La instancia resolvió la compensación municipal por la exención de contribuciones a mayores de 65 años. La sesión estuvo marcada por retiros opositores y críticas por no incorporar a ambas regiones a los fondos de reconstrucción
La Comisión Mixta del Congreso despachó el único artículo pendiente del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocido como megarreforma, dejando la iniciativa a un paso de concluir su tramitación legislativa.
La instancia acordó una fórmula para resolver la compensación que recibirán los municipios por la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años. El informe deberá ser ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado.
La sesión terminó en medio de una fuerte confrontación política. El diputado Daniel Manouchehri (PS) se retiró antes de emitir su voto. Más tarde también abandonaron la instancia el diputado Jorge Brito (FA) y la senadora Danisa Astudillo (PS), después de un duro intercambio con el senador Rodolfo Carter.
La Comisión Mixta había sido convocada luego de que la Cámara aprobara 27 de las 28 modificaciones introducidas por el Senado. Solo quedó pendiente la compensación al Fondo Común Municipal por la exención de contribuciones, al no alcanzar esa disposición el quórum requerido durante el tercer trámite.
La compensación municipal cierra el último nudo
La diferencia entre ambas cámaras no estaba relacionada con la exención propiamente tal, sino con la forma de impedir que el beneficio redujera los ingresos disponibles para los municipios.
El debate adquirió especial relevancia por el papel que cumple el Fondo Común Municipal en el financiamiento de comunas con menor capacidad para recaudar recursos propios. El temor de alcaldes y parlamentarios era que una política definida a nivel nacional terminara trasladando su costo hacia los presupuestos locales.
Durante la tramitación, autoridades comunales exigieron una compensación total y permanente para proteger los ingresos municipales, evitando que la exención afectara la prestación de servicios o profundizara las diferencias entre comunas.
El detalle del mecanismo acordado deberá conocerse en el informe de la Comisión Mixta. Ese documento permitirá precisar la fuente de financiamiento, la duración de la compensación y la manera en que los recursos serán distribuidos.
La resolución despeja la última diferencia legislativa, aunque no termina la discusión política sobre quién asumirá el costo del beneficio ni sobre sus efectos entre municipios con realidades financieras muy distintas.
Oposición cuestiona distribución y exclusión territorial
El retiro de Daniel Manouchehri estuvo asociado a dos objeciones. La primera fue el impacto que, según planteó, podría tener la fórmula aprobada sobre la distribución de recursos entre comunas. La segunda fue la negativa del Ejecutivo a incorporar a Coquimbo y Atacama en los fondos destinados a la reconstrucción.
“Los municipios más ricos van a ser más ricos y los más pobres van a ser más pobres”, afirmó el diputado socialista. También acusó al Gobierno de haber dado “un portazo” a ambas regiones, afectadas por las últimas adversidades climáticas.
Manouchehri cuestionó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que el secretario de Estado señalara que la situación de Coquimbo y Atacama sería revisada posteriormente. El parlamentario consideró insuficiente esa respuesta y lo calificó como “un verdadero canalla”.
El Gobierno no entregó durante la discusión una fórmula, un plazo ni una fuente de recursos para una eventual incorporación de esas regiones. Su posición se limitó a señalar que el asunto sería evaluado más adelante.
La Comisión Mixta, sin embargo, tenía un mandato acotado. Su función era resolver la discrepancia sobre la compensación municipal y no reabrir la totalidad del proyecto ni modificar libremente los territorios considerados en el fondo de reconstrucción.
Esa limitación jurídica no elimina el conflicto político. El proyecto mantiene el concepto de Reconstrucción Nacional, mientras Coquimbo y Atacama enfrentan daños posteriores a la presentación de la iniciativa y reclaman ser incorporadas a sus mecanismos de financiamiento.
Brito apunta al financiamiento de la exención
El diputado Jorge Brito centró sus críticas en la fuente de los recursos que cubrirán la pérdida de ingresos municipales. A su juicio, utilizar fondos generales del Estado terminará trasladando parte del costo hacia quienes pagan impuestos como el IVA.
Brito sostuvo que consumidores de menores ingresos podrían terminar financiando la exención de propietarios de viviendas de alto valor ubicadas en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
Su cuestionamiento apunta a la focalización del beneficio. El Gobierno ha defendido la exención como una medida de alivio para las personas mayores, mientras sus detractores advierten que la edad no permite distinguir por sí sola entre hogares vulnerables y propietarios con un patrimonio elevado.
El parlamentario también respaldó la demanda de Coquimbo y Atacama. Afirmó que resulta contradictorio que el fondo de reconstrucción avance hacia su aprobación sin considerar regiones afectadas por las lluvias y el barro.
La crítica pone en tensión dos elementos de la megarreforma: su denominación nacional y una estructura financiera definida antes de las nuevas emergencias ocurridas durante su tramitación.
La disputa continuará fuera del Congreso
El despacho de la Comisión Mixta no convierte todavía el proyecto en ley. El informe debe regresar a la Cámara y al Senado, que deberán aprobarlo o rechazarlo sin introducir nuevas modificaciones.
La ratificación cerraría la tramitación legislativa, pero no la controversia política. La oposición prepara tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra disposiciones tributarias y ambientales, mientras el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de recurrir al veto presidencial.
Los cuestionamientos ante el TC apuntan a la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, las indemnizaciones asociadas a Resoluciones de Calificación Ambiental anuladas y otras disposiciones que la oposición considera contrarias a la Constitución.
El Gobierno podrá presentar el despacho legislativo como una victoria y como el avance de su principal proyecto económico. Sin embargo, los retiros opositores, el debate por la compensación municipal y la exclusión de Coquimbo y Atacama confirman que el cierre parlamentario no resolverá todas las controversias abiertas.
La discusión que comenzó en torno al crecimiento, la inversión y la reconstrucción quedará concentrada ahora en dos asuntos: cómo se financiará y distribuirá la compensación municipal, y qué respuesta entregará el Gobierno a las regiones afectadas que quedaron fuera del proyecto.
