La Comisión de Hacienda aprobó 29 de los 34 artículos del proyecto impulsado por José Antonio Kast tras una extensa jornada de tensión política. Aunque el oficialismo logró salvar el núcleo tributario de la reforma, sufrió derrotas clave en inteligencia artificial, Sence y compras públicas
Pasadas las dos de la madrugada, con diputados exhaustos, negociaciones de último minuto y un ambiente político completamente tensionado, el Gobierno consiguió evitar el naufragio de la principal reforma económica de la administración del Presidente José Antonio Kast.
Tras más de doce horas de debate, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la Ley de Reconstrucción Nacional, aunque el resultado dejó instalada una señal incómoda para La Moneda: el oficialismo logró aprobar el corazón tributario del proyecto, pero las votaciones rechazadas terminaron exponiendo divisiones internas y crecientes dificultades para mantener cohesión política en materias sensibles.
El balance legislativo fue complejo para el Ejecutivo. De los 34 artículos discutidos durante la maratónica sesión, 29 fueron aprobados y cinco rechazados, un escenario que permitió al Gobierno mantener vivo el eje económico de la iniciativa, especialmente la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%, pero que también dejó abiertas grietas políticas dentro de sectores oficialistas y particularmente en RN, donde algunos parlamentarios terminaron votando junto a la oposición.
La tensión se instaló desde el inicio de la jornada. Aunque el oficialismo mantiene mayoría dentro de la Comisión de Hacienda, la oposición acusó al Ejecutivo de utilizar esa ventaja parlamentaria para acelerar artificialmente la tramitación y reducir espacios de deliberación legislativa mediante indicaciones sustitutivas ingresadas durante la discusión.
El ambiente se volvió particularmente áspero luego de que parlamentarios opositores acusaran al Gobierno de actuar bajo una lógica “autoritaria” e intentar imponer el proyecto aprovechando su mayoría circunstancial.
El momento más duro de la sesión se produjo cuando el diputado Boris Barrera lanzó una de las críticas más fuertes contra el Ejecutivo. “Tener mayoría no significa pasar la retroexcavadora ni convertir esta comisión en una especie de dictadura legislativa”, afirmó durante el debate, elevando aún más un clima marcado por interrupciones, recriminaciones cruzadas y cuestionamientos reglamentarios.
Kast endurece el tono para blindar el proyecto
Horas antes de la votación, el propio Presidente Kast había decidido involucrarse directamente en la defensa política de la iniciativa, apuntando contra las más de 1.600 indicaciones presentadas por la oposición durante la tramitación. En el oficialismo reconocen que la ofensiva comunicacional del Mandatario buscaba ordenar políticamente a su coalición y transmitir una señal de fortaleza frente al complejo escenario legislativo.
“No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones”, afirmó el Presidente, reforzando el relato económico que La Moneda ha intentado instalar durante las últimas semanas y que vincula el proyecto con conceptos asociados a reactivación, inversión, crecimiento económico, productividad, competitividad y desarrollo productivo.
El Ejecutivo logró precisamente preservar ese núcleo económico. La rebaja gradual del impuesto corporativo fue aprobada gracias al respaldo de Republicanos, PNL, UDI, RN y el PDG, transformándose en la principal victoria legislativa del Gobierno.
El artículo sobre IA y derechos de autor abre la mayor fractura política
Sin embargo, el principal conflicto político de la sesión apareció con el rechazo del artículo 8, vinculado a inteligencia artificial y propiedad intelectual. La norma proponía permitir el uso de contenidos protegidos —textos, imágenes, música y material audiovisual— para entrenamiento de modelos de IA sin autorización previa ni compensación económica a sus autores.
Lo que inicialmente fue presentado por Hacienda como una señal pro innovación y modernización regulatoria terminó transformándose en el mayor revés político del Ejecutivo y en uno de los momentos más incómodos para el oficialismo durante toda la discusión.
El artículo generó resistencia transversal desde sectores culturales, editoriales, medios de comunicación y parlamentarios de distintos sectores políticos. Pero además abrió diferencias internas dentro del propio bloque oficialista. Los diputados RN Diego Schalper y Eduardo Durán terminaron votando junto a la oposición para rechazar la norma, mientras el PDG optó por abstenerse, configurando un empate que finalmente sepultó el artículo.
Durante el debate, el diputado Jorge Brito cuestionó duramente la propuesta impulsada por Hacienda. “No se puede abrir una puerta de esta magnitud sin reglas claras. Aquí se está afectando directamente el trabajo creativo y los derechos de miles de personas”, sostuvo durante una intervención que terminó reflejando la magnitud del conflicto político que abrió el artículo.
El episodio dejó particularmente incómodo al Ejecutivo porque la norma había sido impulsada como parte central de la estrategia de modernización tecnológica y atracción de inversión digital que el Ministerio de Hacienda buscaba incorporar dentro de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Compras públicas y Sence profundizan las diferencias oficialistas
Las diferencias dentro del oficialismo reaparecieron minutos más tarde durante la votación del artículo 4, relacionado con compras públicas y concesiones. La norma buscaba introducir nuevas exigencias de probidad y restricciones para familiares de funcionarios vinculados a contratos de obra pública.
Nuevamente los diputados Schalper y Durán se desmarcaron del Gobierno y votaron junto a la oposición, mientras el PDG volvió a abstenerse. El resultado terminó dejando fuera una de las normas que Hacienda consideraba relevantes para fortalecer estándares de transparencia en concesiones y contratación pública.
En sectores oficialistas reconocen que el episodio generó preocupación política porque confirmó que la mayoría parlamentaria de la comisión no necesariamente garantiza cohesión legislativa cuando el debate entra en materias regulatorias sensibles.
Otro de los focos de conflicto apareció con el rechazo de los artículos 26 y 27, vinculados a la franquicia tributaria Sence y al financiamiento de certificación de competencias laborales. La propuesta del Ejecutivo buscaba reformular el sistema que actualmente permite a las empresas descontar gastos de capacitación desde el impuesto de primera categoría.
Hacienda argumentó durante la discusión que el objetivo era modernizar incentivos tributarios y focalizar mejor los beneficios. Sin embargo, varios parlamentarios, incluyendo sectores cercanos al oficialismo, advirtieron que modificar drásticamente el sistema podía transformarse en un costo político importante frente a trabajadores, pymes y sectores productivos que utilizan activamente estas herramientas de capacitación laboral.
Las dudas terminaron debilitando el respaldo oficialista y abriendo un nuevo flanco político para el Ejecutivo, que ahora deberá decidir si insiste o no con estas normas durante las siguientes etapas de la tramitación.
Quiroz intenta ordenar el escenario político
Tras el término de la sesión, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz intentó bajar la tensión y relevar el avance legislativo conseguido por el Gobierno. “Es un gran mensaje para los chilenos, un mensaje de esperanza, de que avancemos rápido con este proyecto y devolvamos pronto a Chile la esperanza en el progreso”, sostuvo el secretario de Estado.
Sin embargo, en el oficialismo existe conciencia de que las votaciones dejaron instalada una señal política relevante: aunque el Ejecutivo logró salvar el eje económico de la reforma, la disciplina legislativa del bloque comienza a mostrar grietas cuando el debate entra en materias vinculadas a regulación tecnológica, transparencia, propiedad intelectual y mercado laboral.
Tras superar Hacienda, la Ley de Reconstrucción Nacional continuará ahora su tramitación en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo antes de llegar a la Sala de la Cámara, donde el Gobierno enfrentará un escenario todavía más incierto y políticamente exigente.
