El organismo fiscalizador advirtió falta de sustento técnico en mensajes difundidos por la Secretaría General de Gobierno y ordenó corregir prácticas comunicacionales, en un caso que reabre el debate sobre el uso de redes sociales en instituciones públicas.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un pronunciamiento respecto de una serie de publicaciones realizadas por la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) en redes sociales, tras denuncias que cuestionaron el contenido y el lenguaje utilizado por el organismo en marzo pasado.
El caso vuelve a instalar el debate sobre el uso de redes sociales en el Estado y los límites de la comunicación institucional en Chile, especialmente cuando se trata de contenidos dirigidos a la ciudadanía.
Alcances del pronunciamiento
En su análisis jurídico, la Contraloría reconoció que el ministerio tiene la facultad de informar a través de redes sociales, incluyendo el uso de lenguaje cotidiano, siempre que estas comunicaciones se ajusten a las funciones propias del servicio y a lo establecido en la normativa vigente.
En ese marco, el organismo precisó que estas acciones deben ceñirse a lo dispuesto en la legislación, indicando que su finalidad es “dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales”, delimitando así el alcance de este tipo de publicaciones.
Cuestionamientos al contenido difundido
El informe de la CGR puso el foco en el contenido específico de los mensajes, señalando que el servicio no logró justificar adecuadamente su redacción. En particular, se advirtió que “no pudo sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”, lo que cuestiona la base técnica de la comunicación.
Además, el propio ministerio reconoció que el contenido difundido no cumplió con los estándares exigidos, admitiendo que el lenguaje utilizado pudo generar confusión en la ciudadanía. Esta situación derivó en el retiro de las publicaciones, reforzando el impacto del caso en materia de transparencia pública.
Medidas y responsabilidades administrativas
Tras el análisis, la Contraloría instruyó la adopción de medidas correctivas para evitar la repetición de este tipo de situaciones, estableciendo un marco más estricto para futuras comunicaciones oficiales.
En esa línea, el organismo ordenó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, lo que se enmarca en los procedimientos de control de gestión pública y en la necesidad de resguardar el correcto uso de canales institucionales.
Asimismo, se estableció un plazo de cinco días hábiles para informar sobre el avance de estas acciones, reforzando la exigencia de rendición de cuentas frente al organismo fiscalizador.
Un precedente en la comunicación del Estado
El pronunciamiento de la CGR introduce un precedente relevante respecto del uso de redes sociales por parte de organismos públicos, en un escenario donde estas plataformas se han consolidado como canales directos de comunicación con la ciudadanía.
La discusión se desplaza así hacia los límites entre cercanía comunicacional y rigurosidad institucional, en un espacio donde el lenguaje, el contenido y la intención de los mensajes comienzan a ser objeto de mayor escrutinio.
El caso también deja abierta una pregunta sobre cómo las instituciones equilibran la necesidad de comunicar de manera accesible con la obligación de mantener estándares técnicos y jurídicos en sus mensajes, en un entorno donde la comunicación digital se vuelve cada vez más relevante.
