El organismo remitió antecedentes a la Superintendencia de Casinos, a los servicios involucrados, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. El caso abre un nuevo flanco sobre control interno, probidad y resguardo de recursos públicos
La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos y municipales que administran o custodian fondos del Estado realizaron transacciones en casinos de juego, pese a estar legalmente impedidos de hacerlo por la naturaleza de sus cargos. E
l hallazgo quedó consignado en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 20, fechado el 23 de marzo de 2026, y abarca funcionarios de 371 entidades públicas y municipales.
De acuerdo con el documento, las operaciones registradas sumaron $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025, en un cruce de información entre la Contraloría y la Superintendencia de Casinos de Juego.
El dato más delicado es otro: 181 funcionarios concentran el 96,8% del monto total transaccionado, equivalente a $11.118.431.956, y esas cifras, según el propio órgano contralor, no se condicen con su nivel de remuneraciones.
Claves del informe de Contraloría
| Dato crítico | Cifra | Qué revela |
|---|---|---|
| Funcionarios involucrados | 910 | Infracción masiva en manejo de fondos públicos |
| Monto total apostado | $11.490 millones | Uso de recursos en volúmenes elevados |
| Grupo más crítico | 181 funcionarios (96,8%) | Alta concentración en pocos casos |
| Mayor caso individual | $1.040 millones | Desproporción respecto a ingresos |
| Entidades involucradas | 371 | Problema extendido en el Estado |
Un problema de probidad que trasciende la infracción formal
La base legal del caso es clara. El documento recuerda que los funcionarios públicos y municipales que, por sus cargos, administran o custodian fondos públicos y deben rendir caución o garantía, están afectos a la prohibición establecida en el artículo 10, letra b), de la ley N° 19.995, que les impide efectuar apuestas en casinos de juego. La Contraloría añade que para este análisis también consideró normas sobre responsabilidad en el manejo de fondos estatales y facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Casinos.
El punto de fondo no es solo el incumplimiento de una restricción legal, sino el tipo de funcionario involucrado. No se trata de cualquier universo de trabajadores públicos, sino de personas que tienen responsabilidad directa sobre recursos fiscales. Por eso, el caso instala una discusión más amplia sobre estándares de probidad, control patrimonial, monitoreo preventivo y riesgos institucionales en áreas sensibles del aparato estatal.
Fuerzas Armadas, municipios y servicios públicos entre los organismos involucrados
El informe incluye un listado con los 20 funcionarios con mayores montos transados en casinos. El mayor registro corresponde a un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, con $1.040.426.820. Le siguen un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con $622.401.710, y un oficial administrativo de la Tesorería General de la República, con $507.398.060.
También aparecen funcionarios de la Municipalidad de San Ramón, Dirección del Trabajo, Municipalidad de Puerto Montt, Servicio de Gobierno Interior, Carabineros, JUNJI, Municipalidad de Concepción, PDI, SII, Sence, Municipalidad de Quilicura, Municipalidad de Rengo y Municipalidad de Valdivia, entre otros.
La lámina del documento también muestra las entidades con mayores montos acumulados entre los funcionarios observados. Encabeza la lista la Fuerza Aérea, con 2 funcionarios y $1.046.048.380, seguida por Carabineros, con 18 funcionarios y $781.891.149; la DGAC, con 10 funcionarios y $622.955.340; la Tesorería General de la República, con 10 funcionarios y $595.219.255; y la Municipalidad de Puerto Montt, con 16 funcionarios y $382.140.735.
También aparecen municipios, servicios fiscalizadores, Registro Civil, Aduanas y organismos policiales.
Top 10 funcionarios con mayores montos apostados en casinos
| Funcionario / Cargo | Organización | Monto transado |
|---|---|---|
| Suboficial | Fuerza Aérea de Chile (FACH) | $1.040.426.820 |
| Directivo | Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | $622.401.710 |
| Oficial administrativo | Tesorería General de la República | $507.398.060 |
| Funcionario | Municipalidad de San Ramón | $365.382.995 |
| Funcionario | Dirección del Trabajo | $343.593.995 |
| Funcionario | Municipalidad de Puerto Montt | $321.938.770 |
| Funcionario | Servicio de Gobierno Interior | $306.344.275 |
| Funcionario | Carabineros de Chile | $292.245.335 |
| Funcionario | JUNJI | $273.234.190 |
| Funcionario | Municipalidad de Concepción | $260.947.150 |
Las medidas: sanciones, sumarios y envío de antecedentes a Fiscalía
La Contraloría no se limitó a informar los hallazgos. El CIC señala tres acciones inmediatas. Primero, remitió a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios para que instruya los procedimientos sancionatorios correspondientes.
Segundo, envió los antecedentes a las entidades públicas involucradas, ordenando que inicien, dentro de cinco días desde la notificación, los procedimientos disciplinarios respectivos y determinen eventuales responsabilidades administrativas.
Tercero, remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado la nómina de las 181 personas con mayores montos transados, precisamente porque esas cifras no se ajustan a su nivel de ingresos.
Esa secuencia muestra que el caso puede escalar en varios planos al mismo tiempo: administrativo, sancionatorio, patrimonial e incluso penal. La gravedad no está solo en la infracción a la ley de casinos, sino en la posibilidad de que los montos observados obliguen a revisar el origen de los recursos involucrados y los mecanismos de control con que operan los servicios públicos y municipios.
Control del Estado, confianza pública y señal institucional
El documento fue elaborado a partir de un cruce de información entre la Contraloría, la Superintendencia de Casinos y reportes remitidos por los propios casinos. Aun así, el texto advierte que podría existir falta de información entregada por algunos operadores, lo que introduce una alerta adicional: el universo detectado podría no agotar completamente la dimensión del problema.
Más allá de la cifra, el caso golpea una zona especialmente sensible para la gestión pública: la confianza en quienes administran recursos del Estado. En un escenario marcado por presión fiscal, recortes presupuestarios y exigencias de mayor eficiencia del gasto, este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: cuán robustos son hoy los mecanismos preventivos de control interno para detectar conductas incompatibles con funciones críticas de la administración pública.
Lo que queda abierto ahora no es solo el resultado de los sumarios, sino también la discusión sobre si el Estado cuenta con herramientas suficientes para anticipar este tipo de riesgos. Porque cuando la observación afecta a funcionarios encargados de custodiar fondos públicos, el problema deja de ser individual y pasa a convertirse en una señal sobre la calidad de los controles institucionales.
