La iniciativa ingresada al Senado coincide con la decisión del Presidente Kast de utilizar esta facultad y luego impulsar su modificación, abriendo un debate inmediato sobre discrecionalidad, justicia penal y equilibrio de poderes en Chile
El senador Vlado Mirosevic ingresó una reforma constitucional que busca eliminar la facultad del Presidente de la República para otorgar indultos particulares, instalando una discusión que hoy se conecta directamente con la agenda del Ejecutivo. La propuesta apunta a reducir la intervención política en decisiones judiciales, en un momento en que el propio Gobierno ha confirmado que hará uso de esta herramienta.
La iniciativa, presentada en el Senado de Chile, adquiere una dimensión distinta tras las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien en entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) afirmó que “sí, lo voy a usar, y después vamos a generar una modificación en la línea que señala la presidenta de la Corte Suprema y el exministro Larraín”, explicitando una estrategia que combina uso inmediato y reforma posterior de la facultad.
Uso inmediato del indulto y anuncio de cambios posteriores
El debate sobre los indultos presidenciales deja de ser una discusión teórica y se instala en decisiones concretas. El Ejecutivo valida el uso del indulto en el corto plazo mientras reconoce la necesidad de modificar su alcance, introduciendo una tensión entre práctica y reforma que marca la discusión actual.
En este escenario, la propuesta de Mirosevic se posiciona en un nivel más estructural. El proyecto no busca regular la facultad, sino eliminarla, argumentando que su existencia desdibuja la separación de poderes al permitir la intervención política sobre sentencias judiciales ya ejecutoriadas.
Separación de poderes en el centro del debate político
El núcleo de la discusión se instala en el diseño institucional. La posibilidad de que el Ejecutivo intervenga sobre decisiones del Poder Judicial reabre el debate sobre los límites del poder presidencial, especialmente en materias de alta sensibilidad penal.
La reforma presentada por Mirosevic apunta precisamente a ese punto, al proponer que las decisiones judiciales no queden sujetas a criterios políticos. La iniciativa busca reforzar la autonomía del sistema judicial, en línea con una lectura más estricta de la separación de poderes.
Convergencia institucional con diferencias sobre el camino a seguir
El debate también ha sido abordado desde el Poder Judicial. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha planteado que esta facultad debiera ser revisada, señalando que su aplicación “debe ser analizada por un consejo, porque un indulto depende también de las razones que se invoquen”, proponiendo un mecanismo más acotado.
Se configura así una convergencia parcial entre Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, donde existe acuerdo en la necesidad de revisar la facultad, pero no en la forma de hacerlo. Mientras el Gobierno plantea ajustes, la propuesta legislativa apunta a su eliminación.
Impacto en seguridad, legitimidad y diseño del poder presidencial
La discusión se produce en un contexto donde la seguridad pública ocupa un lugar central en la agenda. El uso del indulto presidencial se vincula directamente con la percepción de justicia y coherencia institucional, especialmente en casos de alta exposición pública.
La decisión del Presidente de utilizar la facultad antes de modificarla instala una pregunta clave sobre los criterios de aplicación. El desafío es compatibilizar certeza jurídica con mecanismos excepcionales, sin afectar la confianza en el sistema.
Más allá del indulto, lo que está en juego es una definición de fondo. La discusión reabre el debate sobre el alcance del poder presidencial y su relación con la justicia, en un escenario donde la legitimidad institucional aparece como un factor crítico.
