La suspensión preventiva del proyecto de El Teniente obliga a buscar alternativas para 2.400 trabajadores, mientras autoridades regionales advierten efectos sobre contratistas, proveedores y una economía que ya enfrenta un complejo escenario laboral
La paralización de Andes Norte en la División El Teniente ya no será una contingencia de corto plazo. Codelco confirmó ante la Comisión de Minería y Energía del Senado que el proyecto deberá postergarse hasta 2029, pese a que estaba próximo a entrar en producción.
La decisión abre un problema laboral inmediato. De unas 3.100 personas inicialmente vinculadas a las faenas, cerca de 700 tenían contratos que terminaban durante este período. Para las 2.400 restantes, la estatal deberá encontrar alternativas y estima que alrededor de 700 podrían ser reubicadas dentro de El Teniente.
La noticia golpea especialmente a O’Higgins, donde la tasa de desocupación alcanzó 10,4% durante el trimestre abril a junio de 2026. La inquietud se extiende además hacia contratistas, proveedores y servicios que dependen en distintos grados de la actividad minera, en momentos en que Codelco enfrenta simultáneamente presiones por producción, deuda y control operacional.
Las señales que llevaron a detener Andes Norte
Cuando Codelco anunció la suspensión preventiva de Andes Norte por riesgo sísmico, la medida fue presentada como una decisión de seguridad mientras avanzaban nuevos estudios geomecánicos. La empresa explicó que los desarrollos más profundos de la mina habían comenzado a mostrar comportamientos que requerían una caracterización distinta.
Ante el Senado, ejecutivos de la estatal detallaron que desde 2015 comenzaron a construirse sectores profundos como Andesita, Andes Norte y Diamante. En una primera etapa apareció una sismicidad vinculada a la construcción de túneles, pero durante 2023 y 2025 comenzaron a observarse fenómenos de otra escala, asociados también a características tectónicas del distrito.
Después del accidente de julio de 2025, que provocó la muerte de seis trabajadores, la empresa reforzó sus sistemas de monitoreo y profundizó los estudios sobre sismicidad. Un nuevo evento registrado a mediados de julio de este año terminó por inclinar la decisión hacia la suspensión de la exposición de trabajadores en el sector.
La discusión en el Senado no cuestionó la necesidad de privilegiar la seguridad. Las preguntas apuntaron a otro problema: desde cuándo Codelco conocía estas señales y qué antecedentes existían antes del accidente de 2025.
El Senado pone la lupa sobre las alertas previas
El senador por O’Higgins Juan Luis Castro recordó que en julio de 2023 ya se había registrado un episodio sísmico que dejó trabajadores aislados, aunque sin víctimas fatales. Para el parlamentario, ese antecedente obliga a revisar con detalle la información geomecánica disponible antes de la paralización actual.
“Los informes geomecánicos nos hablan de un epicentro. Entonces nos llama la atención y nos preocupa. ¿Hasta qué punto había indicios del comportamiento de la mina?”, preguntó Castro durante la sesión de la Comisión.
También desde O’Higgins, el senador Javier Macaya valoró que la compañía optara esta vez por detener preventivamente las faenas, especialmente a un año de la muerte de seis trabajadores contratistas. Junto con respaldar la medida, puso el foco en las consecuencias laborales que puede generar una paralización prolongada.
“Entiendo que esto aún lo investiga el Ministerio Público y si hay errores anteriores de Codelco, deberán hacerse cargo las autoridades actuales. Ahora asumo que hay plan extraordinario de mitigación laboral, con reubicación de contratistas”, señaló.
El senador Daniel Núñez amplió las dudas hacia otros desarrollos profundos de El Teniente y preguntó qué ocurrirá si los problemas detectados no se limitan únicamente a Andes Norte.
“¿Desde cuándo se sabe la situación de sismicidad, de la administración anterior? ¿Qué va a pasar con Andesita, Recursos Norte y Diamante? ¿Qué pasa si esta paralización se extiende? ¿Va implicar el término de contrato? Una opción es que los reubiquen en El Teniente u otros lugares”, planteó.
La senadora por O’Higgins Alejandra Sepúlveda volvió sobre el accidente de 2025 y la demanda de las familias por conocer qué ocurrió. “Hace un año estábamos llorando la pérdida de 6 trabajadores y lo único que nos pidieron las familias es que se sepa la verdad. Sernageomin fue lapidario en su informe. Quisiera saber por los contratos vigentes, cuánto duran y qué ocurre con los que vencen”.
La presidenta de la Comisión, Yasna Provoste, cuestionó a su vez el período utilizado para analizar la evolución de la sismicidad y planteó que podrían existir antecedentes anteriores a 2023 que todavía deben ser esclarecidos.
