La ACOT amplía facultades estatales, acelera proyectos contra el crimen organizado y abre espacio a nuevas atribuciones para las Fuerzas Armadas. La oposición cuestiona vacíos en persecución patrimonial, armas, puertos y coordinación de la ofensiva del Ejecutivo
La seguridad vuelve a ocupar el centro de la estrategia política del Gobierno de José Antonio Kast, pero esta vez la discusión ya no se limita a endurecer penas o acelerar leyes. La Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, empuja al Estado hacia un diseño con más capacidades policiales, nuevas herramientas institucionales y una presencia creciente de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad interna.
El Ejecutivo presentó la ofensiva en la Escuela de Carabineros con una reforma constitucional, una quincena de proyectos que serán enviados al Congreso, alrededor de 30 iniciativas actualmente en tramitación y un conjunto de modificaciones destinadas a ampliar las facultades de policías, Gendarmería y otros servicios públicos.
La magnitud del paquete refleja la prioridad que La Moneda busca imprimir a una de las principales promesas de Kast, pero también abre interrogantes sobre los límites de las nuevas atribuciones y la capacidad de las medidas para golpear realmente las estructuras del crimen organizado.
“Hay momentos en que un país debe decidir quién manda, si la ley o el delincuente. Este es uno de esos momentos”, sostuvo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, antes de presentar los 11 puntos de la ACOT. El secretario de Estado resumió después la pretensión del Ejecutivo con otra definición: “No llegamos a administrar la inseguridad, llegamos a cambiarla”.
La frase fija una vara alta. Más allá de la velocidad legislativa, la prueba será establecer si el Gobierno consigue articular policías, Fuerzas Armadas, inteligencia, cárceles, persecución financiera, control de armas y fiscalización de fronteras y puertos dentro de una política capaz de atacar organizaciones que ya no funcionan como delincuencia convencional.
El flanco militar abre una discusión mayor
Uno de los puntos más sensibles no nació con la ACOT, pero ahora adquiere otra dimensión dentro de la ofensiva de seguridad. El Gobierno impulsa un proyecto que faculta a integrantes de las Fuerzas Armadas a realizar controles de identidad durante estados de excepción constitucional de emergencia o catástrofe, iniciativa que ya superó su paso por la Cámara de Diputados y continúa su tramitación en el Senado.
La propuesta permite a militares desplegados realizar controles de identidad, registrar vestimentas, equipaje o vehículos y detener personas sorprendidas en flagrancia. En este último caso, el detenido debe ser entregado inmediatamente a Carabineros o la Policía de Investigaciones. El Ejecutivo sostiene que busca entregar herramientas operativas que actualmente existen en zonas fronterizas, pero que no están expresamente disponibles durante otros estados de excepción.
La discusión, sin embargo, es más amplia que esa iniciativa. Entre las medidas detalladas junto con la ACOT también aparece la posibilidad de instaurar un nuevo estado de excepción vinculado a la seguridad pública, una definición cuyo alcance deberá conocerse cuando el Ejecutivo traduzca la propuesta en un texto jurídico concreto.
Ahí surge uno de los principales flancos de la agenda. El debate no pasa únicamente por determinar si las Fuerzas Armadas pueden colaborar frente a amenazas graves, porque ya cumplen funciones de seguridad bajo determinadas condiciones constitucionales.
La propia estrategia del Gobierno viene acercando ambas dimensiones. Kast ha involucrado a las Fuerzas Armadas en el control fronterizo y el Ejecutivo sostiene que su participación debe reforzar la capacidad territorial del Estado. La legislación chilena ya contempla funciones militares excepcionales en seguridad interna, pero precisamente por su carácter extraordinario el aumento de atribuciones obliga a definir límites con claridad.
El crimen organizado y la pregunta por dónde golpear
El segundo flanco atraviesa el corazón de la ACOT. La reforma constitucional anunciada busca establecer una nómina de organizaciones criminales y terroristas, perseguir penalmente la pertenencia a esas estructuras, facilitar incautaciones preventivas, congelar bienes y establecer regímenes penitenciarios especiales para sus integrantes.
La lógica supone dejar de perseguir únicamente delitos individuales y avanzar contra organizaciones completas. Pero precisamente ahí la oposición ha abierto su principal cuestionamiento: qué tan profundo llegará el Estado sobre las estructuras financieras, logísticas y de corrupción que permiten funcionar a esas organizaciones.
La diputada del Frente Amplio Tatiana Urrutia apuntó directamente a ese problema: “No hay una sola medida sobre el control de armas, el fortalecimiento del control portuario, la persecución de la ruta del dinero ni el combate a la corrupción. Siguen sin entender que hay que atacar las estructuras que permiten operar al crimen organizado”.
La crítica adquiere relevancia porque esas materias sí habían aparecido previamente en la estrategia declarada por La Moneda. En su Cuenta Pública, Kast anunció fuerzas de tarea para enfrentar fronteras y puertos, crimen organizado, mercados ilícitos y finanzas criminales, planteando expresamente la necesidad de perseguir a las bandas en su liderazgo, territorio y dinero.
El cuestionamiento, por tanto, no se reduce a si existen medidas sobre decomiso. La pregunta es si la ACOT conseguirá conectar esas capacidades con investigación financiera, control de armas, vigilancia portuaria, Aduanas, Unidad de Análisis Financiero, Servicio de Impuestos Internos y Ministerio Público para evitar que las organizaciones sobrevivan aun después de perder integrantes.
