La audiencia de formalización contra Ángela Vivanco activó una nueva etapa en la causa conocida como “Muñeca Bielorrusa”, situando el foco en eventuales irregularidades cometidas en el ejercicio del máximo cargo jurisdiccional del país.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, fue formalizada este lunes por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, en una audiencia realizada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación conocida como “Muñeca Bielorrusa”.
La diligencia marca un hito institucional inédito en la historia reciente del Poder Judicial chileno, al tratarse de una exintegrante del máximo tribunal enfrentando persecución penal por hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Los cargos y el contexto judicial
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso de manera pormenorizada los hechos que, a su juicio, configuran los delitos imputados, detallando el rol que habría tenido Ángela Vivanco en la adopción de decisiones judiciales que beneficiaron intereses privados, así como los flujos económicos que actualmente son objeto de análisis investigativo.
En la presentación, el Ministerio Público vinculó el presunto cohecho con resoluciones dictadas en causas de alto impacto económico, señalando que existirían antecedentes que permiten sostener una relación entre decisiones jurisdiccionales y beneficios indebidos, algunos de los cuales habrían sido canalizados a través de terceros.
La formalización incluyó el delito de lavado de activos, lo que elevó el estándar del debate procesal, al incorporar el análisis de movimientos financieros, incremento patrimonial y eventuales mecanismos de ocultamiento o disimulación de recursos. Este punto fue uno de los más controvertidos de la audiencia y concentró buena parte de los alegatos.
Por su parte, la defensa de Vivanco cuestionó la solidez de los antecedentes presentados, argumentando que los hechos descritos por la Fiscalía no configurarían delitos penales, sino que corresponderían a interpretaciones forzadas de actuaciones jurisdiccionales que se encuentran debidamente fundadas en derecho.
Asimismo, la defensa planteó reparos a la inclusión del lavado de activos, sosteniendo que no existiría acreditación suficiente sobre el origen ilícito de los fondos ni sobre la intencionalidad requerida para dicho ilícito en esta etapa procesal.
Medidas cautelares y precedente institucional
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó restricciones personales, argumentando riesgo procesal y la gravedad de los delitos imputados. El tribunal escuchó los alegatos de ambas partes y dejó constancia de la excepcionalidad del caso, considerando la calidad de exministra de la Corte Suprema de la imputada.
La resolución sobre las cautelares y los plazos de investigación definió el marco bajo el cual continuará la causa, dando inicio formal a una etapa investigativa que se anticipa extensa y de alto escrutinio público.
Línea de tiempo del caso Vivanco
- 2023 – 2024
Surgen antecedentes preliminares sobre eventuales irregularidades vinculadas a fallos judiciales de alto impacto económico. - Primer semestre 2025
El Ministerio Público inicia diligencias investigativas reservadas, incluyendo análisis patrimonial y recopilación de antecedentes financieros. - Segundo semestre 2025
Se presenta querella de capítulos contra Ángela Vivanco para habilitar la persecución penal. - Diciembre 2025
La Corte Suprema acoge la querella de capítulos y levanta el fuero judicial. - Enero 2026
Se realizan diligencias judiciales y detenciones vinculadas a la causa. - 26 de enero de 2026
Ángela Vivanco es formalizada por cohecho y lavado de activos
Reacciones del mundo político
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia Luis Cordero calificó públicamente el caso como “un golpe institucional muy severo”, subrayando el impacto que genera en la credibilidad del sistema judicial y enfatizando que las instituciones deben permitir que la justicia opere sin interferencias.
En el Congreso, la senadora Yasna Provoste señaló que el proceso confirma la necesidad de fortalecer los estándares de probidad y control en los más altos niveles del Estado, destacando que la independencia judicial debe ir acompañada de responsabilidad institucional.
Por su parte, el senador Alfonso de Urresti sostuvo que la causa “expone fallas estructurales en los mecanismos de control interno del Poder Judicial”, planteando la urgencia de avanzar en reformas que refuercen la transparencia y la rendición de cuentas.
Lo que viene
Con la formalización concluida, la causa entra en etapa de investigación formal, con diligencias probatorias, peritajes y eventuales nuevas imputaciones. El desarrollo del proceso será observado con atención por el sistema político, jurídico y ciudadano, dado su impacto en la confianza pública y en futuras reformas institucionales.
