El vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD analiza las rebajas de condena por delitos sexuales contra menores, identifica responsabilidades institucionales y cuestiona el cálculo político del Ejecutivo frente al impacto social sobre las víctimas
Por Daisy Castillo Triviños
La firma de 56 decretos de rebaja de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores abrió una controversia que alcanzó al Gobierno, al Congreso y al Poder Judicial. Para Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), las responsabilidades van más allá del ministro de Justicia, Fernando Rabat, aunque advierte que el Ejecutivo no dimensionó las consecuencias políticas de sus decisiones.
La discusión tiene una dimensión jurídica. La Ley 19.856 regula las reducciones de condena por comportamiento sobresaliente, mientras una reforma de 2022 incorporó nuevas exclusiones para determinados delitos sexuales contra menores. El Ministerio inicialmente rechazó solicitudes, pero posteriormente cambió de criterio tras fallos judiciales que cuestionaron la aplicación de esas restricciones a hechos anteriores a la reforma.
La controversia también ha golpeado la confianza ciudadana. Una encuesta Cadem reveló que el 75% desconfía de la capacidad del Estado para proteger a menores. En conversación con Poderyliderazgo.cl, Arellano aborda las responsabilidades de los tres poderes, el impacto sobre las víctimas y el costo político que enfrenta el Gobierno de José Antonio Kast.
Las contradicciones judiciales y la decisión del Ministerio
Dado el debate entre el criterio de la Corte Suprema sobre la irretroactividad de las leyes y la interpretación del Ejecutivo, ¿dónde estuvo la falla institucional para que se firmaran 56 decretos de rebaja de condena a personas condenadas por abuso o violación a menores antes de que se frenara el proceso?
Aquí hay que separar el debate. Uno es el aspecto técnico-jurídico y tú sabes bien que, efectivamente, la Corte Suprema ha tenido fallos dispares en esta materia, lo que entrega una complejidad adicional al análisis que debe hacer un ministro en razón de las decisiones que toma, porque quien finalmente determina la justicia, lo que corresponde o no corresponde, no ha tenido una visión única en cuanto al tema y, eso, hace que el Ministerio tenga una complejidad a la hora de tomar decisiones.
En este tipo de beneficios penitenciarios, ¿qué peso real tienen los informes de conducta y de reinserción social frente a la gravedad inherente de los delitos sexuales contra NNA? ¿Considera que el estándar de evaluación actual es suficiente para garantizar la no reincidencia y la protección de las víctimas?
Independiente de eso, tanto en el gobierno del presidente Piñera como en el gobierno del presidente Boric hubo una decisión política que era justamente determinar o entregar esta facultad en la Corte Suprema, de alguna u otra forma, liberándose de la responsabilidad política que implicaba la decisión de rebajar las sanciones a este tipo de delitos.
Yo creo que eso es muy importante de tener en consideración, porque aquí estamos hablando de un tipo de delito muy específico. En Chile, está muy regulado y muy legislado la forma, los mecanismos de cómo acceder a reducciones de penas. Hay una comisión, una cantidad de años, una serie de informes, como tú mencionabas y que, indudablemente, son elementos muy importantes a la hora de tomar la determinación.
Estamos hablando de un delito muy especial, muy específico, con un daño social brutal, que yo creo que implica una segunda reflexión y es el impacto en las víctimas, la revictimización de la víctima, el daño social.
Entonces, si bien los informes colaboran en la decisión que debe tomar el Ministerio, aquí falta ese elemento que no está presente en la ley y que, de alguna u otra forma, el presidente Kast y el ministro, Fernando Rabat han anunciado incorporarlo, que es zanjar la discusión en cuanto a la retroactividad o no, pero también incorporar justamente este elemento social de valorar o no el tipo de delito y la revictimización que pueden tener justamente los menores en relación al tema.
Tres poderes, responsabilidades distintas
El Ministerio de Justicia decidió suspender la tramitación de estas rebajas argumentando un ‘vacío legal’ y la necesidad de legislar con urgencia. Desde la perspectiva de la gestión y políticas públicas, ¿esta suspensión frena eficazmente el problema o expone al Estado a querellas/recursos por parte de las defensas de los internos, o incluso, a una Acusación Constitucional en contra del ministro de Justicia?
El Ministerio de Justicia sí debió suspender la tramitación. Te hablé sobre el vacío legal que creo que es importante verlo desde el punto de vista legislativo.
Esta controversia involucra tres elementos que, de alguna u otra forma, ratifican o reafirma la decisión o lo que vimos por parte del presidente Kast, porque esto es un problema de Estado y no de gobierno. ¿Por qué de Estado? Porque, efectivamente esto ha traspasado fronteras ideológicas en gobiernos diferentes, han tenido resoluciones distintas o similares, en el caso Piñera, en el caso Boric, pero aquí hubo tres poderes involucrados que, al mismo tiempo, fallaron.
¿El Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo?
Así es. El Poder Legislativo, con una reforma legal que no profundizó y no cerró los vacíos legales que había que cerrar para justamente evitar situaciones como las anteriores. Un Poder Judicial que tuvo disparidad en fallos en razón de la misma materia, en algunos casos dijo que había que acogerla, en otros casos dijo que no.
Un Poder Ejecutivo, me refiero al actual, que no sopesó el elemento político, el impacto que podía tener justamente el haber tomado esta determinación. Jurídicamente, uno la puede encontrar razonable, pero políticamente con un impacto muy brutal para lo que significa un gobierno que ha hecho la lucha de la delincuencia, la seguridad, una de las columnas fundamentales de su programa.
Entonces, aquí sin duda uno puede ver cómo tres elementos de Estado, de alguna u otra forma, no dimensionaron efectivamente el impacto que podía tener esto.
El desafío pendiente: responsabilidad política y protección de las víctimas
La controversia llevó al Ministerio de Justicia a suspender el 23 de octubre la tramitación de nuevos decretos y anunciar reformas para precisar las exclusiones, resolver el debate sobre su aplicación temporal y reforzar la participación de las víctimas. Las medidas propuestas deberán discutirse en el Congreso, mientras los beneficios ya concedidos plantean dificultades jurídicas diferentes.
El análisis de Arellano deja abierta una pregunta que trasciende a una administración: cómo compatibilizar el cumplimiento de la ley con la responsabilidad política y la protección de las víctimas. La revisión de estos beneficios, que también ha originado cuestionamientos por rebajas de condena vinculadas a crímenes de lesa humanidad, obliga a examinar cada régimen y sus consecuencias sin confundir delitos ni responsabilidades institucionales.
