El Ejecutivo impugnó la norma que repone servicios sin costo en zonas de catástrofe. Karol Cariola acusa a Jorge Quiroz de incumplir su palabra, mientras el vocero Claudio Alvarado reconoció que desconocía la presentación ante el TC
Cuando la megarreforma parecía acercarse nuevamente al cierre de su tramitación, el propio Gobierno abrió un cuarto frente ante el Tribunal Constitucional. El Presidente José Antonio Kast recurrió al organismo para impugnar el artículo 31, que obliga a las empresas distribuidoras a reconectar gratuitamente servicios básicos a hogares y mipymes afectados por cortes asociados a deudas en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La disposición alcanza a familias y pequeños negocios afectados por los incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío, y establece plazos máximos de 24 horas para reponer agua potable y alcantarillado y de 48 horas para electricidad y gas. Además, impide cobrar por la reconexión o exigir previamente el pago de las obligaciones pendientes.
El movimiento tiene una diferencia política respecto de los otros conflictos constitucionales abiertos por la megarreforma. Los tres requerimientos anteriores fueron promovidos por parlamentarios de oposición. El cuarto proviene del propio Ejecutivo, que ahora pide retirar una disposición incorporada durante la tramitación de una de sus principales reformas.
La controversia rápidamente superó el debate jurídico. Mientras Hacienda defendía las razones para recurrir al TC, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, reconoció que desconocía la presentación realizada por el propio Ejecutivo. “Esa es una información que yo no la tenía, así que por lo tanto no me voy a referir a las cosas que no dispongo de la información”, admitió ante la prensa en el Congreso, antes de respaldar la conducción de Hacienda en la tramitación de la megarreforma.
Quiroz defiende la vía constitucional
El artículo tuvo su origen en una indicación presentada por la diputada Sofía González, del Partido Comunista. Hacienda había formulado una reserva de constitucionalidad durante su discusión, pero la disposición no fue incluida entre los tres vetos presentados posteriormente por el Gobierno.
El requerimiento presidencial sostiene que la norma no guarda relación directa con las ideas matrices del proyecto original y que, por ello, vulneraría el artículo 69 de la Constitución. Jorge Quiroz recordó que había advertido esa situación durante la tramitación y resumió la posición del Ejecutivo señalando que “esto está fuera de idea matriz”.
La objeción, sin embargo, no implica que Hacienda descarte una protección especial para las familias afectadas por catástrofes. “No estamos cerrados a que se haga algún tipo de norma especial para el tipo catástrofe, pero que se redacte bien”, sostuvo Quiroz, abriendo la posibilidad de abordar posteriormente la materia mediante otra fórmula legislativa.
La decisión de acudir al TC también respondió a los tiempos del Ejecutivo. “Nos interesa ir rápido con el proyecto de ley”, explicó el ministro, reconociendo que una nueva observación presidencial habría prolongado el recorrido de una iniciativa que La Moneda busca cerrar después de meses de negociaciones y controversias.
Cariola pone el foco en la palabra de Quiroz
Desde la oposición, Karol Cariola trasladó la controversia desde la constitucionalidad hacia la confianza política. La senadora por Valparaíso aseguró que Quiroz le había comunicado personalmente que la disposición no sería vetada porque el Ejecutivo compartía el espíritu de garantizar servicios básicos durante una emergencia.
“Él asumió un compromiso en algún momento de no vetar esta indicación. Me lo dijo a mí personalmente”, sostuvo Cariola, cuestionando que una norma efectivamente excluida de las observaciones presidenciales termine ahora siendo impugnada mediante otra vía.
Para la parlamentaria, el conflicto también tiene consecuencias directas sobre los damnificados. “No solamente hay un incumplimiento de la palabra del ministro, sino que, además, con esto se atenta contra cuestiones que son fundamentales”, afirmó, advirtiendo que acudir al TC retrasa una protección destinada a familias afectadas por emergencias.
Cariola anunció que defenderán la disposición ante el Tribunal Constitucional y cuestionó el argumento de las ideas matrices, considerando que durante su tramitación la megarreforma terminó incorporando materias de distinta naturaleza.
Una prueba para la conducción política
Más allá de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, la controversia deja una cuestión más profunda para La Moneda: cómo administrar reformas complejas sin que la urgencia por cerrar su tramitación termine debilitando la coordinación interna y la confianza construida con el Congreso. La megarreforma ya no pone a prueba solamente la capacidad técnica del Ejecutivo, sino también la forma en que ordena y comunica sus decisiones políticas.
El desafío será evitar que cada diferencia legislativa derive en un nuevo conflicto institucional. Si el Gobierno quiere convertir esta reforma en una señal de capacidad de conducción, deberá combinar velocidad, coherencia política y cumplimiento de los compromisos construidos durante la negociación, especialmente cuando sus decisiones inciden directamente sobre familias y territorios afectados por emergencias.
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