Ese debate ya había aparecido cuando el primer Plan Operativo de Seguridad de Arrau fue cuestionado por la falta de instrumentos suficientes para seguir la ruta del dinero y debilitar el patrimonio de las organizaciones criminales. El senador Pedro Araya advirtió entonces que detener miembros de una banda resulta insuficiente si el Estado no puede cortar los flujos económicos que sostienen su operación.
El secreto bancario reaparece
La nueva agenda tampoco logra escapar de una controversia que lleva meses instalada en el Congreso. La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, volvió a vincular la ofensiva contra el crimen organizado con el levantamiento del secreto bancario.
“Siguen en campaña, siguen haciendo anuncios del proyecto de ley, pero no hemos escuchado una voluntad del Presidente de la República y menos de sus diputados de seguir la ruta del crimen organizado, de levantar el secreto bancario. Todo lo contrario”.
El Ejecutivo ha impulsado el proyecto de inteligencia económica, pero manteniendo la exigencia de autorización judicial previa para determinadas solicitudes de información bancaria, una fórmula que ha sido parte de la disputa con sectores opositores.
El punto de fondo permanece abierto: qué nivel de acceso debe tener el Estado para investigar operaciones sospechosas sin debilitar las garantías judiciales que protegen información financiera. La discusión sobre el secreto bancario y las facultades de la UAF seguirá cruzándose con cualquier estrategia que prometa perseguir el dinero del crimen organizado.
La tensión es relevante porque las organizaciones criminales modernas necesitan mucho más que hombres armados. Requieren empresas de fachada, cuentas, vehículos, inmuebles, prestanombres, redes logísticas y mecanismos para introducir recursos ilícitos en circuitos aparentemente legales.
Para los expertos, desarticular esa estructura demanda capacidades diferentes a las utilizadas para detener a quienes ejecutan materialmente los delitos.
Una agenda extensa que deberá funcionar como una sola
Otro cuestionamiento apunta a la arquitectura misma de la ofensiva. El jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, advirtió que la acumulación de proyectos no necesariamente constituye una estrategia coherente:
“Los anuncios que realiza el Presidente dan cuenta, de manera inconexa, de muchos proyectos de ley que están en actual tramitación y otros proyectos que esperamos poder conocer. Esperamos conocerlos, darles una adecuada tramitación, pero proyectos que entreguen mayores herramientas de persecución criminal, y no solo un aumento de penas que, en definitiva, no tiene una sanción efectiva”, detalló el legislador.
El Gobierno quiere evitar precisamente esa fragmentación mediante cambios institucionales. Arrau anunció una ley para mejorar la PDI, modificaciones a la Ley Orgánica de Gendarmería, medidas destinadas a fortalecer Carabineros y la creación de una agencia especializada para administrar, enajenar y destruir bienes incautados.
La propuesta incorpora además una fórmula que el ministro describió como mayor “competencia” entre servicios públicos. Algunas tareas actualmente concentradas en determinadas instituciones podrían ser desarrolladas por otros organismos para acelerar investigaciones. Entre los ejemplos expuestos aparece la posibilidad de que policías realicen pericias actualmente radicadas en el Servicio Médico Legal y participen en procesos vinculados al análisis y destrucción de drogas.
La intención es reducir tiempos. El desafío será que esa superposición de capacidades no termine generando nuevas dificultades de coordinación, estándares diferentes o zonas grises sobre responsabilidades institucionales.
El Ejecutivo llega a esta etapa después de mantener como marco general la Política Nacional de Seguridad Pública aprobada durante la administración anterior, mientras desarrolla estrategias propias para narcotráfico, crimen organizado, fronteras y control territorial.
El reloj político también comenzó a correr
La Moneda no parte desde cero. Una parte importante de la ofensiva se construye sobre proyectos que ya están cerca de definiciones legislativas y que el Gobierno quiere despachar con rapidez.
Entre ellos aparecen las Reglas de Uso de la Fuerza, actualmente en comisión mixta; la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales en franco; las modificaciones sobre flagrancia y facultades autónomas de las policías; el juicio oral en ausencia; el control de identidad de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción y la tipificación penal del ingreso clandestino.
A ello se agrega el frente penitenciario. La creación de regímenes especiales para integrantes del crimen organizado se cruza con una infraestructura carcelaria que opera bajo fuerte presión. El Ejecutivo ya puso en marcha una estrategia de concesiones para ampliar y modernizar la capacidad penitenciaria, mientras intenta impedir que dirigentes criminales continúen operando sus estructuras desde las cárceles.
La seguridad vuelve así a medir al Gobierno en un terreno distinto al de su reciente ofensiva económica. Aprobar leyes será importante, pero no suficiente. La promesa de Kast exige demostrar que policías, Fuerzas Armadas, cárceles, inteligencia financiera, fiscalizadores y tribunales pueden actuar de manera coordinada frente a organizaciones cuya principal ventaja ha sido precisamente aprovechar las divisiones del Estado.
Los flancos están identificados. Uno es institucional y tiene que ver con el lugar que ocuparán las Fuerzas Armadas dentro de la seguridad interna. Otro es operacional y pregunta si las nuevas herramientas conseguirán alcanzar el patrimonio, las armas, los puertos y las redes de corrupción del crimen organizado. Un tercero será político: transformar una extensa agenda legislativa en una política reconocible y ejecutable.
La ACOT eleva la capacidad que el Gobierno pretende entregar al Estado. El verdadero examen comienza ahora: determinar hasta dónde llegará ese poder, bajo qué controles será ejercido y si conseguirá golpear las estructuras criminales antes de que la promesa de mayor seguridad vuelva a quedar atrapada entre leyes, instituciones y competencias dispersas.
