Por Pablo Carrizo O. | Administrador Público | Director Ejecutivo TSD Consulting
El 13 de noviembre, la Cámara despachó al Senado el Presupuesto 2027 tras rechazar los gastos variables de seis ministerios, entre ellos Educación, Mujer y Culturas. Ahora el Senado tendrá que decidir qué se repone y con qué recursos. En esa discusión hay un dato que ya viene fijado: la Ley 21.850 baja el impuesto de primera categoría del régimen general de 27% a 23% hasta 2029, en tres tramos.
Las pymes tributan en un régimen distinto, así que el beneficio llega solo a las empresas de mayor tamaño. Esa menor recaudación entrará a cada presupuesto como un supuesto dado, y será mayor cada año, mientras, paralelamente, cada programa tendrá que volver a justificar su financiamiento.
Debilitar las capacidades del Estado y después reprocharle que no responde es un círculo que termina pagando la ciudadanía. Si un recorte deteriora la atención, la fiscalización o la ejecución de programas, ese deterioro no demuestra que la función pública no sirva; demuestra el efecto del recorte. Y cuando se recorta sin evaluación y sin una alternativa técnicamente fundada, cuesta no ver un propósito: asfixiar al Estado para después justificar que hay que achicarlo.
Yo Elijo Mi PC muestra lo que está en juego. El Gobierno lo dejó sin financiamiento y, tras los reparos de la oposición y del propio oficialismo, anunció que lo repondrá en el Senado. Si una evaluación muestra resultados insuficientes en aprendizaje, corresponde revisar el diseño. Pero antes de eliminarlo había que saber cuántos estudiantes dependen de él para tener un computador y qué alternativa tendrán en marzo. Esa información no se presentó.
En estas semanas no han faltado advertencias. Parlamentarios de distintos sectores y especialistas han pedido explicar los efectos de cada recorte. Lo que ha faltado es un espacio donde esas preguntas se respondan. Basta ver una sesión de la Cámara: más gritos que argumentos, y hasta altercados entre parlamentarios. Y eso no es solo un problema de formas.
Cuando un programa se corta, la familia afectada mira al Congreso y no ve a nadie resolviendo su problema; ve una pelea. Esa distancia también debilita al Estado, porque instala la idea de que la política no sirve para responder.
Quienes hemos trabajado en municipios sabemos cómo se traduce un recorte: menos cupos, equipos más chicos, más tiempo de espera. Cuando un servicio nacional reduce la transferencia de un programa que se ejecuta en la comuna, el municipio tiene que decidir si lo sostiene con recursos propios. Los que tienen menos holgura fiscal, simplemente, no pueden. En consecuencia, el vecino no lo ve en la Ley de Presupuestos: lo ve en la oficina municipal que deja de atenderlo.
La misma vara corre para los ingresos. No estoy contra la inversión ni contra las empresas: generan empleo, crecimiento, desarrollo e innovación. Precisamente por eso, la promesa de que la rebaja traerá crecimiento tiene que poder evaluarse, y hay que decir desde ya cómo se ajustarán las cuentas si ese crecimiento no llega. El supuesto de crecimiento merece el mismo examen que el supuesto de ahorro de un recorte.
Chile tiene con qué hacer ese examen: las evaluaciones de programas de la Dipres y el monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Un mal diseño, una mala ejecución y la falta de datos son problemas distintos, y no se resuelven con la misma tijera.
Y el orden importa. Un beneficio tributario puede ser una buena herramienta de desarrollo, siempre que sea justo, oportuno, fundado, con límites claros y con efectos que se puedan medir. Chile tiene un ejemplo: el incentivo tributario a la investigación y desarrollo exige que Corfo certifique cada proyecto, tiene topes y una vigencia definida, que por ley se amplió hasta 2035.
La rebaja del impuesto de primera categoría debiera pasar el mismo examen: qué inversión y qué empleo se espera a cambio, cómo se medirá y qué ocurre si los resultados no llegan. Antes de tocar las capacidades esenciales del Estado, corresponde exigir esa misma disciplina a lo que se deja de recaudar.
De este análisis se desprende que la tesis que más aporta al Estado es simple: toda decisión presupuestaria debe evaluarse con la misma vara, se trate de lo que se recorta o de lo que se deja de recaudar. Antes de que vote el Senado, debiera quedar claro, programa por programa, cuánto tuvo en 2026, cuánto propuso el Ejecutivo, cuánto aprobó la Cámara y qué cobertura permite.
Y desde el próximo año, cada presupuesto debiera mostrar, junto a los recortes, cuánto se deja de recaudar por cada rebaja tributaria. Solo así se distingue un ahorro fiscal de un costo que termina pagando otra institución o la propia familia.
La pregunta de fondo es qué estamos dispuestos a postergar: un beneficio cuyo retorno social todavía no se demuestra o una prestación que las personas necesitan hoy.
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