Del caso Rancagua en 2019 a los cuadernos de remoción de 2026, el Poder Judicial acumula 65 jueces, juezas y ministros vinculados a salidas efectivas o procesos vigentes. La cifra expone una crisis ética en el corazón del sistema judicial
Por Daisy Castillo Triviños
La crisis de probidad que hoy golpea al Poder Judicial tuvo una de sus primeras señales duras en la Región de O’Higgins. En 2019, los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, fueron expulsados definitivamente tras una investigación interna por hechos de corrupción, tráfico de influencias e intervenciones indebidas dentro de la magistratura.
En octubre de ese año, el entonces presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, confirmó la expulsión definitiva de ambos magistrados, luego de que el Pleno rechazara sus recursos de reposición. La decisión había sido adoptada en agosto de ese año, tras una investigación encabezada por la ministra Rosa María Maggi, que los sindicó como autores de hechos de corrupción al interior del Poder Judicial en O’Higgins.
En el caso de Elgueta, los antecedentes apuntaron a intervenciones en causas judiciales, comunicaciones con abogados y partes litigantes, gestiones vinculadas a nombramientos y la solicitud y aceptación de dinero. Vásquez, en tanto, fue acusado de favorecer el nombramiento de su hija en un tribunal de su jurisdicción, aconsejar a un imputado pese al incumplimiento de una medida cautelar e intervenir en la conformación de sala en el caso Caval.
El caso Hermosilla abrió una segunda etapa de la crisis: ya no se trataba solo de una corte regional golpeada por redes internas, sino de una trama que expuso vínculos entre abogados influyentes, nombramientos, circulación de información reservada y contactos con integrantes de tribunales superiores. Esa zona gris entre poder, negocios y justicia reforzó una pregunta más profunda: quién influye en la justicia chilena y bajo qué controles.
La gravedad del momento fue reconocida desde la propia cúpula judicial. En el inicio del año judicial 2026 y durante la Cuenta Pública 2025, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, admitió que el Poder Judicial atraviesa una crisis institucional que “nos avergüenza” y la definió como “la peor crisis desde el retorno a la democracia”. También advirtió que “cuando se deja de confiar en la justicia no sólo se resiente el servicio judicial, sino también el Estado de derecho”.
En esa arista, tres nombres muestran el impacto judicial del Caso Audios: Ángela Vivanco, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa. Sus casos golpearon directamente la legitimidad de tribunales superiores y reforzaron la percepción de que las redes de influencia podían operar dentro del sistema.
Ángela Vivanco se convirtió en una de las figuras centrales de este ciclo. La Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción tras revelarse sus mensajes con Luis Hermosilla y, posteriormente, resolvió removerla por no haber tenido buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones.
Su caso derivó además en una nueva etapa judicial, luego de que la exministra enfrentara una formalización por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la causa conocida como Muñeca Bielorrusa.
Verónica Sabaj, ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, también quedó asociada al caso por conversaciones de chat con Luis Hermosilla. En 2025, la Corte Suprema resolvió removerla, tras un proceso en que se le reprocharon conductas que comprometieron gravemente la independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia exigidas a los integrantes del Poder Judicial.
Antonio Ulloa, ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue destituido por el Senado en noviembre de 2025 tras aprobarse una acusación constitucional. El libelo acogido abordó faltas al deber de reserva, deber de abstención e imparcialidad, e intervención indebida en nombramientos, lo que derivó en su destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por cinco años.
El impacto de Hermosilla tampoco se agota en quienes salieron del cargo. Los ministros de la Corte Suprema Manuel Valderrama y Mario Carroza figuran con sumarios disciplinarios abiertos o sin cierre público identificado al 30 de junio de 2026, vinculados a antecedentes surgidos tras publicaciones sobre chats de Luis Hermosilla. Esa categoría no implica remoción ni destitución, pero sí procesos formales vigentes dentro del período analizado.
La caída de Sergio Muñoz y Diego Simpértigue mostró, además, que el problema excede una sola red de influencia y alcanza distintos frentes de responsabilidad institucional. Muñoz, ex presidente de la Corte Suprema, fue destituido e inhabilitado por el Senado en octubre de 2024, tras aprobarse una acusación constitucional por notable abandono de deberes. El libelo acusatorio se fundamentó, entre otros puntos, en la filtración de información reservada y de carácter estratégico a su hija, la jueza Graciela Muñoz.
Diego Simpértigue fue destituido por el Senado en diciembre de 2025, luego de aprobarse una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes. El caso estuvo marcado por cuestionamientos vinculados a probidad e imparcialidad, especialmente por su actuación en la causa Codelco-Belaz Movitec, también conocida como la trama bielorrusa, luego de que la Cámara aprobara la acusación constitucional contra el ministro de la Suprema Diego Simpértigue.
De casos emblemáticos a crisis de volumen
Hasta ahí, la crisis podía leerse como una secuencia de casos graves, pero concentrados en nombres de alto perfil. El salto de escala llegó en junio de 2026, cuando la Corte Suprema informó que revisó 104 investigaciones disciplinarias relativas a integrantes del escalafón primario que viajaron fuera del país mientras hacían uso de licencias médicas. De ese universo, el Pleno resolvió abrir 56 cuadernos de remoción.
