La coordinación entre gobiernos regionales y la bancada regionalista del Senado busca incidir en el Presupuesto 2026, fortalecer rentas regionales y ampliar atribuciones en seguridad, en un escenario de presión territorial por recursos, autonomía y capacidad de respuesta frente a demandas crecientes
La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile y un grupo de senadores regionalistas acordaron acelerar una agenda legislativa que redefine cómo se financian y operan los gobiernos regionales, incorporando cambios en rentas, seguridad y traspaso de competencias.
La reunión, realizada en el Congreso en Valparaíso, consolida un canal político que busca influir directamente en decisiones clave del Estado, particularmente en la discusión presupuestaria y en proyectos estructurales que afectan la autonomía territorial.
La agenda que busca cambiar cómo se financian las regiones
El foco del encuentro estuvo en dos iniciativas: el proyecto “Regiones Más Fuertes”, orientado a fortalecer las rentas regionales, y la ley que asigna funciones en prevención del delito y apoyo a víctimas a los gobiernos regionales.
Ambas iniciativas apuntan a un cambio estructural: reducir la dependencia del nivel central en la asignación de recursos y ampliar la capacidad de acción territorial, especialmente en materias donde las demandas han aumentado con fuerza.
La senadora Yasna Provoste señaló que “hemos logrado mantener un trabajo permanente, de mutuo apoyo, en temas de la agenda regional con impacto nacional (…) en especial con los temas relacionados con el Presupuesto 2026 y su ejecución, la tramitación de la Ley de Prevención del Delito y el Proyecto ‘Regiones Más Fuertes’”, integrando así el debate fiscal con la agenda de seguridad.
Presupuesto 2026: el punto crítico de la negociación
El eje de fondo es la discusión del Presupuesto 2026, donde los gobiernos regionales buscan mayor incidencia en la asignación y ejecución de recursos.
Esto se articula con la mesa de trabajo entre AGORECHI, la Dirección de Presupuestos y la Contraloría, donde se monitorean los traspasos de competencias y su impacto en la gestión territorial.
El gobernador de Los Lagos y presidente de los Gobernadores, Alejandro Santana, planteó que “es importante poder generar autonomía financiera y hacernos cargo de una buena Ley de Presupuesto para el año 2027 y, principalmente, corregir los problemas de descentralización que hoy existen en Chile”, vinculando el debate actual con la planificación fiscal de mediano plazo.
Inversión pública regioal
La agenda impulsada por gobernadores y senadores abre una disputa por el control de recursos públicos y por la capacidad de decisión en políticas territoriales. En la práctica, los gobiernos regionales buscan consolidar un rol más activo en la inversión pública y en la gestión de áreas críticas, lo que implica redistribuir poder desde el nivel central hacia las regiones.
El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, sostuvo que el proyecto de rentas regionales apunta a “la certeza de los recursos, la suficiencia de los recursos, el control y transparencia de los gobiernos regionales (…) en una ley que ya está ingresada en el Congreso y que esperamos que pueda avanzar con la urgencia que se requiere”.
Seguridad y nuevas funciones: el cambio en el rol regional
La incorporación de funciones en prevención del delito introduce un cambio institucional relevante. Los gobiernos regionales podrían asumir responsabilidades directas en seguridad, un ámbito que hasta ahora ha estado concentrado en el nivel central.
Este punto responde a una presión territorial creciente en materias como seguridad, vivienda, migración y medio ambiente, donde la capacidad de respuesta depende de recursos y atribuciones.
Lo que viene: tramitación legislativa y presión política sostenida
Los gobernadores buscan mantener este canal de trabajo con el Senado y ampliarlo hacia la Cámara de Diputados, con el objetivo de consolidar avances legislativos concretos.
El siguiente paso será instalar estas prioridades en la discusión parlamentaria y en la definición del Presupuesto 2026, donde se definirá si esta agenda logra traducirse en cambios efectivos en financiamiento, competencias y gestión territorial.
