PPD.
Son temas complejos en donde lo que se mueve es la aguja entre posturas radicales de rechazo; otras, intermedias, buscando valorar lo que mejor se acerque a un Estado democrático de derechos, mientras que, en sectores conservadores, particularmente, más extremos, incluso, se busca endurecer las propuestas del gobierno.
Todo esto demuestra que los temas que se tratan son de extrema relevancia y el gobierno, principalmente, no ha tenido la capacidad de construir consensos, porque no quiere hacerlo.
Dicen: mire, para aprobar la reforma tenemos los votos suficientes y, claro, aceptamos con gusto que algunos votos vengan de la oposición. Es decir, ellos se miran a sí mismos, no miran a la nación en su conjunto. Con esa lógica es difícil construir un consenso de Estado.
Una reforma que pondrá a prueba eficacia y controles
Las respuestas de Domingo Namuncura dejan planteado un problema que excede la duración del nuevo estado de excepción. Su crítica apunta a cómo el Estado combina atribuciones extraordinarias, controles institucionales y herramientas concretas para enfrentar al crimen organizado, especialmente cuando, como advierte, la seguridad también exige seguir la ruta del dinero y fortalecer las capacidades policiales.
Desde esa perspectiva, la tramitación de la reforma no sólo medirá cuánto poder excepcional está dispuesto a entregar el sistema político, sino también si esas nuevas facultades se traducen efectivamente en mayor seguridad. Para Namuncura, esa respuesta deberá convivir con contrapesos democráticos, resguardo de derechos y una capacidad de construir acuerdos que evite convertir la excepcionalidad en una fórmula permanente.