El desglose oficial permite dimensionar la decisión. De los 15 recursos de apelación vistos el 8 de junio, se abrieron 14 cuadernos de remoción. Luego, de 25 investigaciones disciplinarias revisadas el 9 de junio, no se abrió remoción. Finalmente, de 64 casos revisados el 15 y 16 de junio, se abrieron 42 cuadernos, 13 fueron desestimados y 9 quedaron empatados.
| Bloque revisado por la Corte Suprema | Resultado |
|---|---|
| 15 recursos de apelación vistos el 8 de junio | 14 cuadernos abiertos |
| 25 investigaciones disciplinarias revisadas el 9 de junio | Absolución / no apertura |
| 64 casos revisados el 15 y 16 de junio | 42 cuadernos abiertos, 13 desestimados y 9 empatados |
| Total informado | 56 cuadernos de remoción |
La precisión es clave: esos 56 jueces y juezas no están destituidos. Enfrentan procedimientos de remoción abiertos bajo el artículo 80 de la Constitución, que permite a la Corte Suprema remover jueces por mal comportamiento. La evaluación no apunta solo a una sanción disciplinaria, sino a determinar si la conducta afecta la idoneidad para seguir ejerciendo el cargo.
El proceso, por tanto, sigue abierto. La Corte Suprema debe notificar, pedir informe a los jueces y juezas involucrados y a las Cortes de Apelaciones respectivas, para luego resolver caso a caso, con posibilidad de alegatos. Por eso, los 56 cuadernos de remoción por licencias médicas deben contabilizarse aparte de los magistrados ya removidos o destituidos.
El período bajo revisión
| Categoría | Cantidad | Estado |
|---|---|---|
| Removidos/destituidos 2019–2026 | 7 | Casos ya concluidos con salida del cargo |
| Procesos abiertos previos identificados | 2 | Valderrama y Carroza, vinculados al caso Hermosilla |
| Cuadernos de remoción por licencias médicas | 56 | Abiertos en junio de 2026; aún sin remoción final pública |
| Total con remoción o proceso vigente | 65 | 7 removidos + 58 procesos abiertos |
El dato obliga a separar planos. Los siete removidos o destituidos corresponden a Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez, Ángela Vivanco, Sergio Muñoz, Verónica Sabaj, Antonio Ulloa y Diego Simpértigue. Los dos procesos abiertos previos corresponden a Manuel Valderrama y Mario Carroza. Y los 56 cuadernos de remoción por licencias médicas constituyen una categoría excepcional, vigente y aún sin remoción final pública.
Con esa distinción, la cifra adquiere fuerza. Entre 2019 y junio de 2026, el Poder Judicial registra al menos 65 jueces, juezas y ministros vinculados a remociones, destituciones o procesos vigentes. No se trata de igualar situaciones distintas, sino de mostrar una escala que ya no calza con la idea de hechos aislados.
La crisis ya no se explica solo por ministros removidos, acusaciones constitucionales o vínculos con abogados influyentes. También se mide por la cantidad de integrantes del sistema judicial sometidos al escrutinio disciplinario en un mismo período, en una institución donde la confianza pública ya venía golpeada: una encuesta Ipsos difundida a comienzos de 2026 mostró que un 57% de los chilenos identificaba la corrupción como el principal problema del Poder Judicial.
El impacto sistémico de un poder bajo sospecha
Poderyliderazgo.cl conversó con un panel transversal de analistas políticos, ex fiscales y parlamentarios sobre lo que está pasando en el Poder Judicial, el clientelismo y el tráfico de influencias.
El analista político Axel Callís señaló que “el Poder Judicial por lejos es un estanco que nadie sabe lo que sucede al interior, es un planeta aparte y que requiere de transparencia, abrir las ventanas y meter el sol hacia adentro con urgencia. No sólo, porque es un Poder del Estado relevante, sino porque en base a los mismos estudios que he hecho y en los que he participado, entre un 70 y un 80% de las personas perciben que no hay igualdad ante la ley y, eso se confirma todas las semanas. Siempre hay señales de uso malicioso, de mañas, ocultamiento, tráfico de influencias”.
Añadió que “el Poder Judicial se ha quedado en el pasado y le urge empezar a cambiar su cultura organizacional y de movilidad interna”.
En tanto, el cientista político Guillermo Holzmann indicó que “hoy día, cuando la Corte Suprema abre 56 cuadernos de remoción es porque hay un problema que ya superó la punta del iceberg. En el comportamiento que tienen los jueces y miembros del Poder Judicial en cualquiera de sus estamentos, hay un problema ético serio, en términos de que ya no se hace lo correcto, se hace lo conveniente a los intereses de cada uno o a los intereses que se colocan sobre la mesa en el Poder Judicial”.