“Se dijo que usaron una ventana de 2 años para evaluar los sismos, pero eso es muy limitado. Al parecer hubo advertencias antes del 2023. Ahora valoro que se proteja a todos los trabajadores independiente de su condición contractual”, sostuvo.
La preocupación se extiende por O’Higgins
La inquietud territorial había comenzado antes de conocerse el horizonte de 2029. Tras el anuncio inicial de la suspensión, el gobernador regional Pablo Silva Amaya advirtió que una paralización de esta magnitud llegaba en un momento especialmente complejo para el empleo regional y pidió anticipar medidas para contener sus consecuencias.
“Nos preocupa fuertemente a la región de O’Higgins”, sostuvo Silva, poniendo el acento en las personas que podían verse afectadas directa e indirectamente. La confirmación de una postergación de varios años hace que esa preocupación deje de estar asociada a una suspensión transitoria.
En Rancagua, el alcalde Raimundo Agliati llevó la discusión más allá de los trabajadores que ingresan diariamente a la mina. A su juicio, detrás de El Teniente existe una cadena económica que incluye familias, empresas contratistas, proveedores, transporte, comercio y servicios.
“Lo que ocurre en la mina no queda dentro de la mina”, resumió Agliati. Su advertencia apunta precisamente al efecto que puede generar una paralización prolongada en una ciudad y una región estrechamente vinculadas a la actividad de El Teniente.
Desde Machalí, el alcalde Juan Carlos Abud calificó la suspensión como “una muy mala noticia” para la comuna, O’Higgins y el país. Entre sus principales preocupaciones mencionó el eventual aumento de la cesantía y el impacto sobre empresas que proyectaban incorporarse a los nuevos desarrollos de la división.
Abud también ha sido enfático en que cualquier decisión futura debe mantener la seguridad como condición básica. La recuperación de Andes Norte, ha planteado, solo puede producirse cuando existan garantías suficientes para quienes trabajan en la operación.
Codelco busca alternativas para 2.400 trabajadores
El gerente general interino de El Teniente, Gustavo Reyes, detalló ante los senadores algunas de las opciones que analiza la compañía para absorber parte de la fuerza laboral afectada. Entre ellas aparecen adelantar obras de enlace en Diamante, ejecutar reparaciones en Esmeralda, destinar trabajadores al cuidado de activos inmovilizados y abrir contratos vinculados a inspecciones técnicas.
Codelco calcula que alrededor de 700 trabajadores podrían ser reubicados dentro de la división. Para el resto se buscarán opciones mediante nuevas licitaciones y contratos. La empresa espera contar hacia fines de agosto con un plan más concreto.
La estatal mantiene además US$30 millones en garantías de empresas contratistas para respaldar eventuales finiquitos. El monto entrega un resguardo, pero también muestra el tamaño del problema si las alternativas laborales no consiguen absorber a una parte importante de quienes quedaron sin faena.
Por ahora no existe una estimación oficial que permita calcular cuánto puede representar la postergación para el conjunto de la economía regional. Lo que sí existe es una incertidumbre concreta para trabajadores y empresas que necesitan saber cuánto trabajo seguirá disponible durante los próximos años.
El Teniente deberá recalcular su futuro
Andes Norte estaba próximo a incorporarse a producción, por lo que su postergación obliga a reordenar parte de la planificación de El Teniente. La decisión llega además cuando Codelco necesita recuperar producción y sostener sus proyectos estructurales.
Las preguntas formuladas en el Senado sobre Andesita, Recursos Norte y Diamante muestran que la atención ya no está puesta únicamente en Andes Norte. La profundidad alcanzada por los nuevos desarrollos obliga a mirar con mayor detalle las condiciones geomecánicas que acompañarán el futuro de la mina.
El escenario financiero añade otra presión. El Gobierno autorizó recientemente la capitalización del 100% de las utilidades de Codelco correspondientes a 2025, por un monto de US$2.422 millones, con el objetivo de reforzar su capacidad financiera y reducir la necesidad de aumentar deuda.
Ese respaldo entrega margen, pero no despeja el problema de Andes Norte. La compañía deberá decidir cómo reorganiza proyectos, producción y contratos mientras continúa evaluando las condiciones que permitirían volver al sector sin exponer a los trabajadores.
La próxima fecha clave será el 31 de agosto, cuando la Comisión de Minería y Energía espera recibir nuevamente a la plana mayor de Codelco. Para entonces no bastará con explicar las razones técnicas de la paralización.
En O’Higgins se esperan respuestas mucho más concretas: qué ocurrirá con los trabajadores, cuántos podrán ser reubicados y qué capacidad tendrá Codelco para evitar que una decisión necesaria por razones de seguridad termine profundizando las dificultades de una economía regional que ya muestra señales de fragilidad.
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