Sociedad conyugal: Senado retoma histórica reforma que busca autonomía patrimonial para las mujeres

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Más del 50% de los matrimonios en Chile se celebra bajo este régimen, que impide a las mujeres administrar libremente sus bienes


La Comisión de Constitución del Senado reanudó la discusión de un proyecto clave para la igualdad de género: la reforma al régimen de sociedad conyugal. La iniciativa, que ya suma 14 años de tramitación, busca eliminar la facultad exclusiva del marido para administrar los bienes comunes del matrimonio.

Según datos del Registro Civil, un 53,7% de los matrimonios celebrados en la última década en Chile —más de 321 mil— se han realizado bajo este régimen, el que impide a las mujeres tomar decisiones patrimoniales sin la autorización del cónyuge.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, expuso ante la comisión parlamentaria los impactos cotidianos de esta normativa. “Vemos cómo mujeres rurales no pueden acceder a programas como la Ley de Riego porque necesitan permiso del marido; cómo muchas emprendedoras no pueden formalizar sus negocios; o cómo se obstaculizan procesos de reconstrucción por esta restricción legal”, explicó.

El proyecto propone mantener la sociedad conyugal como régimen por defecto al casarse, pero bajo una lógica distinta: establecer una administración compartida. Esto significa que ambos cónyuges podrán actuar de forma indistinta en trámites cotidianos, pero deberán firmar conjuntamente en decisiones mayores, como la venta de inmuebles.

La reforma surge de la fusión de dos mociones parlamentarias y un mensaje presidencial presentado en 2011. En 2023, el Ministerio de la Mujer impulsó nuevas indicaciones y urgencia, permitiendo que el debate avanzara tras años de estancamiento.

“Queremos alcanzar un acuerdo que garantice la igualdad en todos los ámbitos de la vida, y uno fundamental es el derecho de las mujeres a la administración y control de sus bienes”, afirmó la ministra Orellana.

De aprobarse, esta reforma será un paso significativo hacia la autonomía económica de las mujeres casadas y una corrección histórica en el marco legal que aún sostiene desigualdades patrimoniales en el país.


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