El legislador por la Región de Coquimbo detalla su mirada sobre el rumbo del Ejecutivo, cuestiona decisiones económicas y aborda temas como probidad, comunicación política y vínculos internacionales, delineando una estrategia de fiscalización que busca incidir en la agenda pública
Por Daisy Castillo Triviños
El diputado Daniel Manouchehri Lobos es una de las voces más activas frente al gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, su estilo ha sido objeto de críticas recurrentes y sus detractores argumentan que sus denuncias públicas responden a una estrategia de búsqueda de protagonismo más que a un ejercicio genuino de fiscalización parlamentaria.
A la hora de poner en tela de juicio, las estrategias impulsadas por el presidente Kast, Manouchehri combina la fiscalización técnica con acusaciones de alto impacto mediático, enfocándose principalmente en la probidad, los vínculos internacionales del mandatario y la justicia tributaria.
Poderyliderazgo.cl conversó con el abogado y militante del Partido Socialista para conocer cuál es la visión que, hasta ahora, tiene de cómo el gobierno ha enfrentado ya pasado un poco más de un mes a cargo de la administración del país.
Manouchehri fue el diputado más votado de Chile en las elecciones parlamentarias de 2025, con 94.501 votos, además de convertirse en la primera mayoría histórica de su región, un respaldo ciudadano que resulta clave para dimensionar el peso de su mirada y el alcance de sus definiciones políticas.
¿El presidente, José Antonio Kast, ha cumplido con las expectativas?
Chile está peor que hace 40 días. Con el costo de vida más alto, por responsabilidad política del gobierno, y con mayor cantidad de delitos. Se ve una línea clara de lo que será este gobierno, foco en el 1% más rico a costa del 99% de los chilenos.
¿Considera que el Ejecutivo se ha dejado llevar por su “dogmatismo fiscal” al negarse a utilizar mecanismos estatales más agresivos o subsidios directos para amortiguar el alza, bajo el argumento de no generar déficit?
El gobierno tiene plata para bajarle impuestos a las grandes empresas, pero no para amortiguar el alza de la bencina. Eso no es prudencia fiscal, es una elección política. Cuidan al 1% y le pasan la cuenta al resto.
¿Qué le hace falta al gobierno para trabajar con mayor celeridad?
El gobierno debe salir de la campaña y dedicarse a gobernar. Vemos a un presidente que, a veces, parece más cómodo en el mitin que en la gestión. Chile necesita decisiones, no consignas.
Usted ha culpado directamente al Ministro de Hacienda por el ‘bencinazo’ al no aplicar el MEPCO. Sin embargo, el Gobierno argumenta que heredaron un ‘Estado en quiebra’. ¿Es esa frase una realidad técnica o, como usted ha dicho, una ‘fake news institucional’ para justificar el ajuste?
Lo del ‘Estado en quiebra’ no sólo es falso políticamente, ahora la Contraloría lo dejó establecido al instruir el primer sumario contra el gobierno de Kast por mentirle al país usando recursos públicos. La Contraloría determinó que no se puede acreditar esta ‘quiebra’.
Acá no hay un error comunicacional, hay un patrón de mentira para justificar ajustes como el ‘bencinazo’ y cargarle la mano a la gente. Y si se diseñó y ejecutó una operación comunicacional con plata de todos los chilenos para instalar una falsedad, los responsables políticos tienen que asumir. Cristián Valenzuela y el director de la SECOM deben renunciar.
A su juicio, la Reforma Tributaria es un regalo de US$4.000 millones al 1% más rico. Si el Gobierno lograra amarrar esos beneficios a compromisos de inversión obligatorios, ¿estaría el PS dispuesto a legislar o la ‘línea roja’ es la recaudación fiscal per se?
El problema no es sólo si se le pone una letra chica de inversión. El problema es que estamos hablando de una rebaja estructural de recaudación que puede llegar a más de US$4.000 millones y que beneficia principalmente al 1% más rico.
Si el gobierno quiere discutir crecimiento, conversemos de pymes, ciencia, tecnología, nueva industria y mejores salarios. Pero no vamos a validar una reforma regresiva que debilita los derechos sociales para hacerle un regalo permanente a los grandes grupos económicos.
