Documento reúne recomendaciones básicas orientadas a explicar de forma sencilla la regulación vigente y reforzar la protección de datos personales que se manejan en instituciones de la administración central y municipios, incluyendo la reducción de accesos no autorizados y de tratamientos indebidos de este tipo de información.
La entidad no había respondido a dos solicitudes de datos que consideran variables como armas utilizadas, nacionalidad, edad y sexo de las víctimas, entre otros.
Análisis contempló información de lobby registrada por 278 organismos públicos entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 2022, acorde a lo que establece la Ley N° 20.730, que busca transparentar las actividades de lobby y gestiones de intereses particulares.
En el encuentro ambos personeros destacaron acciones de capacitación a funcionarios públicos en pro de la transparencia de las acciones de las autoridades y servicios locales.
CPLT analizó comportamiento de autoridades en materia de Lobby a nivel municipal a un año de asumir y remitió antecedentes a la Contraloría. Cerca de un 8% de los concejales no están registrados como “Sujetos Pasivos” acorde a lo que establece la norma o sus inscripciones no están vigentes para el actual período, lo que impide que registren sus audiencias, viajes y donativos.
Organismo abordó en detalle a aquellos “mecanismos que impidan a quienes tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, desempeñar funciones públicas”.
La norma establece excepciones que podrían justificar pagos por más de 51 mil millones de pesos entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.
Presidente del Consejo para la Transparencia resaltó, entre otros aspectos, que “sólo el 10%, equivalente a 4 subsecretarías, publican los protocolos de acoso sexual en el banner que corresponde”.
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) Francisco Leturia, explicó que estas “infracciones o problemas impiden el acceso efectivo a la información”.
En el encuentro se abordó la ampliación de obligaciones de transparencia a universidades no estatales que reciben recursos públicos y el aumento de las exigencias en los centros de educación superior que ya están bajo el control del Consejo.