Según el ex fiscal de Valparaíso Claudio Uribe, lo que sucede en el Poder Judicial “no es un remezón menor, ver que tantos jueces salgan del Poder Judicial por las licencias. Me parece bueno e importante que se pueda tomar una medida de esta naturaleza, que el Poder Judicial ‘tome el toro por las astas’ y sancione. Es importante que se termine con esa sensación que, muchos hemos tenido durante mucho tiempo, de que los jueces tienen una vara distinta para medirse a sí mismos. Y que se diga desde las más altas autoridades del Poder Judicial: ¡nadie puede hacer esto!”.
Uribe precisó que, si bien “puede ser una situación complicada la que se está viviendo, a la larga es positivo lo que pueda ocurrir dentro del Poder Judicial, por lo menos, lo de los jueces. Tiene que aplicarse, tanto a los funcionarios del Poder Judicial, no sólo a los jueces, sino a funcionarios de otras instituciones como el Ministerio Público y, en general, en todos los organismos públicos, porque es muy importante dar una muestra de probidad clara, inequívoca y transversal a todo el aparato del Estado”.
Parlamentarios y el impacto de la corrupción judicial
El diputado Pier Karlezi, del Partido Nacional Libertario, manifestó a Poderyliderazgo.cl que, en el caso de la apertura de los 56 cuadernos de remoción, “demuestra que, por fin, la justicia se está tomando en serio la responsabilidad de los jueces. Es impresionante que haya un estándar para juzgar a personas que no son parte del Poder Judicial y a otros que sí lo son, frente a una misma norma”.
Karlezi puntualizó que “nos deja tranquilos el saber que se están tomando medidas, pero también nos indica que hay una profunda crisis en el Poder Judicial y que debe ser abordada lo antes posible. Además, el sistema de asignación de jueces tiene que cambiar y con ello toda la estructura de designación del Poder Judicial”.
Por su parte, el diputado Jaime Bassa, del Frente Amplio, señaló que la confianza en el Poder Judicial es fundamental para la convivencia democrática. Todos necesitamos tener la certeza de que los órganos que administran justicia cumplirán sus funciones con estricto apego a la ley y respetando su deber de imparcialidad.
Bassa dijo también que “es tan preocupante el aumento de causas por faltas a la probidad entre jueces y juezas”, agregando que “es una buena señal que haya una reacción y quienes aparecen implicados reciban las sanciones correspondientes. Estaremos alerta a que se investiguen a fondo los casos individuales y que se tomen medidas concretas y efectivas para fortalecer controles y prevenir casos de corrupción”.
En conversación con Poderyliderazgo.cl, el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, manifestó que “la probidad es un tema central hoy, y es responsabilidad de todos los poderes del Estado velar por que quien detenta un cargo público actúe siempre de forma honesta”.
A juicio de Sánchez, “la Corte Suprema tiene en esto una responsabilidad y es importante que exijan un estándar mínimo de conducta en los jueces. No puede ser que elementos ajenos a la ley y su correcta interpretación, sirvan para motivar fallos. Ni la plata, ni la política pueden ser fundamentos de un fallo”.
En línea similiar, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, hizo hincapié en el rol que juega el Congreso en la presentación de acusaciones constitucionales en contra de funcionarios del Poder Judicial.
“En la Cámara de Diputados y el Congreso se ha sido bastante cuidadosos, se ha sido responsables en el uso de esta atribución que es la que permite el debido equilibrio de los poderes. El mecanismo de control existe y creo que no hemos abusado en su utilización ante funcionarios del Poder Judicial. Es cierto en que como todas las cosas hay un riesgo y lo peor sería no tener un mecanismo de control cruzado entre Poderes del Estado”, detalló el legislador por Atacama.
Ximena Ossandón, diputada de RN, por la destitución de los ahora ex ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, afirmó que “El notable abandono de deberes en el máximo tribunal de nuestro país no se puede tolerar, venga de donde venga y se disfrace de la ideología que sea. La justicia en Chile debe volver a ser una sola y pareja para todos”.
La pregunta que incomoda a la justicia
La magnitud del caso obliga a mirar más allá de las conductas individuales. La apertura de 56 cuadernos de remoción instala una pregunta mayor: qué controles fallaron y cuánto de esta crisis permaneció oculto bajo una cultura cerrada y poco expuesta al escrutinio ciudadano.
La presión tampoco se agota en los procesos por licencias médicas. Nuevos antecedentes siguen empujando el debate hacia la cúpula judicial, como la denuncia que apunta a la ministra de la Corte Suprema María Cristina Gajardo por la adjudicación directa de un contrato por $470 millones a Replai SpA, empresa que, según reveló El Mostrador, no tenía experiencia comprobada previa en los servicios requeridos. El Pleno del máximo tribunal deberá definir si abre o no un procedimiento disciplinario.
La independencia judicial es indispensable para la democracia, pero no puede confundirse con opacidad ni ausencia de responsabilidad. Si el Poder Judicial quiere reconstruir confianza, la cifra importa: 65 jueces, juezas y ministros vinculados a remociones, destituciones o procesos vigentes ya no parecen una anomalía, sino una advertencia ética sobre los controles internos del sistema.