Usted ha dicho que la imagen de la vocera (Mara Sedini) evitando a los periodistas simboliza al Gobierno. ¿Cree que hay un diseño comunicacional para aislar a los ministros del escrutinio público o es simplemente falta de
experiencia política del gabinete?
Creo que hay una mezcla de falta de experiencia y una decisión política de controlar el relato evitando preguntas incómodas. Pero un gobierno democrático no puede esconderse de la prensa. Cuando una vocera evita a los periodistas, cuando los ministros no responden con claridad, lo que se transmite es temor al escrutinio público. Y eso es grave, porque gobernar no es sólo anunciar cosas, es dar explicaciones al país.
Sobre la llamada “Trama Húngara”, ha pedido aclarar los vínculos con Hungría. ¿Tiene antecedentes concretos de que fondos públicos extranjeros ingresaron a la política chilena, o su denuncia busca forzar una transparencia preventiva?
Lo que estamos pidiendo es transparencia preventiva frente a antecedentes graves. La red internacional de ultraderecha que presidió José Antonio Kast está siendo investigada en Hungría por presunto uso irregular de recursos públicos. Además, ya existen precedentes en Europa, como el financiamiento asociado a Vox.
Entonces, la pregunta es legítima, ¿hubo aportes, apoyo logístico o influencia de esa red en Chile? Si no hay nada que ocultar, el presidente debiera aclararlo.
Respecto a su exigencia de aclarar los vínculos de Kast con las redes de Viktor Orbán en Hungría: ¿Qué sospecha específica tiene? ¿Cree que el modelo de ‘democracia iliberal’ húngaro es el que el Partido Republicano intenta importar a Chile?
Mi preocupación es política e institucional. Kast tuvo una cercanía pública con Viktor Orbán y con una red internacional que promueve un modelo de democracia iliberal: concentración de poder, debilitamiento de contrapesos, ataque a derechos de mujeres y minorías, y captura de instituciones. Chile tiene que saber si ese es el modelo que quieren importar.
Ante un gobierno con mayorías legislativas sólidas, ¿cuál es la estrategia real del socialismo? ¿Ser una fuerza de veto o construir una alternativa que logre encantar a ese electorado que hoy parece cómodo con el modelo de Kast?
El socialismo no puede ser sólo una fuerza de veto. Tenemos que fiscalizar con firmeza, frenar retrocesos y, al mismo tiempo, construir una alternativa seria para Chile. La gente quiere que como oposición defendamos sus derechos, pero también que propongamos soluciones en seguridad, empleo, salud y costo de vida.
Nuestra tarea es demostrar que hay otro camino, que es el crecimiento con justicia, seguridad con inteligencia y desarrollo sin abandonar a la clase media ni a los sectores populares.
Dentro de su propio sector, figuras como Francisco Vidal lo han tildado de ‘quisquilloso’ por su estilo de fiscalización. ¿Se siente cómodo en el rol de ‘perro guardián’ aunque eso signifique tensionar la unidad de la centro-izquierda que busca ser más moderada?
A nosotros nos eligieron para fiscalizar. Cuando hay abusos, corrupción o mentiras, uno no puede hacerse el leso para parecer más moderado. La unidad de la centroizquierda no se construye escondiendo los problemas, se construye con convicción, con coraje y con claridad frente a la ciudadanía.
Yo fiscalizo, porque cumplir la ley no es opcional, y porque Chile necesita una oposición que no tenga
miedo de enfrentar al poder.
Entre la fiscalización y la construcción de liderazgo político
Más allá de la intensidad de sus declaraciones, las definiciones de Daniel Manouchehri reflejan una estrategia opositora que busca instalar temas en la agenda pública con alto impacto político.
La crítica al manejo económico, la presión sobre el relato gubernamental y el foco en la probidad configuran un frente de fiscalización que apunta a tensionar al Ejecutivo en sus primeras semanas de gestión.
El escenario que se abre es exigente para ambos sectores. Mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos en seguridad, economía y comunicación política, la oposición deberá demostrar que su rol no se limita a la denuncia, sino que también es capaz de construir una alternativa creíble y competitiva frente a la ciudadanía.
