La auditoría interna revisó más de 500 servicios públicos, detectó 1.529 hallazgos y recomendó sumarios en 57 organismos. Siete casos fueron derivados a Contraloría, cinco al CDE y cuatro al Ministerio Público por responsabilidades administrativas o penales
El Gobierno dio por finalizada la Inspección Total al Estado, el proceso iniciado en marzo para revisar la gestión de más de 500 servicios del Gobierno Central durante el período 2022-2026. El balance dejó 1.529 hallazgos y abrió una nueva etapa marcada por sumarios administrativos, medidas correctivas y antecedentes puestos en conocimiento de organismos externos.
La revisión involucró a más de 1.000 auditores internos y consideró el análisis de 913 millones de registros. A partir de ese cruce se identificaron 26 señales de alerta, que dieron origen a 360 programas de auditoría destinados a profundizar materias donde existían eventuales desviaciones, debilidades o incumplimientos.
El resultado más extendido se encuentra en 118 hallazgos distribuidos en 57 servicios, respecto de los cuales el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAIGG, recomendó instruir sumarios administrativos para establecer posibles responsabilidades individuales. Más de 40 de esos procedimientos ya habían sido iniciados al momento del cierre del proceso.
Cuatro organismos con antecedentes en Fiscalía
Dentro de la Inspección Total, el Ejecutivo priorizó nueve reparticiones que requerían un análisis especial. Todas fueron objeto de investigaciones internas y, según la naturaleza de los antecedentes encontrados, siete casos fueron enviados a la Contraloría General de la República, cinco al Consejo de Defensa del Estado y cuatro al Ministerio Público.
Los cuatro organismos cuyos antecedentes llegaron a Fiscalía son la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría del Deporte y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb. Los antecedentes de esas mismas reparticiones también fueron enviados a Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado.
La revisión especial alcanzó además a la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Subsecretaría de Vivienda, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, la Subsecretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Transportes.
Las derivaciones no significan que los hallazgos constituyan por sí mismos delitos. Contraloría, el CDE y el Ministerio Público deberán determinar dentro de sus respectivas competencias si existen responsabilidades administrativas, perjuicio fiscal o hechos que puedan tener carácter penal.
La subsecretaria General de la Presidencia y presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, Constanza Castillo, sostuvo que “los recursos públicos son de todos los chilenos y tenemos la responsabilidad de cuidarlos con el máximo rigor”, y planteó que el proceso abre una etapa destinada a fortalecer los controles y la rendición de cuentas.
Una brecha en el control de las transferencias
La Inspección Total también revisó las transferencias realizadas desde el Estado hacia fundaciones, corporaciones y otras personas jurídicas sin fines de lucro. Una de las conclusiones del Ejecutivo apunta a una dificultad estructural para seguir de manera consolidada el destino y la rendición de esos recursos.
Según el balance, la información está distribuida entre distintos servicios y plataformas, lo que dificulta conocer oportunamente el monto transferido, las rendiciones pendientes, la antigüedad de los saldos y las acciones adoptadas para regularizarlos.
Se trata de una materia que ya había concentrado parte de las etapas anteriores de la auditoría. En julio, el Gobierno informó que había detectado más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones que no acreditaban rendición, antecedentes que llevaron además a profundizar investigaciones en distintas reparticiones públicas.
El informe que recibirá el Presidente
El cierre de la Inspección Total no pone término al seguimiento. El CAIGG continuará verificando la implementación de las medidas correctivas comprometidas por los servicios a partir de los hallazgos detectados.
El Comité Estratégico acordó además elaborar un informe final que será entregado al Presidente José Antonio Kast y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, instancia que trabaja en propuestas para modificar la organización y funcionamiento del aparato público.
“Hoy cerramos un proceso inédito y damos cumplimiento a un compromiso del Presidente de la República: revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora”, afirmó Castillo al término de la última sesión.
La siguiente fase estará ahora repartida entre distintas instituciones. Mientras los servicios públicos deberán responder por los sumarios y medidas correctivas, Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y Fiscalía tendrán que resolver hasta dónde llegan las responsabilidades asociadas a los casos que recibieron.
