Autoridades comunales y parlamentarios pidieron recursos frescos al Gobierno, un veto aditivo a la Ley de Reconstrucción Nacional y el uso del 2% constitucional, rechazando financiar las obras con fondos destinados al desarrollo de la propia región
Los alcaldes de la Región de Coquimbo estimaron en más de US$500 millones el costo de recuperar viviendas, caminos, puentes, sistemas de agua, servicios básicos y actividades productivas dañadas por el reciente temporal. Las autoridades exigieron al Gobierno recursos extraordinarios para iniciar las obras sin comprometer el presupuesto regional.
La cifra fue presentada durante una asamblea extraordinaria de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, encabezada por el alcalde de Coquimbo y presidente de la organización, Alí Manouchehri. Al encuentro asistieron autoridades comunales y parlamentarios de distintos sectores políticos, quienes acordaron presentar una posición conjunta ante el Ejecutivo.
La estimación es preliminar y deberá ser respaldada por los catastros de daños, costos definitivos y proyectos de inversión que elaboren los municipios y organismos sectoriales. Sin embargo, la asociación advirtió que ni las administraciones comunales ni el Gobierno Regional de Coquimbo cuentan con capacidad financiera para asumir por sí solos una reconstrucción de esta magnitud.
“Quitar recursos a la Región de Coquimbo para reconstruir la Región de Coquimbo no es una solución”, enfatizó la declaración suscrita por las autoridades municipales y parlamentarias.
Recursos frescos y rechazo a las reasignaciones
El principal punto de la declaración es el origen del financiamiento. Los municipios exigen que las obras sean costeadas con recursos frescos provenientes del nivel central y no mediante recortes o reasignaciones de fondos destinados previamente al desarrollo de las comunas.
“Los alcaldes y alcaldesas de la Región de Coquimbo le exigimos al Gobierno recursos frescos del nivel central para comenzar la reconstrucción ahora”, señala el documento, que advierte sobre las consecuencias de trasladar el costo de la emergencia hacia los presupuestos regionales.
La postura profundiza la presión iniciada días antes, cuando los alcaldes solicitaron al Gobierno declarar zona de catástrofe para la Región de Coquimbo, argumentando que los recursos municipales y regionales serían insuficientes para recuperar viviendas, caminos y servicios afectados por las precipitaciones.
La preocupación de las autoridades es que las reasignaciones obliguen a suspender proyectos de infraestructura, salud, conectividad, desarrollo rural y apoyo productivo que habían sido aprobados antes de la emergencia. La región terminaría financiando la reposición de lo destruido mediante la postergación de inversiones necesarias para su propio desarrollo.
Veto aditivo, 2% constitucional y Presupuesto 2027
Los alcaldes propusieron distintas vías para financiar la reconstrucción. La primera es que el Presidente de la República incorpore recursos para Coquimbo mediante un veto aditivo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, actualmente en tramitación.
La solicitud aparece después de que la Comisión Mixta despachara la megarreforma en medio de reclamos por la exclusión de Coquimbo y Atacama. La posterior votación del informe fue aplazada en el Senado, por lo que la discusión legislativa todavía no concluye.
Los municipios pidieron también utilizar el 2% constitucional para emergencias, con el propósito de disponer de financiamiento inmediato mientras se completan los catastros y se diseñan las obras definitivas.
“El proyecto del Gobierno se llama Reconstrucción Nacional. Le pedimos que haga honor a su nombre y reconstruya la Región de Coquimbo”, sostiene la declaración.
La tercera propuesta consiste en crear un programa especial para la reconstrucción de Coquimbo dentro de la Ley de Presupuestos 2027, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. Según los municipios, esa cartera cuenta con las capacidades técnicas necesarias para desarrollar obras de gran escala y garantizar que el proceso no quede inconcluso después de superada la emergencia.
Las autoridades solicitaron además financiamiento para que el Servicio de Vivienda y Urbanización entregue subsidios destinados a la recuperación habitacional. También plantearon incorporar recursos provenientes de eventuales rendimientos del royalty minero superiores a los presupuestados, asociados a un mayor precio del cobre.
Reconstrucción económica y recuperación de servicios
Los daños no se concentran únicamente en viviendas y obras públicas. La emergencia afectó también a agricultores, pescadores artesanales, feriantes, comerciantes, emprendedores y pequeños productores que perdieron equipamiento, mercadería, accesos o capacidad para continuar trabajando.
El diputado Bernardo Salinas propuso implementar un bono de reconstrucción económica para los sectores productivos afectados. La diputada Carolina Tello, en tanto, pidió reforzar el despeje de caminos rurales e incorporar en la respuesta las necesidades específicas de mujeres y personas cuidadoras.
La afectación productiva también fue advertida por la Sociedad Nacional de Minería, que solicitó un plan extraordinario para los pequeños mineros. El gremio alertó sobre caminos interrumpidos, problemas de conectividad y dificultades para reanudar las faenas en Coquimbo, Atacama y Valparaíso.
Durante la asamblea, el senador Daniel Núñez cuestionó a Aguas del Valle y CGE por la demora en la reposición del agua potable y el suministro eléctrico en sectores afectados. También solicitó que los bonos asociados a la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia comiencen a entregarse desde el 1 de agosto.
Presión transversal sobre el Gobierno
La demanda fue respaldada por los senadores Matías Walker y Daniel Núñez; los diputados Daniel Manouchehri, Erich Grohs y Bernardo Salinas; y las diputadas Eileen Urqueta, Nathalie Castillo y Carolina Tello. La declaración destacó que se trata de una posición unitaria, más allá de las diferencias políticas entre sus firmantes.
“No puede haber una Ley de Reconstrucción Nacional sin garantizar recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo”, sostuvo Matías Walker. El senador anunció que las autoridades presentarán al Ministerio de Hacienda el detalle de los daños y los costos estimados para respaldar la incorporación de nuevos recursos.
El diputado Daniel Manouchehri afirmó que la región enfrenta graves daños en viviendas, caminos e infraestructura pública, insistiendo en que la recuperación requiere un compromiso extraordinario del Estado y no puede financiarse únicamente con recursos regionales.
La reconstrucción abre ahora una definición política y presupuestaria para el Gobierno. La respuesta inmediata exige recuperar caminos, viviendas y servicios, pero el proceso de largo plazo requerirá proyectos técnicamente evaluados, financiamiento estable y coordinación entre municipios, ministerios y el Gobierno Regional.
El mensaje de las autoridades de Coquimbo es directo: la región no puede pagar dos veces por la emergencia, primero con la destrucción de su infraestructura y luego con la pérdida de los recursos destinados a su desarrollo.
