Autoridad regional expuso al Senado brechas críticas en cobertura, financiamiento y gestión de sistemas rurales, junto con una iniciativa regional que reduce costos operativos mediante energías renovables y asegura continuidad del servicio frente a cortes eléctricos
En una sesión de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, expuso un diagnóstico que tensiona la política pública de agua rural en Chile. Con una región donde cerca del 30% de la población vive en zonas rurales, la presión sobre los sistemas de Agua Potable Rural (APR) no solo es creciente, sino estructural.
Durante su intervención, Crisóstomo instaló el problema en su dimensión territorial: “El agua potable rural es de las problemáticas más importantes que tienen nuestros territorios. Cómo llevar agua a los sectores rurales y cómo con eso dar cierta tranquilidad y seguridad a nuestros habitantes. Una región como la nuestra, que el 30% vive en el sector rural, indudablemente que tiene este clima de tensión permanente”, afirmó ante la comisión.
El diagnóstico se sostiene en cifras. Ñuble cuenta con cerca de 400 APR, pero más de la mitad no está reconocida por la Dirección de Obras Hidráulicas. Por lo mismo, el gobernador advirtió que “los otros se encuentran acéfalos, sin asesoría técnica, sin fiscalización ni garantía de la calidad del agua. La responsabilidad del MOP es normalizar, incorporar y reconocer a todo el sistema de agua potable rural existente”, apuntando directamente al rol del Estado en la regularización del sistema.
Proyectos listos, financiamiento insuficiente y presión sobre el MOP
El foco de la exposición también estuvo en la ejecución de proyectos. Crisóstomo detalló que el Gobierno Regional firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde el Gore financia los diseños y el ministerio ejecuta las obras. Sin embargo, la implementación enfrenta un cuello de botella crítico.
El gobernador advirtió que “hoy contamos con 15 diseños de APR que ya están listos y el MOP está evaluando si podrá ejecutarlos. Esperamos que así sea porque estos 15 APR cuestan cerca de 40 mil millones de pesos, lo que está fuera de nuestro alcance, porque esa cifra es el 50% del presupuesto anual del Gobierno Regional de Ñuble”, evidenciando una brecha financiera estructural.
La advertencia fue directa y con implicancias institucionales: “Hay una responsabilidad del ministerio en esa materia. Esperamos que el MOP los pueda ejecutar porque de lo contrario los convenios de programación se transforman en letra muerta y se pierde la confianza institucional y la confianza de la ciudadanía”, sostuvo, poniendo en cuestión la efectividad de los mecanismos de coordinación entre nivel central y regiones.
Crisis hídrica en expansión: napas más profundas y riesgo de despoblamiento rural
El diagnóstico se proyecta en el tiempo. Crisóstomo alertó que la crisis hídrica ya muestra señales estructurales en la región, con impactos directos en la sostenibilidad del mundo rural.
Ante la comisión, explicó que “en solo 10 años, la profundidad de las napas en Ñuble pasó de 40 a 120 metros. En 20 años más vamos a estar a 200 o 300 metros buscando agua. Si seguimos solo con pozos profundos, solucionaremos parcialmente el problema”, instalando la urgencia de cambiar el enfoque.
En esa línea, planteó una salida de mayor escala: “necesitamos carreteras hídricas y embalses para consumo humano. Si no, vamos a despoblar el mundo rural”, advirtiendo sobre un eventual impacto demográfico si no se toman decisiones estructurales.
Energía y continuidad: el modelo regional que reduce costos y asegura el suministro
En paralelo al diagnóstico, el gobernador presentó una iniciativa que apunta a resolver dos de los principales problemas de los APR: el costo energético y la continuidad del servicio. El proyecto impulsado por el Gobierno Regional incorpora energías renovables para reducir gastos operativos y asegurar autonomía ante cortes eléctricos.
Crisóstomo detalló que “acabamos de inaugurar tres APR con paneles fotovoltaicos, dejándolos con costo cero en su consumo de energía. Este año alcanzaremos los 50 APR con energías renovables en todo Ñuble”, subrayando el impacto directo de la medida.
El modelo aborda una de las principales presiones sobre los comités de APR, dado que la electricidad puede representar hasta el 50% de los costos operativos de un pozo profundo, lo que se traduce en un alivio directo para las familias usuarias.
El caso más emblemático es el Comité APR Torrecilla, en San Carlos, que combina energía solar y eólica con baterías de respaldo, permitiendo operación autónoma incluso ante cortes de suministro. Los resultados son concretos: el gasto eléctrico mensual bajó de $400.000 a $150.000, y en períodos de alta radiación se acerca a cero. “Eso es una ayuda directa al bolsillo de las familias”, enfatizó la autoridad regional.
Gobernanza hídrica: el llamado a redefinir responsabilidades
El cierre de la intervención apuntó a un problema transversal: la gobernanza del sistema. Para el gobernador, la crisis no solo es técnica o financiera, sino también de coordinación institucional.
En ese sentido, planteó que “la gobernanza principalmente creo que es de las cosas que se puede abordar, porque creo que todos tenemos que ser parte de las definiciones del financiamiento, pero también de la búsqueda de distintas alternativas para poder solucionar este tema”, abriendo la discusión sobre el rol de los distintos niveles del Estado en la solución de la crisis.
