La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 132 votos declarar ha lugar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes, dando paso a un proceso que ahora deberá ser resuelto por el Senado.
Durante la presentación del libelo, el diputado Daniel Manouchehri situó el caso en una crisis estructural de confianza en la justicia, afirmando ante la Sala que “Chile vive una crisis de confianza en la justicia, brutal y con justa razón”. A su juicio, este deterioro se explica porque el sistema no puede operar bajo “lógicas de amistad, favores o redes”, sino que debe garantizar jueces “probos, independientes, imparciales y lejanos a redes de corrupción”.
En esa línea, el parlamentario sostuvo que la acusación se sostiene no solo en fundamentos jurídicos, sino también en el sentido común ciudadano, señalando que el notable abandono de deberes es perceptible para cualquier persona que revise los antecedentes del caso. En particular, puso el foco en los viajes realizados por el ministro junto a abogados litigantes, advirtiendo que, más allá de eventuales devoluciones, “la sola compra ya prueba la cercanía y familiaridad que había entre el ministro y los abogados”, lo que podría incluso tener “ribetes penales”.
Fundamentos del voto
Desde la Sala, la diputada Ana María Gazmuri reforzó que el caso trasciende al ministro en cuestión, señalando que “no estamos ante un error, estamos ante una afectación directa de la independencia judicial y a la confianza ciudadana de la justicia”. A su juicio, los hechos superan con creces el umbral que obliga al Congreso a ejercer su rol de control político.
Una lectura similar planteó la diputada Carolina Tello, quien advirtió que el núcleo del problema es la vulneración del deber de abstención e imparcialidad, recalcando que “lo más grave es el incumplimiento del deber de abstención e imparcialidad pese a la estrecha familiaridad con los abogados litigantes”, lo que, dijo, daña directamente la confianza pública en el sistema judicial.
Desde otra vereda, la diputada Daniela Serrano vinculó el caso a una problemática más amplia dentro del Poder Judicial, afirmando que “un caso de un ministro de Corte Suprema no es un caso aislado”, sino parte de una trama que la ciudadanía exige terminar. En la misma línea, Matías Ramírez sostuvo que se trata de “un nuevo y grave episodio” que pone en riesgo principios esenciales como la probidad administrativa.
Defensa de Simpertigue
Durante la jornada, la defensa del ministro Simpertigue, encabezada por el abogado Felipe Lizama, intentó frenar el avance del proceso mediante una cuestión previa, argumentando que “no parece que los hechos en los que hay controversia deban ser pábulo para una acusación constitucional”. Asimismo, cuestionó la oportunidad política del libelo y criticó que parlamentarios hubieran manifestado opinión antes de oír a la defensa.
Frente a estos argumentos, la presidenta de la comisión revisora, diputada Maite Orsini, fue categórica al señalar que “en todo momento actuamos respetando celosamente el derecho a la defensa del acusado”, precisando que fue el propio abogado quien “renunció a ejercer su derecho” al ausentarse de sesiones clave. Además, desestimó cualquier acusación de prejuzgamiento, afirmando que “esa figura no existe en el derecho constitucional”.
Al fundamentar su voto, Orsini fue aún más directa al concluir que “aquí no hubo mal entendido, ni torpeza, sino una decisión consciente de engañar al Congreso y a este país”, cerrando así una jornada que dejó el proceso en manos del Senado y volvió a instalar el debate sobre probidad, redes de influencia y control institucional del Poder Judicial.
