El legislador ofició a la Contraloría General por el uso irregular de licencias médicas, especialmente en los Servicios de Salud con mayor ausentismo como O’Higgins, Concepción e Iquique
El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, presentó un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para fiscalizar el uso irregular y prolongado de licencias médicas en el sistema público de salud. El legislador socialista puso especial foco en cinco Servicios de Salud que concentran los mayores niveles de ausentismo laboral, entre ellos el de O’Higgins.
“Servicios como O’Higgins, Concepción, Arauco, Iquique y Viña del Mar–Quillota presentan los peores indicadores. Esto evidencia un problema estructural y persistente que perjudica gravemente la eficiencia del sistema de salud y su capacidad para atender a los pacientes”, declaró Castro tras reunirse con la subcontralora Dorothy Pérez, quien confirmó la existencia de investigaciones en curso.
Datos alarmantes y costos millonarios
Según cifras de la Dirección de Presupuestos, el promedio de ausentismo en el Gobierno Central durante 2023 fue de 31,8 días por funcionario, con un gasto superior a los $1,9 billones en licencias médicas. Sin embargo, en los servicios de salud mencionados, ese promedio bordea los 43 días por persona, lo que agrava el impacto en la atención de salud y en la gestión de recursos públicos.
Durante la reunión con la Contraloría, se reveló además que algunas licencias médicas falsas habrían sido utilizadas para realizar viajes al extranjero, lo que derivó en sanciones administrativas. “No es un hecho aislado. Se trata de un patrón de comportamiento que pone en jaque la credibilidad del sistema”, advirtió el parlamentario.
Nueva legislación y sanciones ejemplares
El senador Juan Luis Castro adelantó que la nueva legislación sobre licencias médicas —actualmente en proceso de promulgación— contemplará sanciones drásticas para los médicos que emitan licencias fraudulentas, incluyendo la posible suspensión del título profesional. Asimismo, se incorporará la responsabilidad patrimonial de los directores de servicios que no inicien los procedimientos para recuperar fondos públicos mal utilizados.
“Es hora de recuperar el sentido legítimo de la licencia médica como herramienta de protección social y no como un recurso para el abuso o el fraude. El sistema y los usuarios lo exigen con urgencia”, concluyó el legislador.
