Por Ricardo Neira, CEO de GlobalVAS
La decisión del Gobierno de eliminar el beneficio tributario del SENCE promete un ahorro fiscal inmediato, pero reabre un dilema de fondo para la economía chilena: cómo sostener la productividad, la reconversión laboral y la calidad del capital humano en un mercado exigido por la automatización y la inteligencia artificial.
Durante medio siglo, la franquicia tributaria de capacitación funcionó como una pieza silenciosa del engranaje productivo chileno. No era un programa vistoso ni un emblema político, sino un mecanismo técnico: permitía a las empresas contribuyentes de Primera Categoría descontar del impuesto a la renta hasta el 1% de su planilla anual en gastos de capacitación autorizados por el SENCE.
Ese instrumento, creado en 1976, articuló a empresas, OTEC, OTIC y al propio servicio público en torno a una idea simple: formar trabajadores también podía ser una política de desarrollo.
Ahora ese esquema entra en zona de demolición. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno eliminará la franquicia tributaria del SENCE como parte del financiamiento de la mega reforma, con un ahorro fiscal estimado en unos 300 millones de dólares al año.
Su argumento fue duro: sostuvo que el instrumento no había mostrado efectos positivos suficientes, que en muchas ocasiones se prestó para abusos y que ese tipo de gasto “no se justifica”, aunque aclaró que el SENCE no desaparecerá y que se evaluarán otras fórmulas de capacitación, incluido el aprendizaje en el trabajo como alternativa.
La discusión, sin embargo, no se agota en la eficiencia fiscal. Porque eliminar una mala política puede ser una corrección saludable, pero eliminar un instrumento sin tener listo un sustituto equivalente puede convertirse en otra cosa: un vacío en la formación laboral del país.
La propia arquitectura institucional del SENCE muestra que la capacitación no era solo un subsidio disperso, sino un ecosistema donde las OTIC articulaban licitaciones y coordinación, las OTEC ejecutaban formación y las empresas decidían buena parte de la inversión en competencias. Desarmar una pieza de ese sistema no afecta únicamente una línea presupuestaria; altera la forma en que el país organiza su aprendizaje laboral.
Para los trabajadores, sobre todo los de menor calificación o aquellos que enfrentan oficios en transformación, el riesgo es menos visible pero más profundo. Cuando la capacitación empresarial se debilita, no se pierde solo un curso: se debilita la posibilidad de adaptarse al mercado laboral.
En una economía donde la automatización, la digitalización y la IA ya presionan sobre tareas rutinarias, la formación continua deja de ser un beneficio accesorio y se vuelve una condición de supervivencia laboral. Si el incentivo cae y no es reemplazado por un mecanismo robusto, quienes primero lo sentirán serán precisamente los segmentos con menor capacidad de financiar por sí mismos su reconversión.
En las empresas, el efecto será desigual. Las grandes compañías probablemente conservarán márgenes para sostener parte de su inversión en formación por razones de productividad, continuidad operacional o cumplimiento.
Pero en las medianas y pequeñas, donde la capacitación suele competir con urgencias de caja más inmediatas, la eliminación del incentivo puede traducirse en recortes más rápidos. Y eso tiene una consecuencia económica más seria de lo que parece: menos formación implica menor capacidad de adoptar tecnologías y también mayores brechas de talento en el mercado laboral.
Las OTEC, por su parte, quedan expuestas a una contracción del mercado que puede ser brusca. Son ellas las que ejecutan la capacitación, y una parte relevante de su demanda se organiza precisamente a través de los instrumentos financiables por el SENCE.
El golpe no sería solo empresarial, sino también territorial: cuando cae el financiamiento, suelen caer primero los cursos menos rentables, los de menor escala o los que atienden nichos específicos fuera de los grandes centros económicos. El riesgo es que una corrección a los abusos termine afectando la oferta seria de capacitación y también reduciendo la cobertura territorial del sistema.
Las OTIC tampoco salen indemnes. Durante años funcionaron como bisagra entre el Estado, las empresas y la oferta formativa. Si desaparece la franquicia, su papel tradicional pierde densidad y muchas deberán redefinir su existencia o desplazarse hacia funciones de mayor valor agregado, como inteligencia de talento, intermediación sectorial o diseño de trayectorias formativas.
No es casual que el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción advirtiera que la medida pone en riesgo la factibilidad del plan de reconstrucción por la escasez de capital humano calificado. La observación puede sonar corporativa, pero toca una fibra real: no hay crecimiento sostenido sin trabajadores entrenados.
SENCE, mientras tanto, queda atrapado en una paradoja. El ministro Quiroz aseguró que el servicio continuará porque es “mucho más que la franquicia”, y eso es cierto: administra otros programas y canales de formación. Pero también es verdad que la institución había seguido ajustando y modernizando la normativa de la franquicia, como lo muestra la modificación regulatoria informada en marzo de 2026.
Es decir, mientras una parte del Estado afinaba el instrumento, otra anunciaba su eliminación. Esa tensión sugiere que el debate no es solo técnico, sino estratégico: reformar la herramienta o eliminarla completamente.
La pregunta de fondo, entonces, no es si había fallas. Todo indica que las había, y el propio debate público reconoce problemas de diseño, focalización y abuso. La pregunta es otra: si Chile puede aspirar a crecer, atraer inversión y elevar productividad mientras debilita uno de sus instrumentos históricos de formación para el trabajo sin ofrecer todavía una arquitectura alternativa igual de clara.
El ahorro fiscal de corto plazo puede ser contable; el deterioro del capital humano, en cambio, suele llegar más tarde y medirse peor. Pero cuando llega, se expresa en menor productividad y dificultades para reconvertir empleo y también en una economía menos capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos.
Tal vez ahí radique la mayor ironía de esta decisión. En nombre de la eficiencia, el Gobierno podría estar desarmando una herramienta imperfecta justo cuando el trabajo exige más aprendizaje, no menos. En nombre del control del gasto, podría estar desplazando el costo hacia el futuro, donde se paga de otra manera: con trabajadores menos preparados, empresas más rezagadas y un Estado obligado a corregir, por vías más caras, lo que antes ayudaba a prevenir.
Chile no discute solo una franquicia tributaria. Discute, en el fondo, cuánto vale invertir en capital humano en la era de la automatización y también cómo sostener la formación laboral en un mercado en transformación.
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