El Consejo para la Transparencia inicia un proceso de consulta pública enmarcado en el ejercicio de cuenta pública participativa para la gestión 2022, la que se extenderá entre el 27 de abril y el 26 de mayo.
Sección: Consejo para la Transparencia
En la cita, Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, resaltó que ”Si no contamos con buena información y datos no podemos llevar adelante ninguna política pública seria”.
En el marco de un acuerdo que se replicará, a lo menos, en la totalidad de las capitales regionales del país.
La iniciativa, que tuvo su primera jornada en Punta Arenas, contó con la asistencia de funcionarios y funcionarias de todos los municipios de la región.
Francisco Leturia resaltó además la necesidad impulsar cambios a mecanismos de control y preventivos.
Entre los organismos que deberán publicar obligatoriamente una serie de contenidos en sus páginas web aparecen las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, corporaciones y asociaciones municipales y fundaciones dependientes de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia.
Organismo solo logró seguir un 2% de los recursos asignados, equivalente a un monto de 11 mil millones de pesos, ya que la información publicada en el período 2021, por solo la mitad de los Gobiernos Regionales, es “muy limitada”.
Después de una acusación de eventual borrado de documentos que explicaban diversos aspectos del TPP11 en medios de comunicación, el Consejo para la Transparencia indicó que “es fundamental la gestión documental y la transparencia proactiva, puesto que “si no es simple acceder a la información no promovemos diálogos informados”.
Se trata de los antecedentes que se hayan tenido a la vista para conceder o denegar beneficios intra penitenciarios, como salidas esporádicas o de fin de semana, entre otros, de Celestino Córdova y los primos Tralcal.
La repartición se retractó de la versión inicial entregada al Consejo para la Transparencia, que negaba el acceso a copias de las comunicaciones de la exautoridad del Gobierno de Sebastián Piñera argumentando que los registros habían sido borrados, y pidieron cuatro meses para cumplir con la entrega de esta información.