Ejecutivo ingresó indicaciones para Sala Cuna Universal con implementación gradual y financiamiento vía seguro de cesantía, generando críticas de oposición y gremios parvularios
El Gobierno ingresó las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso al beneficio, eliminar restricciones históricas asociadas al tamaño de las empresas y fortalecer la participación laboral femenina.
La firma de las indicaciones fue encabezada por el Presidente Kast en el Patio de Las Camelias de La Moneda, junto al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.
Las indicaciones fueron elaboradas por una mesa interministerial liderada por el Ministerio del Trabajo y buscan reemplazar las limitaciones del actual artículo 203 del Código del Trabajo, vigente desde 1917, que condiciona el derecho a sala cuna a empresas con 20 o más trabajadoras.
Financiamiento vía seguro de cesantía
El punto central de la propuesta es su fórmula de financiamiento. El Ejecutivo plantea una cotización de 0,35% de cargo del empleador, destinada a un fondo de sala cuna, que será compensada con una reducción equivalente en la cotización que pagan los empleadores al seguro de cesantía.
Con ese diseño, el Gobierno sostiene que no habrá un aumento neto en los costos laborales. La propuesta también considera un aporte fiscal durante los primeros años de implementación y establece que, si los recursos del fondo resultan insuficientes, el Estado deberá cubrir la diferencia.
Durante la ceremonia, el Jefe de Estado defendió que las indicaciones fueron elaboradas bajo criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal. “Cuando un Gobierno decide mal son las personas las que pagan las consecuencias”, señaló, al advertir que las políticas públicas deben considerar sus efectos sobre el empleo.
El ministro Tomás Rau explicó que el escenario fiscal fue determinante en el diseño del proyecto. “No teníamos recursos nuevos disponibles, por eso diseñamos una solución que no carga a las empresas ni a los trabajadores con costos adicionales netos”, afirmó, al detallar que la cotización será compensada con una rebaja equivalente al seguro de cesantía.
Claves del proyecto de Sala Cuna Universal
| Eje de la propuesta | Qué plantea el Gobierno | Punto de debate |
|---|---|---|
| Financiamiento | Cotización de 0,35% de cargo del empleador, compensada con una reducción equivalente al seguro de cesantía. | Oposición pide revisar si el uso del seguro de cesantía puede afectar derechos laborales o la suficiencia del sistema. |
| Cobertura | Eliminar la restricción del artículo 203 del Código del Trabajo, que limita el beneficio a empresas con 20 o más trabajadoras. | El debate estará en cómo garantizar acceso efectivo y no solo ampliar el derecho en la ley. |
| Gradualidad | Implementación en cuatro años, incorporando primero a trabajadoras dependientes excluidas por el tamaño de la empresa. | Parlamentarios cuestionan similitudes con propuestas anteriores y los tiempos de aplicación. |
| Sustentabilidad | Creación de una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad para monitorear la viabilidad del sistema. | El Congreso deberá evaluar si el fondo proyectado será suficiente ante mayor demanda. |
| Fiscalización | Control del uso de recursos a cargo de la Superintendencia de Pensiones. | Se requiere claridad sobre mecanismos de control, transparencia y corrección de eventuales déficits. |
| Oferta educativa | Incorporación de prestadores públicos y privados para responder al aumento de cupos. | Gremios parvularios piden resguardar la perspectiva educativa y fortalecer a Junji, Integra y jardines VTF. |
Implementación gradual
La propuesta considera una implementación en cuatro años. En la primera etapa se incorporará a mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo que hoy no acceden al beneficio por desempeñarse en empresas con menos de 20 trabajadoras.
En el segundo año se sumarían mujeres trabajadoras independientes y trabajadoras de casa particular. En el tercer año se incorporarían padres trabajadores del sector privado e independientes, bajo condiciones asociadas a la situación laboral de la madre del niño o niña.
El cuarto año contempla la incorporación de padres trabajadores del sector público y otros grupos definidos por la propuesta. Con esta gradualidad, el Ejecutivo busca ampliar la cobertura sin generar una presión inmediata sobre el financiamiento del sistema.
