El diputado socialista cuestionó la estrategia del Ejecutivo para tramitar la megarreforma, descartó responsabilizar al PPD por las diferencias opositoras y confirmó que recurrirán al Tribunal Constitucional una vez despachado el proyecto
Por Daisy Castillo Triviños
La negociación desplegada por el Gobierno para avanzar en la denominada megarreforma abrió diferencias entre los partidos de oposición y volvió a situar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el centro de la controversia política.
El conflicto se profundizó luego de que senadores del Partido por la Democracia (PPD) alcanzaran un entendimiento con el Ejecutivo para modificar la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto. La propuesta reducía el beneficio original de 25 años a plazos diferenciados de entre 10 y 20 años, según el monto de las inversiones, e incorporaba una sobretasa de 1,5% para las empresas que optaran por el mecanismo.
Sin embargo, la decisión del Gobierno de mantener una rebaja del impuesto corporativo distinta a la considerada durante las conversaciones alteró las bases del entendimiento y terminó por sepultar el acuerdo. El episodio provocó cuestionamientos desde el propio PPD y aumentó las tensiones con el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, colectividades que habían advertido reparos de financiamiento y constitucionalidad.
Pese a las diferencias, los partidos opositores acordaron recurrir al Tribunal Constitucional una vez concluida la tramitación del proyecto. Para el diputado socialista por la Región de Atacama Juan Santana, el problema de fondo no es la actuación del PPD, sino la estrategia utilizada por el Ejecutivo para buscar respaldos parciales en lugar de construir un acuerdo político amplio.
¿El acuerdo que alcanzaron los senadores del PPD con el Gobierno fue un portazo al resto de la oposición?
-No lo veo así. Un grupo de senadores del PPD llegó a un entendimiento puntual con el gobierno, pero el propio PPD firmó después la declaración conjunta de los seis partidos. O sea, en lo importante la oposición se mantuvo unida: vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Yo prefiero quedarme con eso, con que seis partidos que no siempre pensamos igual fuimos capaces de ponernos de acuerdo frente a una reforma que es un retroceso.
¿El PPD se convirtió en un enemigo interno para la oposición?
-No voy a entrar en esa lógica de confianzas y desconfianzas entre partidos de oposición, porque ese es justamente el juego que le conviene al gobierno. El enemigo no está dentro de la oposición.
El problema es una reforma mal hecha y un gobierno que prefirió negociar por pedazos en vez de dar la discusión de fondo. Ahí pongo el foco, no en pelear con mis aliados.
¿Le atribuye responsabilidad al ministro Jorge Quiroz en la división opositora?
-La estrategia del ministro Quiroz ha sido negociar por parcialidades, sector por sector, en vez de buscar un acuerdo amplio. Esa forma de operar tensiona a la oposición, y es legítimo señalarlo. Pero seamos claros en el fondo, si hoy tenemos que llegar al Tribunal Constitucional, la responsabilidad es del gobierno, que insistió en un proyecto con vicios que le advertimos hace meses.
No es la oposición la que judicializa; es el gobierno el que está legislando mal, al igual que ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas.
¿El PS recurrirá de todas formas al TC? ¿Qué aspectos justificarían el requerimiento?
-Sí. Vamos a recurrir junto al resto de la oposición una vez que el proyecto se despache en el Senado. Hay materias tributarias y medioambientales que, a nuestro juicio, tienen vicios de constitucionalidad. La más clara es la invariabilidad, que congela el régimen tributario de las grandes inversiones por más de dos décadas y le amarra las manos a los gobiernos que vienen, decidan lo que decidan los chilenos.
También hay normas sobre las resoluciones de calificación ambiental que deben revisarse. Y recuerdo algo, no es primera vez. Con Escuelas Protegidas, otro proyecto emblemático de este gobierno, el Tribunal Constitucional ya tuvo que declarar inconstitucionales cuatro disposiciones. Cuando un gobierno acumula estos reveses, el problema no es que la oposición recurra al TC, el problema es cómo está legislando.
El desafío de reconstruir un acuerdo
El fracaso del entendimiento con el PPD obliga al Gobierno a redefinir su estrategia para la discusión particular de la megarreforma. La búsqueda de respaldos sectoriales permitió abrir conversaciones, pero también expuso la fragilidad de acuerdos construidos sin una negociación política más amplia.
La oposición, en tanto, deberá demostrar si la unidad anunciada ante el Tribunal Constitucional puede extenderse hacia una propuesta común sobre reconstrucción, inversión y empleo. La impugnación jurídica puede frenar algunas disposiciones, pero no reemplaza la necesidad de ofrecer una alternativa frente a los problemas que el proyecto busca resolver.
