La moción establece nuevas figuras para identificar redes coordinadas inauténticas, delimita su diferencia con usos legítimos de herramientas digitales y extiende el control a campañas electorales, financiamiento político y eventual responsabilidad penal de personas jurídicas en Chile
La utilización de redes de cuentas automatizadas para instalar artificialmente apoyo, rechazo o adhesión a determinadas posiciones podría pasar a tener consecuencias penales en Chile. Un grupo transversal de senadores presentó una moción que busca sancionar la manipulación digital de la opinión pública mediante las denominadas “granjas de bots” y otras redes coordinadas inauténticas.
La iniciativa corresponde al boletín 18.642-07, ingresado el 9 de septiembre por las senadoras Camila Flores, Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda y Paulina Vodanovic, junto al senador Matías Walker. Actualmente se encuentra en tramitación y fue derivado a la Comisión de Constitución del Senado.
El proyecto aparece cuando el papel de las cuentas automatizadas ya forma parte del debate político chileno. Una reciente medición de Criteria sobre bots y elecciones mostró que 59% de los consultados cree que estas herramientas influyen mucho o bastante en la decisión de voto, mientras 62% percibe una presencia alta de bots durante períodos electorales.
Qué busca sancionar el proyecto
La propuesta no apunta a castigar el uso de automatización digital por sí mismo. El foco está puesto en la creación, organización, financiamiento, contratación, administración o utilización de una “red coordinada inauténtica” destinada a inducir a terceros a error sobre la existencia, magnitud, origen o espontaneidad de un determinado apoyo, rechazo o participación ciudadana.
Para esa conducta, la moción propone presidio menor en sus grados medio a máximo y multas de 20 a 100 UTM. El elemento central sería la intención de fabricar una apariencia engañosa de participación independiente mediante cuentas que, en realidad, responden a una dirección o control común.
| Figura | Qué considera el proyecto | Elemento clave | Consecuencia propuesta |
|---|---|---|---|
| Manipulación digital inauténtica | Uso coordinado de identidades digitales para inducir a error | Simular respaldo, rechazo o participación ciudadana | Presidio menor medio a máximo y 20 a 100 UTM |
| Cuenta automatizada | Perfil cuya actividad opera total o sustancialmente mediante sistemas automatizados | Automatización de publicaciones o interacciones | No constituye delito por sí sola |
| Cuenta ficticia | Identidad que aparenta pertenecer a una persona inexistente o distinta de quien la controla | Engaño sobre la identidad | Se evalúa dentro de la operación coordinada |
| Red coordinada inauténtica | Conjunto de cuentas sometidas a dirección común deliberadamente oculta | Simular múltiples ciudadanos independientes | Base de la nueva figura penal |
La discusión, por tanto, se desplaza desde la existencia de bots hacia quién los controla, con qué grado de coordinación y para qué finalidad son utilizados. En una entrevista reciente, el especialista Ariel Jeria advertía que el efecto más documentado de estas operaciones no necesariamente consiste en cambiar directamente un voto, sino en modificar la agenda y fabricar percepciones de mayoría.
El propio proyecto intenta establecer esa frontera. El uso de seudónimos, nombres artísticos, cuentas de parodia o identidades virtuales no transformaría automáticamente una cuenta en ficticia. Para configurar la conducta sancionada debe existir coordinación oculta, operación masiva o sistemática y el propósito de presentar como espontánea una pluralidad ciudadana que no existe.
Elecciones, plebiscitos y gasto electoral
La moción entrega especial relevancia a la utilización de estas redes durante elecciones y plebiscitos. Según los antecedentes oficiales del proyecto, la conducta tendría una regulación agravada cuando tenga como propósito favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos u opciones sometidas a votación.
La propuesta también busca conectar estas operaciones con las reglas de gasto electoral, de manera que el financiamiento de servicios destinados a desplegar redes coordinadas inauténticas no quede fuera de los mecanismos de control aplicables a campañas. Asimismo, incorpora estas conductas al régimen de delitos económicos y contempla responsabilidad penal de personas jurídicas bajo los presupuestos establecidos por la legislación.
El debate legislativo se cruza con otra línea abierta en el Congreso. A comienzos de septiembre, la Cámara aprobó una comisión investigadora sobre bots y procesos electorales, destinada a revisar cómo han respondido los organismos públicos ante cuentas automatizadas, redes coordinadas, desinformación e inteligencia artificial utilizadas en elecciones y plebiscitos desde 2020.
La frontera con la libertad de expresión
Uno de los puntos que deberá resolver la Comisión de Constitución será cómo diferenciar una operación digital fraudulenta de formas legítimas de organización política y expresión ciudadana. El texto presentado busca hacer esa separación mediante elementos como el ocultamiento deliberado del control común, la coordinación sistemática y la intención de engañar respecto de la existencia de múltiples personas independientes.
Los autores sostienen que el bien protegido no sería impedir que terceros expresen opiniones políticas, sino evitar el falseamiento deliberado de la realidad social sobre la cual los ciudadanos forman sus decisiones. Al mismo tiempo, el proyecto declara expresamente como uno de sus objetivos resguardar la libertad de expresión y distinguirla de la manipulación coordinada inauténtica.
La iniciativa recién comienza su recorrido legislativo. La discusión en comisión deberá definir el alcance preciso de las conductas, los estándares necesarios para acreditar coordinación y ocultamiento, la relación con las normas electorales y las garantías que impidan que una regulación destinada a perseguir operaciones artificiales termine alcanzando expresiones digitales legítimas.
El resultado podría abrir un nuevo capítulo regulatorio para la comunicación política en Chile. Más allá de la tecnología utilizada, el debate de fondo estará en determinar cuándo una estrategia digital deja de amplificar legítimamente una posición y comienza a construir deliberadamente una representación falsa de la opinión pública.
