La Cámara aprobó por unanimidad una reforma que permitiría al Registro Civil crear antecedentes e historiales ficticios para vehículos utilizados en investigaciones e inteligencia policial. El proyecto volvió al Senado para completar su tercer trámite legislativo constitucional
Una patente basta hoy para abrir una ventana sobre un vehículo. Distintas plataformas digitales permiten consultar antecedentes registrales en segundos, una facilidad que se vuelve especialmente sensible cuando el automóvil que aparece en pantalla participa en una investigación policial, una operación encubierta o una tarea de inteligencia. El Congreso busca cerrar ese flanco con una modificación a la Ley de Tránsito que acaba de superar una nueva etapa legislativa.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad, con 135 votos, el proyecto que permitirá proteger los antecedentes de vehículos utilizados por agentes encubiertos, agentes reveladores y organismos de inteligencia y contrainteligencia. En lugar de limitarse a ocultar los datos reales, el mecanismo contempla que el Registro Civil utilice identidades, antecedentes registrales e historiales ficticios para evitar que una consulta permita identificar el origen policial del móvil.
La fórmula surgió después de detectar un problema en la propuesta original. Si una persona consultaba una patente y el sistema simplemente se negaba a entregar información, esa ausencia podía convertirse en una señal suficiente para inferir que se trataba de un vehículo policial. La indicación sustitutiva impulsada por el Ejecutivo optó entonces por mantener una cobertura registral ficticia, acotada exclusivamente a móviles destinados a operaciones especialmente sensibles.
De ocultar información a crear una identidad registral
El mecanismo no alcanzará a toda la flota de Carabineros o la Policía de Investigaciones. La norma se concentra en vehículos utilizados bajo modalidades de agente encubierto o agente revelador, además de aquellos destinados a actividades de inteligencia y contrainteligencia. Los requerimientos deberán provenir de fiscales o de jefaturas de organismos de inteligencia policial.
El cambio se inserta en una agenda de fortalecimiento de capacidades estatales frente a organizaciones criminales que durante 2026 ha sumado nuevas herramientas policiales, legislativas y de inteligencia. Ese proceso también forma parte de la nueva agenda contra el crimen organizado y las mayores facultades que discute el Estado, donde la anticipación de amenazas y la protección de las investigaciones han ganado peso frente a delitos cada vez más complejos.
Uno de los autores de la iniciativa, el senador Iván Flores, explicó durante su discusión en el Senado que las operaciones reservadas obligaban a ir más allá de ocultar la propiedad de un automóvil. El objetivo, señaló, era “proteger la vida y la integridad de los funcionarios policiales”, además de evitar que investigaciones sobre bandas de alta peligrosidad quedaran expuestas antes de concretar sus diligencias.
El debate legislativo mostró que la vulnerabilidad no era únicamente teórica. La información disponible mediante una patente puede permitir conocer al propietario, características técnicas del vehículo y otros antecedentes registrales. Para una investigación convencional esos datos pueden parecer inocuos, pero en operaciones encubiertas pueden revelar que un móvil está asociado a una institución policial y comprometer meses de seguimiento.
Una pieza dentro de la ofensiva contra el crimen organizado
La protección de vehículos se suma a otros cambios dirigidos a fortalecer la investigación de delitos de alta complejidad. Chile ya avanzó, por ejemplo, en la creación de la Fiscalía Supraterritorial para enfrentar crimen organizado y delitos complejos, junto con nuevas capacidades de análisis criminal y coordinación de investigaciones que superan los límites territoriales tradicionales.
El proyecto también quedó alineado con la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado, que permite desarrollar operaciones bajo cobertura y utilizar antecedentes ficticios para proteger determinadas labores. En este caso, el objetivo es trasladar esa protección al registro de los vehículos empleados durante procedimientos de inteligencia policial.
La iniciativa había sido aprobada previamente por el Senado y posteriormente recibió cambios durante su paso por la Cámara. La modificación que obliga a un nuevo pronunciamiento de la Cámara Alta se incorporó en el artículo transitorio y se relaciona con el reglamento que deberá definir la aplicación práctica del sistema.
El Senado tendrá la última palabra
Con la votación unánime de la Cámara, el proyecto regresó al Senado para su tercer trámite constitucional. La Cámara Alta deberá resolver la modificación introducida por los diputados antes de que la iniciativa pueda completar su recorrido legislativo y quedar en condiciones de convertirse en ley.
Si recibe el respaldo definitivo, el desafío pasará desde el Congreso a la implementación. Registro Civil, fiscales y organismos de inteligencia policial deberán operar un sistema capaz de proteger antecedentes sensibles sin convertir la propia reserva en una señal que permita detectar qué vehículos están siendo utilizados en investigaciones encubiertas.
