Gracias a los votos de los partidos oficialistas y de parlamentarios de las bancadas DC y PR-Independientes. Ahora, la propuesta retorna a la Comisión de Trabajo para su debate en particular.
Senado aprobó la idea de legislar del proyecto que busca impedir que la morosidad en el cumplimiento de deudas educativas, pueda constituir un punto negativo en los antecedentes comerciales o financieros de las personas.
El primer citado de la instancia legislativa fue el ministro de Justicia, quien explicó a los diputados que fue la Seremi de Rancagua quien de manera anónima recibió audios que involucraban a traficantes de drogas que aludían a los ministros de la Corte de Apelaciones investigados.
Por estrecho margen (6 a favor y 7 en contra) la iniciativa del Ejecutivo fue rechazada en la Comisión del Trabajo, donde el voto del DC Raúl Soto fue clave. Ahora, será la Sala de la Cámara de Diputados quien deberá pronunciarse al respecto
Siete votos en contra y seis a favor dieron por rechazada una de las dos propuestas del Gobierno, en materia de admisión a los establecimientos educacionales
Decisión del organismo gubernamental de quitar los beneficios a estudiantes afecta a más de 250 científicos a lo largo del país.
Senadores Carlos Montes y Yasna Provoste hicieron presente su molestia por la ausencia de representantes del Ministerio de Educación, quienes debían exponer sobre la implementación de los Servicios Locales de Educación.
El texto da cuenta de la dificultad de conocer con claridad cuáles son las normas aplicables y los diferentes procesos y modalidades de compra al momento de adquirir un bien o servicio por parte del Ejército de Chile. Se critica, además, que la existencia de dos sistemas, aumenta la dificultad de mantener un control efectivo sobre la trazabilidad de las adquisiciones y contrataciones de servicios.
Iniciativa impulsada por el diputado por Antofagasta, Esteban Velásquez, se suma al proyecto que permite izar las banderas de los pueblos originarios en servicios públicos locales.
Los senadores realizaron una serie de consultas sobre sus opiniones sobre la situación del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como su postura respecto a las actuales normas sobre interceptaciones telefónicas y el uso de información.
