El Servicio de Impuestos Internos seleccionó a 33 contribuyentes cuyos pagos en cuentas extranjeras superan los $3,2 billones y no figuran en sus declaraciones de renta. Las auditorías determinarán eventuales obligaciones tributarias en Chile
Treinta y tres contribuyentes residentes en Chile deberán explicar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) operaciones financieras que superan los $3,2 billones y que no fueron incorporadas en sus declaraciones anuales de renta. El organismo seleccionó estos casos para auditorías destinadas a establecer el origen y tratamiento tributario de los pagos registrados en cuentas del extranjero, en una fiscalización que podría derivar en nuevas obligaciones impositivas.
La investigación se apoya en información bancaria y financiera intercambiada con 90 países, que permitió al SII identificar operaciones internacionales y contrastarlas con los antecedentes declarados en Chile. Los registros muestran que las cuentas vinculadas a contribuyentes nacionales acumulaban saldos por $38,8 billones a diciembre de 2024, frente a los $28,2 billones del año anterior.
El hallazgo coincide con la entrada en vigencia de la Ley de Reconstrucción Nacional y sus nuevas disposiciones tributarias, que contempla un régimen extraordinario para regularizar capitales mantenidos fuera del país. Aunque no existe una relación acreditada entre los contribuyentes fiscalizados y quienes podrían acogerse al mecanismo, ambos procesos sitúan las rentas extranjeras entre las materias prioritarias del control tributario.
El director del SII, Jorge Trujillo, defendió el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización internacional y afirmó que la institución utilizará los antecedentes obtenidos para identificar posibles incumplimientos. “Lo que nos interesa es que todos cumplan y paguen los impuestos que les corresponden, ni más, ni menos”, señaló, junto con destacar la utilización de tecnología, información internacional y facultades legales para garantizar una tributación equitativa.
Cuentas en 90 países y operaciones bajo revisión
Los antecedentes recibidos mediante el sistema internacional Common Reporting Standard (CRS) permitieron identificar a 144.388 titulares directos de cuentas extranjeras o indirectos mediante sociedades controladas fuera de Chile. Estos concentran pagos por aproximadamente $13 billones, equivalentes al 95,35% del total identificado en los registros analizados.
Suiza encabeza los países con mayores saldos vinculados a contribuyentes residentes en Chile, con $9,9 billones, seguida de Luxemburgo, con $7,8 billones, e Islas Caimán, con $4,3 billones. También aparecen Nueva Zelanda y Perú, ambos con montos superiores a los $2 billones. Estas cifras corresponden al conjunto de cuentas reportadas y no exclusivamente a los 33 casos seleccionados.
La subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, explicó que las alertas obtenidas mediante el cruce de datos “por sí solas no constituyen incumplimientos”. Su análisis debe considerar otras fuentes, la actividad económica y las participaciones societarias de cada contribuyente antes de determinar si existen rentas omitidas, planificación tributaria agresiva o evasión.
Durante la Operación Renta 2026, el Servicio también comunicó preventivamente a 8.700 contribuyentes la existencia de antecedentes financieros provenientes del extranjero, para que evaluaran su incorporación en las declaraciones correspondientes. Paralelamente, inició 15 auditorías a instituciones financieras, como parte de un programa que contempla revisar 70 entidades durante los próximos tres años.
Regularización de capitales y nuevas exigencias tributarias
La fiscalización coincide con un cambio relevante en la legislación. La Ley 21.850, publicada el 17 de octubre, contempla desde enero de 2027 un régimen extraordinario que permitirá regularizar bienes y rentas mantenidos en el extranjero mediante un impuesto único del 10%, reducible al 7% cuando los recursos ingresen al país y cumplan determinadas condiciones de inversión y permanencia durante cinco años.
El mecanismo estará disponible durante doce meses y busca incentivar la declaración de activos que no cumplieron oportunamente sus obligaciones tributarias. Su aplicación abre interrogantes sobre la recaudación efectiva, especialmente cuando el SII intensifica el intercambio de información y la detección de operaciones internacionales.
La discusión también se relaciona con las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre los riesgos de la Ley de Reconstrucción Nacional, formuladas durante su tramitación. Mientras el Gobierno busca incentivar la regularización de capitales, las auditorías deberán determinar cuánto de los $3,2 billones observados corresponde efectivamente a rentas sujetas a impuestos en Chile. Por ahora, el monto representa pagos financieros bajo revisión, no evasión tributaria acreditada.
