La iniciativa refuerza fiscalización, establece nuevas restricciones a infractores y endurece penas por agresiones, en medio de un sistema que aún enfrenta altos niveles de evasión y pérdidas millonarias que impactan la sostenibilidad del transporte público
El combate a la evasión en el transporte público volvió al centro del debate legislativo tras el despacho a tercer trámite del proyecto que busca fortalecer las herramientas de control y sanción, en una discusión que cruza seguridad, financiamiento y cultura cívica.
La iniciativa, analizada por las comisiones de Transportes y Hacienda, apunta a cerrar brechas en fiscalización y mejorar la efectividad del sistema sancionatorio, incorporando nuevas medidas frente al no pago de la tarifa y al uso indebido de beneficios tarifarios.
El diagnóstico es compartido. La evasión sigue siendo un problema estructural que afecta directamente la sostenibilidad del sistema, tanto en la capital como en regiones.
Multas, registro de infractores y nuevas herramientas de control
El proyecto introduce cambios relevantes en el funcionamiento del sistema. Se contemplan alternativas de pago, un nuevo procedimiento administrativo para el cobro de multas y el fortalecimiento del registro de infractores, agregando restricciones adicionales para quienes permanezcan en él.
A ello se suma un foco en la fiscalización. Se busca mejorar la eficacia del control sobre beneficios tarifarios y reducir el uso indebido, uno de los factores que incide en los niveles de evasión.
Durante el debate, además, se destacó la posibilidad de validar el pago mediante una tarifa recargada en caso de incumplimiento, como una herramienta para incentivar el cumplimiento inmediato.
Seguridad: el otro eje del proyecto
Más allá del pago del pasaje, la iniciativa incorpora un componente de seguridad que ha ido ganando peso en la discusión pública, especialmente ante el aumento de agresiones a conductores y fiscalizadores.
El texto endurece las sanciones en casos de lesiones y amenazas, reconociendo que la violencia en el transporte público se ha convertido en un problema creciente que afecta tanto a trabajadores como a usuarios.
Durante el debate, incluso se planteó la necesidad de avanzar en medidas adicionales, como cabinas de seguridad y sistemas de protección, aunque estas indicaciones no prosperaron en esta etapa.
Cifras que explican la urgencia del debate
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, puso cifras al problema, señalando que la evasión en Santiago alcanza un 35%, pese a una baja sostenida en los últimos dos años.
El impacto económico es significativo. Según la autoridad, esta situación genera un déficit que fluctúa entre 150 y 200 millones de dólares, lo que presiona la sostenibilidad financiera del sistema.
En términos prácticos, el fenómeno se traduce en una realidad concreta: de cada tres usuarios del sistema RED, uno no paga su pasaje, afectando la operación y la calidad del servicio.
Un consenso transversal, pero con desafíos pendientes
El proyecto fue valorado de manera transversal en el Senado, donde se coincidió en la necesidad de “enfrentar la cultura de la evasión” y reforzar el cumplimiento de la ley como base del sistema de transporte público.
En el debate también se instaló una mirada más amplia. Parlamentarios pusieron el foco en las realidades regionales, el transporte en zonas aisladas y rurales, y la necesidad de adaptar las medidas a distintos contextos territoriales.
Si bien existe consenso en la urgencia de avanzar, el desafío de fondo sigue siendo cultural, institucional y operativo, en un sistema donde la evasión no solo implica pérdidas económicas, sino también una señal sobre el cumplimiento de normas en el espacio público.
