El Gobierno ingresó su plan económico con rebaja tributaria, incentivos al empleo y medidas proinversión, generando respaldo en sectores oficialistas y críticas de la oposición, que cuestiona su impacto fiscal y advierte efectos regresivos en un escenario de bajo crecimiento
El ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso abrió un nuevo eje de conflicto político en torno a la estrategia económica del Gobierno, en un escenario donde la reactivación económica se cruza con definiciones tributarias de alto impacto y donde el diseño del proyecto instala dudas sobre su alcance real.
El Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley bajo el boletín 18216-05, marcando el inicio formal de su tramitación legislativa. La iniciativa fue dada cuenta en Sala y derivada a la Comisión de Hacienda, además de las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo en lo pertinente, configurando el primer espacio institucional donde se ordenará el debate económico del proyecto y donde se definirá su viabilidad política inicial.
La decisión no es menor. Hacienda concentra la discusión de los aspectos tributarios y fiscales, en un proyecto que combina reconstrucción tras los incendios con un paquete económico más amplio, incluyendo incentivos a la inversión, empleo y una rebaja del impuesto corporativo.
Rebaja tributaria como eje del debate
El núcleo del proyecto está en la reducción gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23% hacia 2029, junto con la reintegración del sistema tributario. Estas medidas buscan estimular la inversión privada en un contexto de desaceleración económica y avanzar en la generación de empleo formal en el mediano plazo.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, defendió la iniciativa señalando que “este es un día histórico para Chile, porque ha ingresado un proyecto de ley que busca hacer profundas transformaciones en nuestro país”, agregando que “disminuir los impuestos que afectan la inversión también impacta el crecimiento y la creación de empleos”.
El proyecto también incorpora incentivos a la contratación, especialmente enfocados en pymes y trabajadores de menores ingresos, además de medidas para destrabar inversiones mediante la agilización de permisos ambientales y la reducción de plazos administrativos.
Presión fiscal y señales al mercado
El debate sobre la iniciativa se amplía hacia la sostenibilidad fiscal, en un contexto donde el Ejecutivo ha instalado un diagnóstico crítico sobre las cuentas públicas. En ese marco, García Ruminot advirtió que “llevamos 16 años con presupuestos deficitarios. La deuda pública ya llega a 155 mil millones de dólares y pagamos cerca de 4 mil millones de dólares solo en intereses. Chile no puede seguir por este camino”, reforzando la urgencia de las medidas.
El plan incluye, además, un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones y un mecanismo de repatriación de capitales, configurando una señal directa al mercado respecto de la estabilidad normativa en el largo plazo.
Apoyos y críticas: el choque político
En el Congreso, el proyecto inició su tramitación con respaldo de sectores oficialistas y del Partido de la Gente. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, sostuvo que “hoy es un día importante para la clase media. Hemos llegado a un acuerdo llamado Plan Alivio Clase Media”, agregando que “votaremos a favor la idea de legislar”.
Desde la UDI, la diputada Marlene Pérez reforzó el apoyo señalando que “hoy día debemos llegar a un acuerdo para sacar adelante un proyecto de reconstrucción tremendamente necesario, porque sin inversión no hay desarrollo, sin desarrollo no hay empleo”, subrayando la urgencia de la reactivación económica.
Las críticas se instalaron con fuerza desde la oposición. El diputado Daniel Manouchehri cuestionó el contenido del proyecto expuesto por el ministro de Hacienda, Rodrigo Quiroz, señalando que “el proyecto dice una cosa y hace otra, porque se presenta como reconstrucción nacional, pero de los treinta y tres artículos solo uno se refiere directamente a los afectados por los incendios, mientras el resto incluye rebajas tributarias, desregulación ambiental e invariabilidad por veinticinco años”, marcando una brecha entre el objetivo declarado y las medidas concretas del proyecto.
En la misma línea, el diputado Jaime Araya afirmó que “este proyecto busca bajar de 27 a 23% el impuesto a las grandes empresas”, calificando la medida como “un regalo de casi 4 mil millones de dólares a quienes más tienen”.
Desde el Frente Amplio, Constanza Martínez sostuvo que “aunque el proyecto se vista de reconstrucción, lo que queda es una reforma tributaria a medida de los más ricos”, mientras que la diputada Daniela Serrano afirmó que “este no es un proyecto de reconstrucción nacional, sino una reforma tributaria”, profundizando el cuestionamiento político al contenido de la iniciativa.
Un debate que define el rumbo económico
El proyecto abre un debate que trasciende la reconstrucción y se instala en el corazón de la política económica. Mientras el Ejecutivo apuesta por dinamizar la inversión mediante incentivos tributarios y regulatorios, la oposición advierte riesgos fiscales y cuestiona la distribución de sus beneficios.
La derivación a la Comisión de Hacienda marca el inicio de una tramitación donde la negociación política será determinante para el futuro del proyecto y donde el Congreso se transforma en el espacio clave para definir el equilibrio entre crecimiento, inversión y sostenibilidad fiscal.
