Acuerdo entre Justicia, Seguridad Pública y Obras Públicas busca acelerar nuevas cárceles, ampliaciones y relicitaciones en regiones, en medio del hacinamiento, el deterioro de recintos y la presión del crimen organizado sobre el sistema penal
El Gobierno puso las concesiones en el centro de su estrategia para enfrentar la crisis penitenciaria que atraviesa el país. Con una red carcelaria presionada por el hacinamiento, el deterioro de infraestructura y la presencia de organizaciones criminales al interior de los recintos, el Ejecutivo busca acelerar una cartera de obras que contempla nuevas cárceles, ampliaciones y relicitaciones en distintas regiones.
El Presidente Kast, encabezó este miércoles en el Complejo Penitenciario de Colina I la firma del Acuerdo Marco de Cooperación para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. En la actividad participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.
El convenio busca ordenar la coordinación entre las tres carteras para reducir tiempos administrativos y acelerar proyectos estratégicos. La fórmula elegida entrega un rol clave al Ministerio de Obras Públicas, que asumirá la ejecución de los procesos de licitación y concesión, además del seguimiento técnico y financiero de las iniciativas.
“Lo que debemos garantizarles a todos es un trato digno, respetando aquellos derechos humanos que ellos no respetaron. La justicia no es una venganza, es que cada uno cumpla con lo que corresponda de acuerdo a la ley”, sostuvo el Mandatario durante la actividad.
Concesiones para destrabar infraestructura crítica
La apuesta del Ejecutivo apunta a utilizar la experiencia del MOP en concesiones para dar mayor velocidad a una agenda que combina seguridad pública e inversión en infraestructura. El objetivo es aumentar la capacidad del sistema, modernizar recintos y mejorar las condiciones para una segregación efectiva de internos, especialmente en casos vinculados a delitos violentos y crimen organizado.
En el diseño del acuerdo, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad Pública actuarán como entidades mandantes. Ambas carteras deberán financiar los procesos, gestionar terrenos, tramitar aprobaciones y aportar los antecedentes técnicos necesarios para cada proyecto.
El Ministerio de Obras Públicas, en tanto, quedará a cargo de conducir los procesos de licitación, concesión y control técnico de las obras. La medida busca aprovechar la experiencia de esa cartera en infraestructura concesionada para acelerar una agenda que el Gobierno considera prioritaria.
La cartera considerada contempla proyectos penitenciarios en Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, La Serena, Valparaíso y Santiago, además de iniciativas en Rancagua, Maule, Ñuble, Los Ángeles, Biobío, La Araucanía, Valdivia y Puerto Montt. Dependiendo de cada caso, los proyectos podrán corresponder a construcción de nuevos establecimientos, ampliaciones, reparaciones o relicitaciones.
Hacinamiento, control interno y crimen organizado
El acuerdo se produce cuando la infraestructura penitenciaria se ha transformado en una pieza clave de la agenda de seguridad. La falta de plazas, la obsolescencia de algunos recintos y las dificultades para separar perfiles de alta peligrosidad han limitado la capacidad del Estado para recuperar control dentro de las cárceles.
La ofensiva carcelaria del Gobierno busca responder a ese escenario con más capacidad, mejores estándares de seguridad y una segmentación más estricta de la población penal. Para el Ejecutivo, la modernización de la infraestructura es una condición necesaria para impedir que los recintos penitenciarios sigan siendo utilizados como espacios de coordinación delictual.
El plan también contempla la promoción internacional de la cartera de proyectos, con el fin de atraer nuevos inversionistas y ampliar la competencia en futuros procesos de concesión. La señal apunta a combinar financiamiento, experiencia técnica y capacidad de ejecución privada bajo supervisión pública.
El desafío de pasar del anuncio a las obras
Aunque la firma del acuerdo marca un avance político y administrativo, el verdadero impacto dependerá de su ejecución. La disponibilidad de terrenos, la tramitación de permisos, el interés de los oferentes, la fiscalización de contratos y la capacidad de cumplir plazos serán factores decisivos para medir si la estrategia logra traducirse en nuevas plazas y mejores condiciones penitenciarias.
El riesgo para el Gobierno es que la agenda quede atrapada en los mismos cuellos de botella que han demorado históricamente la expansión de infraestructura pública. La diferencia, en este caso, es que la presión del crimen organizado y el hacinamiento carcelario han elevado el costo político de la demora.
En una agenda marcada por seguridad, inversión pública y control institucional, el plan penitenciario aparece como una prueba relevante para el Ejecutivo. No se trata solo de construir más cárceles, sino de demostrar si el Estado puede recuperar capacidad de gestión en un sistema que opera al límite y que se ha convertido en un frente crítico frente al crimen organizado.