Las indicaciones también incluyen la creación de una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad, encargada de monitorear la viabilidad del modelo, además de mecanismos de fiscalización y control a cargo de la Superintendencia de Pensiones.
Oposición cuestiona diseño financiero
Tras la presentación de las indicaciones, parlamentarios de oposición plantearon reparos al mecanismo de financiamiento y a la similitud de la propuesta con fórmulas discutidas durante la administración anterior.
El diputado Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Trabajo y militante del Partido Socialista, cuestionó que el Gobierno haya demorado el ingreso de indicaciones si, a su juicio, los contenidos centrales ya habían sido abordados previamente.
“¿Qué es lo nuevo? Estamos hablando de la misma gradualidad, el mismo soporte económico”, sostuvo Venegas, quien agregó que no se entiende por qué se aplazó la discusión si la propuesta mantiene elementos similares a los ya debatidos.
La diputada Gael Yeomans, del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Trabajo, expresó preocupación por el uso del seguro de cesantía como parte del financiamiento del proyecto y pidió revisar el detalle de las indicaciones antes de fijar una postura definitiva.
“Voy a revisar el detalle, no quiero dar una respuesta sin la información adecuada”, señaló Yeomans, aunque advirtió que le preocupa que el uso del seguro de cesantía pueda afectar derechos de los trabajadores o poner en duda la suficiencia financiera de la sala cuna.
Desde el oficialismo, el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, defendió la propuesta y aseguró que la diferencia con diseños anteriores está en la viabilidad financiera del beneficio.
“La gran diferencia de estas indicaciones es que garantiza el beneficio para las mujeres trabajadoras de Chile, pero de una manera financiable”, remarcó Ramírez, al destacar que el proyecto contempla respaldo fiscal si los recursos del fondo no alcanzan.
Gremios parvularios piden mayor participación
Las organizaciones de educación parvularia también reaccionaron al ingreso de las indicaciones. Dirigentas de Ajunji, Aprojunji y la Confederación Nacional VTF cuestionaron no haber sido incorporadas de manera suficiente en el diseño de la propuesta.
La presidenta de la Confederación Nacional VTF, Clarisa Seco Tapia, afirmó que los gremios no fueron convocados a participar de la discusión previa. “No hemos sido informadas, no hemos sido convocadas, no se nos ha preguntado ni solicitado alguna minuta de indicaciones”, sostuvo.
Desde Ajunji, su presidenta e integrante del Comité Central de la CUT, Silvia Silva, pidió que la reforma no pierda la perspectiva educativa ni reduzca el beneficio a una lógica de cuidado sin estándares pedagógicos.
“Este proyecto no puede venir a abrir la puerta al mercado para generar guarderías”, señaló Silva, al plantear que instituciones como Junji, Integra y los jardines VTF deberían tener un rol central en la implementación.
Uno de los puntos observados por los gremios es que las indicaciones no obligan a las empresas a contar con salas cuna propias. Consultado sobre cómo se garantizará la disponibilidad de cupos, el ministro Tomás Rau señaló que será necesario ampliar la red de prestadores.
“Necesitaremos también que más actores privados se vayan incorporando, no solo Junji, Integra, que por supuesto que son importantes para la red, pero también actores privados”, afirmó el secretario de Estado.
Debate continúa en el Congreso
El proyecto continuará ahora su tramitación legislativa con varios puntos abiertos: financiamiento, gradualidad, capacidad de la oferta, rol de instituciones públicas y privadas, y resguardos educativos para niños y niñas.
La iniciativa busca ampliar el derecho a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes, además de reducir una barrera que ha sido señalada como un obstáculo para la contratación femenina y la corresponsabilidad en cuidados.
La discusión en el Congreso deberá determinar si la fórmula de financiamiento vía seguro de cesantía entrega suficiente respaldo al sistema, si la gradualidad permite responder a la demanda proyectada y si la expansión del beneficio mantiene estándares educativos adecuados.
